Razón de estado fue elegir, desde un primer momento, preservar la salud de la gente antes que su bolsillo. La vida y no la economía a pesar de la prédica constante de los mercaderes.
Roberto Utrero Guerra / Especial para Con Nuestra América
Desde Mendoza, Argentina
Razón de estado fue elegir, desde un primer momento, preservar la salud de la gente antes que su bolsillo. La vida y no la economía a pesar de la prédica constante de los mercaderes.
Resulta hasta estúpido recordarlo, por eso hablamos del estado enfermizo de la razón; el deterioro progresivo del viejo sentido común que siempre nos recordaba al menos común de los sentidos, transformado en una extravagancia en épocas terraplanistas.
El culto ciego de fantasías necias. Esa razón oscura que llevó a salir en masa a manifestarse en el Obelisco porteño por la libertad, ante un virus libre que circula airadamente entre los manifestantes, algunos de los cuales lucían remeras con el rostro del dictador Videla. Allí, viejos hippies nostágicos se mezclaban con jóvenes histéricos que desafiaban cualquier medida proteccionista dispuestos a blandir las cacerolas para expresarse.
La usina mediática al servicio de las oligarquías al acecho, les prestan y arman el discurso cotidiano lavador de consciencias. Esperan que la imbecilidad germine y se escudan en la necesidad de los miserables que deben salir a buscar el pan que ellos mismos les negaron siempre, mucho más en la pandemia macrista que erosionaba la razón. Burla siniestra de esa minoría impune que hace oídos sordos a las manifestaciones populares y se ríe de las cotillas de las redes sociales, mientras ubica en paraísos fiscales el botín de los dólares fugados. Porque si de algo son conscientes, es que las ganancias se privatizan y se socializan las pérdidas, como lo hicieron desde la dictadura en adelante. Tienen decenas de tecnócratas que se repiten en cada crisis con idéntica estrategia sabiéndose intocables dentro de un blindaje jurídico que garantiza impunidad y los mantiene expectantes para una nueva ocasión. Conocen de sobra el círculo vicioso de la derecha y su modelo de acumulación basado en el endeudamiento y fuga de capitales.
Como muestra valgan las expresiones de Luis Etchevehere, ex ministro de Agricultura de Macri y ex presidente de la Sociedad Rural Argentina, entidad oligárquica emblemática si las hay en el país, quien en estos días salió a quejarse si se estatizaba al Grupo Vicentin, iríamos directamente a ser Venezuela. Sin detenerse un momento a observar la bloqueada realidad de ese país que se defiende como puede.
En esa dirección, desde hace tiempo ponen el grito en el cielo por supuestas expropiaciones, por la mal nombrada “reforma agraria” que no pasaría de ser un ensayo de huertas comunitarias para mejorar la nutrición de los que menos tienen y peor se alimentan y así comenzar a introducir el concepto de soberanía alimentaria en la base social.
Pero bue… es parte del juego opositor de esa pequeña minoría que no quiere el tratamiento al impuesto a la riqueza que afectaría a unos 11 mil ciudadanos o 30 mil, (según el monto de sus patrimonios se fije en 200 o 150 millones respectivamente) residentes en el país.
Esos mismos tratan armar una montaña de pretextos frente a decisiones gubernamentales de salvataje empresario. Ignoran lo que hace Alemania o Italia con sus empresas de bandera o estimulando una imposición a los que más tienen que genere recursos en la emergencia.
Nos se les cae la cara de vergüenza de representar un sector que genera alimentos para 400 millones y tiene sub alimentados a 20 millones de argentinos, principales víctimas del coronavirus.
Sin embargo, el cuestionado Grupo Vicentin se había declarado en default el año pasado, previo a contraer una deuda multimillonaria con el Banco Nación. En ese sentido, desde febrero están imputados en la causa Javier González Fraga, quien fuera su presidente y los empresarios actuantes por la presunta defraudación al Estado, lo que surgiría de informes elaborados por Claudio Lozano, uno de los actuales directores del Nación, que pusieron a la vista que la agroexportadora –principal aportante a la campaña de Juntos por el Cambio el año pasado– había recibido préstamos por 18.100 millones de pesos, por sobre los montos habilitados y obtenido un refinanciamiento sin haber cancelado sus deudas. Es más, 5.600 millones, es decir, un tercio del total de créditos fue recibido por Vicentin cuando Macri ya había perdido las elecciones. Pero el incumplimiento con los pagos fue casi simultáneo con las PASO y luego se declaró en situación de estrés financiero hasta pedir el concurso de acreedores. Sin embargo, entre 2015 y 2018 la empresa había dado un enorme salto en su facturación, hasta llegar a ser la primera en el rubro cerealero.
El presidente Fernández planteó en la reunión de este pasado jueves 11 de junio con directivos de Vicentin, que debían acatar el DNU que dispuso la intervención de la misma por 60 días, cuestión que se resolvió en ese mediodía.
El subinterventor Luciano Zarich, ingresó a la sede administrativa en la localidad de Avellaneda en Santa Fe, junto al escribano oficial Carlos Gaitán y directivos de la empresa, firmando el acta y rubricando el traspaso formal al que se habían resistido.
Asimismo, dado el liderazgo del grupo empresario en la exportación de cereales, desde el gobierno se pensaba que debía estar en manos del estado. Gesto determinante que salió al cruce cuando el empresario mendocino José Luis Manzano quiso intervenir a través de un fideicomiso de la empresa Carval que actúa en el rubro en varios países sudamericanos.
La picardía del ex ministro menemista era aprovechar la ausencia de inversores locales para acceder al manejo de dicha empresa. Fue determinante entonces la acción de los jefes de ambas cámaras del Congreso de la Nación, Cristina Fernández y Sergio Massa y los legisladores que acompañaron en el diseño del proyecto.
Es interesante recordar que Manzano, fue un modesto médico de Tupungato que recorría la provincia de Mendoza a bordo de un viejo citroen 2cv a comienzo de los ’80 del siglo pasado; luego fue diputado provincial, ministro del interior del menemato y luego socio de su comprovinciano Daniel Vilas, dueños del Grupo América y ambos declaraban un patrimonio en 2012 de 850 millones de dólares cada uno. Seguramente esa cifra haya sido superada desde entonces, pero no vamos a entrar en detalles.
Siempre el presidente habló de salvataje de la empresa aludida, teniendo en cuenta los miles de pequeños productores involucrados y los cientos de empleados de la cerealera, que siguen sin cobrar lo que se les adeuda.
Desde la dictadura en adelante si algo quedó claro fue un modelo de acumulación centrífugo. La extranjerización creciente de la economía y la ausencia de una burguesía nacional, se manifestó en el rol subalterno de los factores de la producción en el que la clase obrera llevó siempre las de perder.
El proyecto nacional encarado por el Frente de todos que nuclea a diversas expresiones políticas que coincidieron para enfrentar al gobierno anterior, no puede ignorar ese amplio espectro de intereses que hace lo imposible para mantener privilegios, incluso frente a la vida de las mayorías desposeídas. Lo absurdo, aberrante y hasta ridículo de sus planteamientos forman parte de la erosión constante con que define su acción política a veces abierta, pero la mayoría en los subsuelos en donde todo vale incluido el espionaje y el apriete.
Por el contrario, la discusión franca de los distintos puntos de vista en busca de consensos ha sido la característica de la actual gestión, lo que no impide confundir razones de estado con el estado enfermizo de la razón. Un tire y afloje entre el interés colectivo y el bolsillo de unos pocos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario