El miércoles 28 de abril de 2021 comenzó en Colombia una protesta social contra el gobierno neoconservador del presidente Iván Duque. Hasta nuestros días la intensidad de la resistencia popular ha ido en constante aumento. La fuerza represiva de la administración del régimen represivo del mandatario colombiano no ha podido contener a la rebelión, por el contrario, parecería darle cada vez más insumos al estallido.
Adalberto Santana / Para Con Nuestra América
Desde Ciudad de México
Puede pensarse que desde 1948 cuando aconteció el llamado Bogotazo no se había gestado una enorme movilización social de la magnitud de aquellos tiempos. Traigamos a la memoria aquel 9 de abril de 1948, momento en que el caudillo liberal Jorge Eliecer Gaitán, era asesinado de tres disparos por un sicario de aquella época. El presidente colombiano en turno era el conservador Mariano Ospina Pérez. Las revueltas populares en aquellos tiempos se orientaron contra las instituciones del Estado y mostraban de manera muy semejante el descontento y el estallido social de nuestros tiempos.
El asesinato Gaitán acontecía en el mismo momento en que se reunían en Bogotá dirigentes estudiantiles procedentes de Cuba, Costa Rica, México, Panamá y Venezuela (entre ellos figuraba el joven Fidel Castro). El Congreso Latinoamericano de Estudiantes entre otros temas tenía como agenda protestar contra el intervencionismo estadounidense. Pero paralelamente también en la capital colombiana se llevaba a cabo la Conferencia Panamericana que, alentada por Washington, buscaba un acuerdo en contra de los comunistas y declararlos fuera de la ley. Era el antecedente inmediato de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que nacía al calor de la Guerra Fría.
Setenta y un años después del “Bogotazo”, Colombia vive uno de los momentos más álgidos de la protesta social, el detonante del estallido fue la reforma tributaria que impuso el presidente conservador Iván Duque. Sin embargo, se puede pensar que esa reforma fiscal únicamente derramó el vaso de agua que se encontraba a punto de derramarse. Si bien por su carácter neoliberal, la reforma afectaba a amplios sectores de las clases medias y afectaba con una mayor carga impositiva a los sectores populares. Los más beneficiados resultaban los grupos económicos y políticos dominantes en la sociedad. Esa disparidad fue finalmente la chispa que detonó las revueltas populares en toda Colombia que han durado más de medio mes. Las palabras del padre Camilo Torres (que ante la injusticia social se incorporó a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional en enero de 1966, cayendo en su primer combate), parecen proféticas cuando afirmaba: “El gobierno actual es tiránico porque no lo respalda sino el 20 por ciento de los electores y porque sus decisiones salen de las minorías privilegiadas” (“La lucha es larga, comencemos ya…”, Bogotá, 26 de agosto de 1965).
Recordemos que en la selecciones de 2018, Iván Duque, era el candidato de la ultraderecha colombiana. Atrás de él, estaba y sigue estando el ex presidente Álvaro Uribe dirigente de facto del Partido Centro Democrático e ideólogo y estratega de las derechas latinoamericanas. Pensamos que la ultraderecha colombiana, se inserta en la lógica de la política más abyecta y sumisa a lo que era el presidente estadounidense Donald Trump. Duque junto con Jair Bolsonaro (Brasil), Juan Orlando Hernández (Honduras) y Lenin Moreno (Ecuador), Sebastián Piñera (Chile) entre otros mandatarios latinoamericanos, son los mayores defensores del neoliberalismo en la región. La política de Duque, comandado por Álvaro Uribe Vélez, ha sido obstaculizar el avance del proceso de paz en un país desangrado por una guerra que lleva más de medio siglo. Sin duda la guerra en Colombia es conflicto militar más largo de la historia latinoamericana, incluso superó en su prolongación a la llamada Guerra de Castas que se gestó en la segunda mitad del siglo XIX en la península de Yucatán y que culminó en 1901. Hemos afirmado que estos escenarios de violencia son los que la ultraderecha colombiana y latinoamericana no quieren erradicar.
La represión del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) adscrito al Ministerio de Defensa, en la coyuntura actual colombiana, es el principal responsable directo de la represión contra los jóvenes, estudiantes, trabajadores, indígenas y otros sectores sociales que toman las calles en Colombia. En el momento actual de la protesta social, la Defensoría del Pueblo ha señalado que el número de manifestantes desaparecidos llega a 548 desde el mismo 28 de abril. En tanto que la ONG Temblores y el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), han afirmado que el número de asesinados suma a más de 47 personas durante los primeros 10 días de las protestas.
Sin duda puede pensarse que el escenario político y social colombiano se orienta por el rumbo de la guerras atizadas por el neoconservadurismo y la represión de las fuerzas uribistas. La alternativa del Comité Nacional del Paro ha sido tomar el camino de una política incluyente, por la vía del diálogo y del respeto a los grandes sectores sociales del pueblo colombiano. La derecha y la ultraderecha latinoamericana, por otro lado cierran filas con Duque. No quieren dar un respiro a los sectores más vulnerables. Colombia según el censo de 2018, cuenta con una población de más de 48 millones de personas, de los cuales más del 34% viven en la pobreza (más de 21 millones), según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). En el contexto de la pandemia, la pobreza extrema ascendió del 10,9% en 2019 al 14,3% en 2020 (más de 7 millones). Frente a ese panorama y los miles de asesinados por los grupos paramilitares desde la firma de los acuerdos de paz, el escenario se hace cada vez más intolerable. A eso se suma el crecimiento de las organizaciones del narcotráfico y del sicariato organizado, que es alentado por los grupos enquistados en el poder económico y político colombiano. Todo esta acumulación de contradicciones, muestra una mayor espiral de protestas que puede pensarse no cederán en el corto plazo. Complejo escenario que parece irreversible si la oligarquía colombiana no cede por primera vez. Ella tiene que aceptar la reducción de sus enormes ganancias económicas y hacer una distribución más incluyente de los ingresos a los más amplios sectores de las capas medias y populares de Colombia.
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