No es la primera vez que en Centroamérica un presidente anula la división de poderes y rompa el equilibrio de los pesos y contrapesos. Pero, podría ser la primera vez que un presidente lo asume con tanta naturalidad, arrogancia y, peor aún, popularidad.
Jaime Delgado Rojas / AUNA-Costa Rica
¡Bastaba más! A eso se llama, en lenguaje simple, el derecho a la no intervención en la forma más clásica como fue concebido desde el Siglo XVII en el derecho internacional. Sin embargo, este pretendido derecho ha estado sometido a múltiples debates y limitaciones, no solo a nivel global y hemisférico, mediante los compromisos pactados en el sistema de las naciones unidas y en el interamericano, sino a nivel centroamericano.
El autoritarismo en prácticas y retóricas han permeado los 200 años de historia republicana en el istmo, desde sus orígenes con la adhesión de la Capitanía General de Guatemala (de Chiapas a Costa Rica) al efímero Imperio de Iturbide y, luego, en el deterioro del sueño liberal decimonónico de la Federación Centroamericana. En cada uno de los 5 estados hubo dictadores de distinto estilo y apellido que se apegaron al derecho de consolidarse y legitimarse frente a los estados vecinos y la comunidad internacional. Mientras, en los idearios y esfuerzos de unidad e integración, desde 1824 hasta 1991 han proliferado las proclamas y encuentros amparados en el ideario liberal, de defensa de la democracia, el estado de derecho y el respeto a la soberanía de cada una de las partes. Eso es lo que se observa en el histórico Tratado de Paz, amistad, comercio y ex-tradición y convención consular entre las Repúblicas de Guatemala, Costa Rica, Honduras, Nicaragua y El Salvador de 1887 lo que fue reiterado desde entonces hasta el Protocolo al Tratado de Tegucigalpa de 1991.
Ese cometido político de construir un techo profundamente democrático que legitimara prácticas republicanas y fuera garantía y seguridad jurídica hacia los centroamericanos, se encuentran resguardados en los diferentes instrumentos del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), sobre todo, en el Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia heredera de la Corte de nombre similar de 1907. La Corte, de 1992, “representa la conciencia nacional de Centroamérica y se considera, además, depositaría y custodia de los valores que constituyen la nacionalidad centroamericana.” (art. 6) y limita, por su funcionamiento y atribuciones, la soberanía de los estados parte, pues sus resoluciones son cosa juzgada y de acatamiento.
La falencia de la CCJ es que solo está integrada por magistrados de tres países: Nicaragua, El Salvador y Honduras, cuyas naciones de origen carecen de un expediente de cumplimiento de los compromisos democráticos regionales. En Nicaragua se enfrentaron sus cuerpos legislativo y presidencial, prácticamente desde que inició su mandato Enrique Bolaños, en enero del 2002 y no faltó la invocación a la Corte para que dirimiera las diferencias, según su art. 22 inc. f; pero esa no fue una práctica aislada. Honduras, recordamos, sufrió un golpe de Estado y su presidente, Manuel Zelaya, fue enviado en pijamas a Costa Rica en el 2009. Desde entonces, los presidentes de esa nación hacen uso de procedimientos jurídicamente poco claros para perpetuarse en el ejercicio del poder, incluso con procedimientos similares a los que sirvieron de excusa para deponer al presidente Zelaya en el 2009; no es necesario agregar las acusaciones de narcotráfico a su clase política y los asesinatos a dirigentes ambientalistas. Guatemala ratificó el Estatuto de la Corte en el 2008, pero a la fecha no ha nombrado magistrados. En una oportunidad un político del país justificó esta renuencia al miedo de que, por crímenes y violaciones a los derechos humanos la Corte tuviese que encartar a muchos de ellos. Pero recordamos que en mayo de 1993 el Presidente Jorge Serrado Elías disolvió los otros poderes de la república para convocar a una Asamblea Constituyente; su intento fue repudiada popularmente y desembocó en su renuncia a una semana del autogolpe. Ahora fue en El Salvador donde la arrogancia presidencial, amparada en el apoyo popular hace incierta cualquier injerencia de los órganos regionales.
Si invocáramos a los otros s órganos regionales del Sistema, nos encontraríamos en un callejón sin salida: la Secretaría General del SICA, cuya sede está en San Salvador, pueda que esté muy limitada a intervenir si no cuenta con un mandato de la CCJ el que sería desoído por el arrogante presidente; el Parlamento Centroamericano, un espacio de encuentro diplomático de políticos residuales de los países integrantes, carece de toda atribución vinculante: su cometido no pasa de proclamas y resoluciones, sin mayor trascendencia en la región, cuando su cometido inicial consistía en constituirse en espacio de conciliación y hermanamientos de las diversas fuerzas políticas y propiciar la unión política y democrática de los países miembros: una ilusión forjada en los acuerdos de Esquipulas de 1987. Como puede observarse, la confesión democrática forma parte de la juridicidad regional, pero tiene serias limitaciones ante los autoritarismos nacionales entroncados en los aparatos estatales y sus instituciones nacionales.
De ahí que la explicación de lo hecho por el celestial presidente en su twiter del 3 de mayo de que la oposición de Nicaragua, Honduras o Venezuela podrían tener la legitimidad política para realizar, una vez en el poder, lo mismo que él ha hecho al destituir a la Corte y el Fiscal del antiguo régimen suena, a todas luces, como una orientación hacia sus iguales latinoamericanos, en el peor de los estilos populistas.
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