Los custodios de la república y las instituciones, embarrando la cancha, intentan como en todas sus acciones negar lo evidente, siendo desmentidos desde siempre desde el fondo de la historia…
Roberto Utrero Guerra / Especial para Con Nuestra América
Desde Mendoza, Argentina
Desde la cómoda virtualidad, los miembros de la Suprema Corte autorizaron las clases presenciales en la CABA, dado el litigio entre lo ordenado por el Ejecutivo Nacional.
Apenas conocida la noticia, los medios hegemónicos salieron en sus programas centrales a defender la división de poderes y la democracia, criticando a la vicepresidenta por haberse expresado en contra de ésta decisión.
Los custodios de la república y las instituciones, embarrando la cancha, intentan como en todas sus acciones negar lo evidente, siendo desmentidos desde siempre desde el fondo de la historia; cabe recordar la Acordada de la Suprema Corte del 10 de septiembre de 1930, a escasos cuatro días del golpe del General José Félix Uriburu contra el gobierno constitucional de Hipólito Yrigoyen, en donde legitimaba al gobierno de facto.
En ese documento ponía de manifiesto la Doctrina de la revolución triunfante por sobre la Constitución que estaba obligada a vigilar; era una clara intervención política. Los integrantes eran José Figueroa Alcorta, Roberto Repetto, Ricardo Guido Lavalle y Antonio Sagarna; actuando como Procurador General de la Nación, Horacio Rodríguez Larreta, (tío abuelo, de su homónimo, el actual Jefe de Gobierno de la CABA)[1].
A partir de entonces, los numerosos golpes exitosos llevados a cabo durante el siglo XX: 1943, 1955, 1962, 1966 y 1976, estuvieron justificados por aquella acordada de la Suprema Corte.[2]
Finalmente, recuperada la democracia en 1983 y reformada la Constitución en 1994, se incorporó el primer párrafo del artículo 36, denominado “defensa de la democracia o del orden constitucional”.
Sin embargo, en los hechos, apegada al poder real desde siempre, supo desde la cima del complejo y entramado edificio judicial, proteger a sus miembros con beneficios propios de una casta privilegiada como las monarquías. Sus sueldos exorbitantes libres de impuestos e inmunidad, los elevan por sobre la ciudadanía en contradicción con los contenidos constitucionales que deben proteger.
Impartir justicia, intentar el recto obrar de dar a cada uno lo suyo, son parte de ese hipotético deber ser que finalmente deben cumplir personas de carne y hueso, felizmente imperfectas, con ideología y contradicciones como cualquier hijo de vecino, pero no tanto. Los supremos de la institución de más de siglo y medio, siempre gravitaron dentro del orden conservador que construyó el Estado moderno ligado a los intereses de la Pampa húmeda; por si las moscas, el 60% de los integrantes de la Corte se graduaron en la Universidad de Buenos Aires, el 22% en la Universidad Nacional de Córdoba, el 10% en la Universidad de La Plata y el 8% restante en otras. No seamos mal pensados, es pura coincidencia que el 92% se haya formado en la zona pampeana tan influenciada por el puerto de la Ciudad de las luces, la reina del Plata del país macrocéfalo.
Desde la burbuja en que transcurren sus días, es de suponer que le es difícil colocarse en la piel de aquellos sobre los que recaen sus disposiciones; hecho compartido por las autoridades capitalinas que solicitaron su intervención. Muchos de ellos, padres laburantes de villas inestables que no saben con quién dejar sus hijos si no van a la escuela y han pasado de todo. Docentes que no han sido vacunados ni han sido escuchado en sus reclamos salariales; sector tan castigado y agotado como los trabajadores de la salud que vienen recargados desde el primer día en que llegó el virus. Otro tanto los conductores de los medios de transporte, en su mayoría sin vacunas y con la obligatoriedad de llevar ventilados los vehículos con bajas temperatura. Todo un entramado social que está en el extremo de las condiciones de la suprema cúpula dirigencial que no sabe de estrecheces, que siempre dispuso de recursos y servidumbre. Difícil también que sus elevados criterios se hayan introducido en el temario de las discusiones llevadas a cabo por el Consejo Federal de Educación que acató la decisión del presidente, salvo dos ministros de las jurisdicciones de la CABA y Mendoza, bastiones opositores.
Por otro lado, dos de sus cinco miembros, el actual presidente de la Corte Carlos Rosenkrantz y Horacio Daniel Rosatti, fueron colocados por un DNU a cinco días asumido el gobierno de Mauricio Macri sin pasar por el Congreso, algo insólito desde el siglo XIX. Rosenkrantz fue duramente criticado por las organizaciones de derechos humanos por haber firmado el 2x1, computar dobles los días de prisión sin sentencia firme, de los condenados por delitos de lesa humanidad.
Ellos están protegidos del virus, como quien los nombró que ahora se encuentra en Miami, lejos de los desaguisados que dejó.
[1] Nota personal, no expuesta en el trabajo citado abajo.
[2] Marcelo H. Efron y Silvina C. Esperanza, Análisis de la Acordada de C.S.J.N. del 10 de septiembre de 1930. La convalidación de la interrupción ilegítima de un gobierno democrático. Revista Jurídica Electrónica, Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Lomas de Zamora.
No hay comentarios:
Publicar un comentario