A pesar de las experiencias históricas, el FMI continúa atrayendo a los gobiernos conservadores de la región, también presionados por las elites empresariales que evitan así la afectación a sus intereses y a su riqueza, ya que, sin deudas externas, tendrían que adoptarse fuertes sistemas de impuestos directos internos.
La conferencia de Bretton Woods (BW, 1944) fue el punto de partida de la mundialización económica hegemonizada por EEUU. Allí nacieron el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF, conocido como Banco Mundial - BM), que concretaron dos áreas: la monetario-financiera y la relativa al desarrollo. Más difícil fue lograr un acuerdo en el campo comercial, aunque en 1947 entró en vigor el GATT (General Agreement on Tariffs and Trade), que funcionó de facto entre las partes contratantes durante cerca de medio siglo, aunque con carácter provisional y ocupándose exclusivamente del comercio de bienes. Su irregular funcionamiento condujo a la Ronda Uruguay (1986 a 1994), que dio origen a la Organización Mundial de Comercio (OMC, 1995), que acordó regulaciones obligatorias no solo de bienes, sino también de servicios y, además, sobre la propiedad intelectual.
A la época de fundación del FMI y a consecuencia de “La Gloriosa” revolución del 28 de mayo de 1944, gobernaba en Ecuador José María Velasco Ibarra; y como delegados oficiales a la reunión de BW participaron Esteban F. Carbo, Consejero Financiero de la Embajada del Ecuador en Washington y Sixto E. Durán Ballén, como Ministro Consejero, y quien fuera después presidente de Ecuador (1992-1996). Lo interesante del asunto es que la aprobación de los acuerdos sobre el FMI y el BIRF correspondió al Congreso Nacional Extraordinario y el Decreto (10/diciembre/1945) fue suscrito por Manuel Agustín Aguirre, como Vicepresidente Encargado de la Presidencia, y Pedro Jorge Vera, como Secretario (https://bit.ly/3gjhyDA). Vera fue un prestigioso literato marxista, y Aguirre, ex rector de la Universidad Central, fundó el Partido Socialista Revolucionario (PSRE, 1963).
Es singular el caso del FMI. Su primer historiador oficial fue Keith Horsefield, quien estudió los primeros 20 años de vida institucional. Le sucedió Margaret Garritsen de Vries, quien siguió los sesentas y setentas. Entre 1992 y 2012 el historiador oficial fue James Boughton, (PHD en Duke University), antes profesor en Indiana University y autor de varios libros que estudian al FMI en la época más crítica de sus actuaciones: los ochentas, noventas e inicios del nuevo milenio, cuando América Latina sufrió las imposiciones de las consignas monetaristas del Fondo y el decálogo del “Consenso de Washington” (WC, 1989). El estudio más conocido en América Latina es el de Oscar Ugarteche (investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, México) titulado Historia crítica del FMI. El gendarme de las finanzas (2016, https://bit.ly/2ZCgTqV), que amplió en su texto a la obra que, con igual título, publicó en 2009. Y hace poco apareció la Historia del Fondo Monetario Internacional (2019), de Pablo Martín-Aceña, historiador económico español de la Universidad de Alcalá.
El primer préstamo del FMI fue para Francia, en 1947, por US$ 25 millones. En las siguientes décadas crecieron los préstamos a varios países. Pero en los setentas hubo algunos cambios: en 1971 los EEUU abandonaron el “patrón oro”, en 1973 comenzó el crecimiento de los “petrodólares” y enseguida la presión de los gigantes monopolios bancarios privados para que los países latinoamericanos adquirieran fáciles y baratas deudas, que en 1982, con México a la cabeza, se volvieron impagables, cuando las tasas de interés se elevaron del 2% original al 20% (https://bit.ly/2L64L95).
Fue el momento decisivo para que el FMI ingresara en América Latina con préstamos salvadores para los sucesivos gobiernos, independientemente de la ideología política que cada uno proclamó a su tiempo. Las “cartas de intención” pasaron a ser los instrumentos para los cambios “estructurales” de la región, que, con el derrumbe del socialismo en el mundo y el triunfo de la globalización transnacional, abiertamente consolidaron el decálogo del WC. Entre 1983 y 2003 Ecuador suscribió 16 documentos con el FMI, que sirvieron para garantizar el pago de la deuda externa y la afirmación del modelo empresarial-neoliberal en la economía, que solo trajo buenos negocios, pero graves consecuencias sociales y laborales.
Supuestamente, el FMI había brindado una ayuda “técnica”. Pero en una entrevista, el mismo J. Boughton, reconoció que en la década de los noventa, cuando la institución fue cuestionada en Asia y América Latina por promover el WC, había sido incapaz de prever lo que ocurría, “porque no teníamos datos”; y agrega: “Una cosa que me llamó mucho la atención… fue que Stanley Fischer —uno de los macroeconomistas mejores y más reconocidos del mundo, y en aquel entonces Primer Subdirector Gerente del FMI— me dijo que cuando entró al FMI se sorprendió al ver que el personal técnico realmente no tenía ni por lejos la cantidad de información que él se había imaginado sobre lo que ocurría. Fischer pensaba que nosotros sabíamos todo, que había gente fuera que no sabía nada. Pero resultó que nadie sabía lo suficiente” (https://bit.ly/2X4HlYD).
Lo cierto es que, como lo demostró el estudio de Alexander E. Kentikelenis, Bernhard Reinsberg, Timon Forster, Thomas H. Stubbs y Lawrence P. King titulado How structural adjustment programs affect inequality: A disaggregated analysis of IMF conditionality, 1980–2014 (https://bit.ly/2TPH7nf), ninguno de los acuerdos con el FMI mejoró las economías en 135 países donde actuó la entidad, en los cuales se agravó la inequidad.
En América Latina la presencia del FMI de un lado ha “salvado” gobiernos, pero, de otro, ha motivado permanentes resistencias, como suele destacarse internacionalmente (https://bbc.in/2yB3hRP). Y, a pesar de las experiencias históricas, el FMI continúa atrayendo a los gobiernos conservadores de la región, también presionados por las elites empresariales que evitan así la afectación a sus intereses y a su riqueza, ya que, sin deudas externas, tendrían que adoptarse fuertes sistemas de impuestos directos internos.
Se suma a estas herencias inmediatas la inédita crisis provocada por la pandemia del coronavirus, que inexorablemente agrava las economías y sociedades latinoamericanas. Varios países han adelantado créditos con el FMI (https://bit.ly/2yI2wGG) y Ecuador no solo suscribió una carta en marzo de 2019 (https://bit.ly/2TKn3Sl), sino que ha adoptado varias medidas económicas no contempladas en el acuerdo y que afectan al empleo (https://bit.ly/3gBx91J). De modo que los condicionamientos del FMI sobre la región no plantean políticas distintas a las conocidas en el pasado.
Ante un panorama catastrófico, Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Cepal, no ha dudado en declarar: “Nosotros calculamos un desempleo de más de 12 millones de personas adicionales, de 8,1% a 8,5% de desempleo. Si no se toma ninguna medida, la pobreza aumentaría en forma dramática en la región: de 186 millones a 214 millones de personas. Y la pobreza extrema de 11% a 13,5% de la población, de 67 millones a 83 millones”; y añade: “En términos de desigualdad, también va a haber un incremento del coeficiente de Gini muy preocupante en países como Brasil, como Colombia, Argentina, Ecuador o México, que son países que ya de por sí vienen con una desventaja. Y es una región que había hecho un esfuerzo muy grande por sacar a la gente de la pobreza y habían ido avanzando en mejorar la movilidad social, y ahora tenemos un gran retroceso de nuevo, sobre todo entre los estratos medios y bajos de ingresos” (https://bit.ly/2XxUPLp).
Si ese es el panorama para América Latina, ¿por qué sigue siendo tan “atractivo” acudir a un FMI que ya no tiene las respuestas para un futuro distinto en la región?
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