Consuelo Ahumada / Para Con Nuestra América
La discusión del proyecto, radicado por el gobierno en septiembre pasado, avanzó en la Cámara de Representantes y fue aprobado en abril. Pero el 5 de junio, durante su tercer debate en la Comisión Primera del Senado, se produjo un polémico acuerdo con la oposición, mediante una enmienda que desvirtuaba por completo el sentido del proyecto.
Ante el rechazo del movimiento sindical y social liderado por Fecode, se rompió el acuerdo y se radicaron dos ponencias diferentes, una del gobierno y otra de la oposición. Sin embargo, dado el escaso tiempo restante para el debate y ante la eventualidad de que ganara esta última, la Federación convocó al magisterio a una exitosa movilización nacional para que se hundiera el proyecto.
¿Quiénes fueron los responsables de este golpe? En primer lugar, los representantes de Cambio Radical y del Centro Democrático, la derecha y la extrema derecha, que, como con todas las demás reformas del gobierno, buscaron sabotearlo y anteponer el negocio particular al beneficio colectivo.
Las sospechas arreciaron cuando sus figuras más representativas elogiaron la sensatez de la ministra por el acuerdo alcanzado.
En segundo lugar, la ministra de Educación y los senadores y senadoras de la coalición del gobierno en la Comisión Primera. Unos y otras evidenciaron su inexperiencia, desconocimiento de la histórica lucha del magisterio y del movimiento estudiantil por defender la educación pública y, en algunos casos, una cierta dosis de arrogancia y desprecio por el movimiento social.
Es cierto que un acuerdo nacional requiere negociación, pero esta no puede darse sobre la base de retroceder en importantes conquistas alcanzadas.
También es cierto que, en medio de tantísimas dificultades, para el gobierno era importante sacar adelante la reforma. Pero no podía hacerse a cualquier precio ni a espaldas de la comunidad educativa.
Regresemos al principio. El punto central del proyecto inicial era superar la concepción de la educación pública como servicio público y convertirla en derecho fundamental. A pesar de algunas deficiencias e inconsistencias, el texto inicial planteaba avances importantes en este sentido.
Pero lo que salió del acuerdo del senado fue otra cosa. Los puntos más controversiales introducidos atentan contra la defensa de la educación pública frente a los intereses privados, tan arraigados y poderosos durante las últimas décadas. Y esto es una línea roja, no un asunto menor ni de interpretación.
En la enmienda se utilizaba un lenguaje enredado y ambiguo que de manera abierta o encubierta abría todas las posibilidades para que el sector privado siguiera usufructuando los recursos públicos.
Algunos de los puntos de mayor disputa fueron: 1) eliminación del carácter obligatorio de los tres grados del preescolar; 2) promoción del llamado sector terciario, en menoscabo de la universidad pública y del Sena; 3) evaluación sanción de los maestros y maestras, con base en criterios ajenos al ejercicio docente, como el resultado de los estudiantes en las pruebas Saber.
Adicionalmente, se proponía la creación de los bonos escolares o “vouchers”, con lo que se habilitaba la privatización y mercantilización de la educación, bajo el pretexto de mejorar la calidad, tal como lo señaló Fecode.
Otro punto central era convertir la educación a un servicio público esencial,con lo cual se buscaba acabar con el derecho a la movilización pacífica, protegido por la Constitución.
Como en todos los otros servicios sociales, la estrategia neoliberal se ha centrado en privilegiar el subsidio a la demanda, lo que ha llevado al enriquecimiento del sector privado, en especial de sus universidades.
Acordes con ese modelo, los gobiernos de Santos y Duque pusieron en práctica los programas “Ser pilo paga” y “Generación E”, respectivamente, que fueron un fracaso. Se centraron en transferirles a las universidades privadas cuantiosos recursos desde el Estado. lo que sumió a las universidades públicas en una crisis financiera de fondo.
Pero el gobierno del Cambio ha planteado exactamente lo contrario: fortalecer la educación pública, financiarla y convertirla en un derecho fundamental.
En medio de la crisis desatada, Petro señaló: “el debate actual en el senado, es si se reconoce el papel central del erario y del Estado en la garantía del derecho universal a la educación o si el Congreso mantiene la política de las últimas décadas de llevar el dinero público como subsidio a las universidades privadas y dejar que la educación superior no sea un derecho sino un privilegio”.
Y agregó: “No es que queramos acabar la educación privada (…). Pero los recursos públicos se deben centrar en la educación pública para garantizar que la educación sea un derecho público universal. Apoyar intereses particulares y no la financiación del derecho universal es desconocer nuestra historia reciente, además de la Constitución”.
En efecto, durante varias décadas, el magisterio, liderado por Fecode, la comunidad educativa y el movimiento social han enfrentado el abandono en que ha sumido el Estado a la educación.
Y ahora un recuento personal. Me inicié en el mundo laboral como profesora de secundaria y dirigente sindical en Ciénaga de Oro, Córdoba, un territorio, como tantos, sumido históricamente en la desidia oficial y el conflicto armado. Conocí de primera mano esta realidad.
Allí la labor de liderazgo del magisterio frente a la defensa de la educación pública era y sigue siendo fundamental.
Tiempo después vendrían la lucha de la comunidad educativa contra los enormes recortes a las trasferencias territoriales establecidas por la Constitución, materializadas mediante los Actos Legislativos 01 de 2001 y 04 de 2007, durante los gobiernos de Pastrana y Uribe, respectivamente.
Más recientemente, el estallido social puso en primer plano la necesidad de defender y fortalecer la educación pública. La labor de maestros y maestras frente a la crisis de la pandemia fue fundamental.
Por ello, la comunidad educativa espera que se concrete un nuevo proyecto de ley estatutaria que responda a sus expectativas.
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