Durante los próximos
cuatro años, el gobierno de Obama tiene la oportunidad de reescribir el
prolongado y vergonzoso historial de EE.UU. en Latinoamérica y reemplazarlo por
otro basado en el respeto mutuo y la cooperación. O puede recurrir a tenebrosas
Fuerzas Especiales, subversión silenciosa e intolerancia. La decisión es
nuestra.
Conn Hallinan / Traducido de CounterPunch para Rebelion
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| La permanente presencia y amenaza militar de EE.UU: el legado de 190 años de la doctrina Monroe. |
El pasado mes de
diciembre marcó el 190 aniversario de la Doctrina Monroe, la declaración
política del presidente James Monroe que esencialmente convirtió Latinoamérica
en la reserva exclusiva de EE.UU. Y por si alguien tuviera alguna duda sobre lo
que era de importancia vital en esa Doctrina, que considere que desde 1843
EE.UU. ha intervenido en México, Argentina, Chile, Haití, Nicaragua, Panamá, Cuba,
Puerto Rico, Honduras, la República Dominicana, Guatemala, Costa Rica, El
Salvador, Uruguay, Granada, Bolivia, y Venezuela. En el caso de Nicaragua
nueve veces y en Honduras ocho.
Algunas veces la
intrusión no estuvo adornada de sutilezas diplomáticas: la infantería
estadounidense atacando el Castillo Chapultepec en las afueras de Ciudad de
México en 1847, marines persiguiendo a insurgentes en Centroamérica, “Black
Jack” Pershing persiguiendo a Pancho Villa por Chihuahua en 1916.
Otras veces la intervención
estuvo encubierta por las sombras, un soborno secreto, un gesto y un guiño a
algunos generales, o el estrangulamiento de una economía porque algún gobierno
tuvo la temeridad de proponer una reforma agraria o una redistribución de la
riqueza.
Durante 150, años la
historia de esta región, que se extiende por dos hemisferios y va desde la
tundra helada a desiertos ardientes y humeantes selvas tropicales, fue en gran
parte determinada por lo que sucedía en Washington. Como dijera una vez el
astuto dictador mexicano Porfirio Díaz, la gran tragedia de Latinoamérica es
que está tan lejos de Dios y tan cerca de EE.UU.
Pero la Latinoamérica
actual ya no es la misma que hace 20 años. Gobiernos de izquierda y
progresistas presiden la mayor parte de Suramérica. China ha reemplazado a
EE.UU. como el mayor socio comercial de la región, y Brasil, Argentina,
Uruguay, Paraguay y Venezuela se han unido en un mercado común, Mercosur, que
es el tercero del planeta. Otras cinco naciones son miembros asociados. La
Unión de Naciones Suramericanas [UNASUR] y la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y del Caribe [CELAC] han soslayado esa vieja reliquia de la
Guerra Fría, la Organización de Estados Americanos. La CELAC incluye a Cuba, pero
excluye a EE.UU. y Canadá.
A primera vista, la
Doctrina de Míster Monroe parece letra muerta.
Por eso las políticas del
gobierno de Obama hacia Latinoamérica son tan inquietantes. Después de décadas
de paz y desarrollo económico, ¿por qué está EE.UU. involucrado en un
importante refuerzo militar en la región? ¿Por qué Washington ha hecho la vista
gorda ante dos exitosos golpes, y un intento, en la región en los últimos tres
años? ¿Y por qué no se distancia Washington de las prácticas depredadoras de
los llamados “fondos buitres”, cuya codicia amenaza con desestabilizar la
economía argentina?
Como hace en África y
Asia, el gobierno de Obama militariza su política exterior en Latinoamérica.
Washington ha extendido una red de bases de Centroamérica a Argentina. Colombia
tiene ahora siete bases mayores y hay instalaciones militares de EE.UU. en
Honduras, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá y Belice. La nuevamente
reactivada Quinta Flota ronda por el Atlántico Sur. Hay marines en Guatemala
persiguiendo a narcotraficantes. Hay Fuerzas Especiales en Honduras y Colombia.
¿Cuáles son sus misiones? ¿Cuántos son? No sabemos gran cosa porque gran parte
de este despliegue es ocultado por el manto de la “seguridad nacional”.
El fortalecimiento
militar va combinado con una inquietante tolerancia hacia los golpes. Cuando
los militares y las elites hondureñas derrocaron al presidente Manuel Zelaya en
2009, en lugar de condenar su expulsión, el gobierno de Obama cabildeó –aunque
en gran parte sin éxito– para que las naciones latinoamericanas reconocieran el
gobierno instalado ilegalmente. La Casa Blanca también guardó silencio respecto
al intento de golpe contra el izquierdista Rafael Correa en Ecuador al año
siguiente y se ha negado a condenar el golpe “parlamentario” contra el
presidente progresista de Paraguay, Fernando Lugo, el llamado “Obispo Rojo”.
Sombríos recuerdos de
golpes organizados y apoyados por EE.UU. contra gobiernos en Brasil, Argentina,
Chile y Guatemala son difícilmente olvidados en el continente, como dejó claro
un reciente comentario del ministro de economía argentino Hernán Lorenzino.
Calificando de “colonialismo legal” un dictamen de una Corte de Apelaciones
estadounidense de que Buenos Aires debería pagar 1.300 millones de dólares en
daños a dos acreedores de “fondos buitres” el ministro dijo “Todo lo que
necesitamos ahora es que [el juez de la Corte de Apelaciones] Griesa nos mande
la Quinta Flota”.
Gran parte de este
reforzamiento militar tiene lugar tras la retórica de la guerra contra las
drogas, pero una mirada a la ubicación de bases en Colombia sugiere que la
protección de oleoductos tiene más que ver con el orden de batalla de las
Fuerzas Especiales de EE.UU. que con narcotraficantes. El Plan Colombia, que ya
ha costado cerca de 4.000 millones de dólares, fue concebido y cabildeado por la
compañía de petróleo y gas, Occidental Petroleum, con sede en Los Ángeles.
Colombia tiene
actualmente cinco millones de personas desplazadas, la mayor cantidad en el
mundo. También es un sitio muy peligroso si uno es sindicalista, a pesar de que
se supone que Bogotá ha instituido un Plan de Acción Laboral (PAL) como parte
del Acuerdo de Libre Comercio (ALC/FTA) con Washington. Pero desde que el
gobierno de Obama dijo que el gobierno de Colombia cumple con el PAL, la
realidad es que los ataques han aumentado. “Lo que pasó desde entonces [la
declaración de cumplimiento de EE.UU.] es un aumento en las represalias contra
casi todos los sindicatos y activistas sindicales que realmente creían en el
Plan de Acción Laboral”, dice Gimena Sánchez-Garzoli de la organización WOLA
[Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos]. Human Rights Watch llegó
a una conclusión semejante.
Una cantidad creciente de
dirigentes latinoamericanos llegan a la conclusión de que la guerra contra la
droga ha sido un desastre definitivo. Por lo menos 100.000 personas han muerto
o han desaparecido solo en México, y el narcotráfico corrompe gobiernos,
militares y fuerzas policiales desde Bolivia hasta la frontera de EE.UU. Y para
que no pensemos que se trata de un problema latinoamericano, varios agentes del
mantenimiento del orden de Texas fueron recientemente imputados por complicidad
en el movimiento de drogas de México a EE.UU.
El gobierno de Obama
debería sumarse al creciente coro de dirigentes regionales que han decidido
examinar el tema de la legalización y de desmilitarizar la guerra contra las
drogas. Recientes estudios muestran que hay un fuerte aumento de la violencia
una vez que los militares se hacen parte del conflicto y que, como han
demostrado Portugal y Australia, la legalización no conduce a un aumento en la
cantidad de adictos.
Una importante iniciativa
de EE.UU. en la región es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN/NAFTA), a pesar de que ha producido pobreza, desarticulación social e
incluso un aumento del narcotráfico. En su libro Drug War Mexico Peter Walt y
Roberto Zapeda señalan que la desregulación ha abierto puertas para los
traficantes, un peligro sobre el cual tanto el Servicio de Aduanas de EE.UU.
como la Administración de Cumplimiento de Leyes sobre las Drogas) (DEA)
advirtieron en 1993.
Al reducir o eliminar los
aranceles, el TLCAN ha inundado Latinoamérica de maíz barato subvencionado por
el gobierno de EE.UU. que ha llevado a la quiebra a millones de pequeños
agricultores, obligándolos a emigrar, a inundar las ciudades superpobladas del
país, o a dedicarse a la producción de cultivos más lucrativos, marihuana y
coca. Desde 1994, el año en que el TLCAN entró en vigor, hasta 2000, unos dos
millones de agricultores mexicanos abandonaron sus tierras y cientos de miles
de personas indocumentadas han emigrado a EE.UU. cada año.
Según la organización de
ayuda Oxfam, el TLC con Colombia llevará a una caída de 16% en el ingreso de
1,8 millones de agricultores y la pérdida de ingresos de entre 48 y 70% a unas
400.000 personas que trabajan en ese país por un salario mínimo mensual de
328,08 dólares.
El “libre comercio”
impide que los países emergentes protejan sus propias industrias y recursos, y
los enfrenta al poderío industrial de EE.UU. Ese campo de juego injusto lleva a
la pobreza de los latinoamericanos, pero a enormes beneficios para
corporaciones estadounidenses y algunas de las elites de la región.
La Casa Banca ha
continuado la satanización del presidente venezolano Hugo Chávez del gobierno de
Bush, a pesar del hecho de que Chávez ha sido elegido dos veces por grandes
mayorías, y que su gobierno ha dirigido una gran reducción de la pobreza. Según
las Naciones Unidas, la desigualdad en Venezuela es la más baja de
Latinoamérica, la pobreza ha sido reducida a la mitad, la extrema pobreza en un
70%. Es el tipo de cifras supuestamente glorificadas por el gobierno de Obama.
En cuanto a los ataques
de Chávez a EE.UU., es difícil culpar a los chavistas de un cierto grado de
paranoia, si se considera que EE.UU. apoyó el golpe de 2002 contra él, ha
enviado a Fuerzas Especiales y a la CIA a la vecina Colombia, y adopta una
actitud apática ante los golpes.
Washington debería
reconocer que Latinoamérica experimenta nuevos modelos políticos y económicos
en un intento de reducir la tradicional pobreza de la región, el subdesarrollo
y las divisiones crónicas entre ricos y pobres. En lugar de tratar de marginar
a dirigentes como Chávez, Correa, Evo Morales de Bolivia y Cristina Kirchner de
Argentina, el gobierno de Obama debería aceptar el hecho de que EE.UU. ya no es
el Coloso del Norte que siempre se puede salir con la suya. En todo caso, el
que está siendo marginado en la región es EE.UU., no sus oponentes.
En lugar de firmar leyes
estúpidas como la “"Ley para contrarrestar a Irán en el Hemisferio
Occidental" (increíble pero cierto), la Casa Blanca debería estar
cabildeando para que Brasil se convierta en miembro permanente del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas, terminar su ilegal e inmoral bloqueo de Cuba
y exigir que Gran Bretaña termine el apoyo a su colonia en las Islas Malvinas
(Falkland). La realidad es que Gran Bretaña no puede “poseer” tierras a casi
15.000 kilómetros de Londres solo porque tiene una armada superior. El
colonialismo se acabó.
Y aunque el gobierno no
puede intervenir directamente ante la Corte de Apelaciones de EE.UU. en la
actual disputa entre Argentina, Elliot Management y Aurelius Capital
Management, la Casa Blanca debe dejar claro que piensa que los esfuerzos de
esos los “fondos buitres” para beneficiarse de la crisis económica argentina de
2002 son despreciables. También existe el aspecto muy práctico de que si
“fondos buitres” obligan a Buenos Aires a pagar el valor total de las deudas
que ellos adquirieron por 15 centavos por dólar, amenazarán los esfuerzos de
países como Grecia, España, Irlanda y Portugal de encarar a sus acreedores.
Considerando que los bancos estadounidenses –incluidos los “buitres”– tuvieron
que ver con la creación de la crisis para comenzar, incumbe particularmente al
gobierno de EE.UU. que apoye al gobierno Kirchner en este asunto. Y si la
Quinta Flota participa, podría pensar en bombardear la sede de Elliot en las
Islas Caimán.
Después de siglos de
explotación colonial y dominación económica por parte de EE.UU. y Europa,
Latinoamérica está finalmente demostrando su verdadero valor. Se ha sobrepuesto
en gran parte a la recesión mundial de 2008 y los niveles de vida están
aumentando en general en toda la región, sobre todo drásticamente en los países
que Washington describe como “izquierdistas”. En la actualidad, los vínculos de
Latinoamérica son más con los BRICS —Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica—
que con EE.UU. y la región está forjando su propia agenda internacional. Existe
una oposición unánime al bloqueo de Cuba y, en 2010, Brasil y Turquía
presentaron lo que es probablemente la solución más sensata hasta la fecha para
acabar con la crisis nuclear de Irán.
Durante los próximos
cuatro años, el gobierno de Obama tiene la oportunidad de reescribir el
prolongado y vergonzoso historial de EE.UU. en Latinoamérica y reemplazarlo por
otro basado en el respeto mutuo y la cooperación. O puede recurrir a tenebrosas
Fuerzas Especiales, subversión silenciosa e intolerancia. La decisión es
nuestra.
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