En el pasado, circulaban listas negras en las que era sindicado de “comunista” cualquiera que, con dos dedos de frente, hubiera asumido una posición crítica frente a la realidad que tiene a Guatemala con uno de los más bajos índices de desarrollo humano de América Latina. Estar en una de esas listas era equivalente a ser condenado a muerte. Hoy, una versión "agiornada" de tales listas vuelve a ponerse en el tapete.
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Rafael Cuevas Molina / Presidente AUNA-Costa Rica
rafaelcuevasmolina@hotmail.com
(Fotografía: La Fiscal General de Guatemala, Claudia Paz y Paz)
La cultura maya, la misma que en nuestros días es objeto de atención mediática porque supuestamente de ella parten premoniciones sobre el fin del mundo en el 2012, tiene una concepción circular del tiempo, distinta, por lo tanto, a la lineal que se tiene en la cultura occidental.
En efecto, mientras que los mayas representaban el transcurso del tiempo como una serpiente que se muerde la cola, lo que significa que la vida (individual y social) se mueve en ciclos que, no de forma idéntica pero sí esencialmente, se repiten, la cultura occidental ve el transcurrir temporal como una línea, con comienzo y final, en donde el inicio (o el pasado) se encuentra a la izquierda, y el final (o el futuro) se encuentra a la derecha.
Guatemala, junto al sureste mexicano (los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán) y el occidente de Honduras, ocupan actualmente el territorio en donde los mayas (históricos y contemporáneos) han habitado por más de 3000 años. Son ellos los que han sufrido, por lo menos en cuanto a nuestra memoria histórica alcanza a identificar, dos grandes holocaustos que los han impactado en todos los sentidos. El primero, lo constituyó la llegada de los europeos en el siglo XVI, proceso social que conocemos como de conquista y colonización; el segundo, la guerra librada en Guatemala, especialmente entre 1980 y 1990, en la cual el ejército cometió masacres, asesinatos y desplazamientos de población que pueden caracterizarse como crímenes de lesa humanidad.
Después de años de impunidad, en Guatemala se ha logrado, en los últimos años, la localización, juzgamiento y condena de algunos de los responsables de las atrocidades cometidas en lo que se conoce como el conflicto armado interno. Una característica que tiene el caso guatemalteco en relación a otros similares de América Latina, es que quienes han sido pasados a tribunales no son los grandes responsables, los cabecillas implementadores de tácticas y estrategias políticas y militares, que se encontraban en puestos relevantes del Estado o del ejército, sino los perpetradores directos, los instrumentos fácticos de los hechos.
Pero muy recientemente, también esta situación ha empezado a cambiar. Se les ha abierto expedientes judiciales a generales como Oscar Humberto Mejía Víctores y Efraín Ríos Mont, quienes fungieron como jefes de estado de facto en el período más cruento de la guerra, es decir, en la primera mitad de la década de los 80.
Y ha sido entonces cuando la derecha guatemalteca ha puesto el grito en el cielo y ha sacado a relucir todo el viejo arsenal que ha utilizado, de forma sistemática, desde que reasumió el poder político en 1954, cuando derrocó con la complicidad de los Estados Unidos al gobierno democrático de Jacobo Árbenz Guzmán.
Uno de los instrumentos de este viejo arsenal es el de la intimidación. En el pasado, por ejemplo, circulaban listas negras en las que era sindicado de “comunista” cualquiera que, con dos dedos de frente, hubiera asumido una posición crítica frente a la realidad que tiene a Guatemala con uno de los más bajos índices de desarrollo humano de América Latina. Estar en una de esas listas era equivalente a ser condenado a muerte por alguna de las muchas organizaciones paramilitares de extrema derecha que pululaban en el país.
Hoy, una versión agiornada de tales listas vuelve a ponerse en el tapete. Se trata de listados de personas a las que se acusa ante tribunales de haber participado en actos criminales perpetrados por organizaciones revolucionarias de izquierda en los años de la guerra. Tales listados no tienen otra función que el amedrentamiento porque carecen de pies ni cabeza desde el punto de vista jurídico: se sindica a personas que eran niños cuando sucedieron los hechos, a algunos que ya han muerto y otros que ni siquiera estaban en el país. Especial atención se pone en acusar a parientes de la Fiscal General, Claudia Paz y Paz, quien le ha insuflado energía y honestidad al cargo desde que fue nombrada el 10 de diciembre de 2010.
Ricardo Méndez Ruíz, quien recientemente presentara una de estas acusaciones, reconoció abiertamente en la prensa nacional, que su objetivo era amedrentar a la Fiscal. Ante la aseveración del periodista que lo entrevista, “Parece que el móvil es político”, Méndez responde: “Sí es un asunto político. Es contra la fiscal general, por el amor de Dios, a ella le estoy apuntando.“
Son las sombras del pasado que vuelven, es la serpiente que se muerde la cola.
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