Las elecciones
presidenciales que se realizarán el 17 de febrero de 2013 son ahora otra
ocasión para descubrir a quienes persisten en acabar con la Constitución de
2008.
Juan J. Paz y Miño Cepeda / El Telégrafo
En 2007, el 82% de
ciudadanos convocados al referéndum votó por la reunión de una Asamblea
Nacional Constituyente, que preparó la nueva Constitución que, sometida a otro
referéndum (28/Sep/2008), fue aprobada por el 64% de los ecuatorianos.
Ese proceso
constitucional es inédito en la historia del Ecuador. Y despertó la oposición
de los sectores sociales, políticos y empresariales que edificaron el “modelo
empresarial” de desarrollo que rigió entre 1982-2006, y que tan nefastas
consecuencias trajo a la vida económica, social e institucional del país.
La Constitución de 2008
ha incomodado siempre a esos grupos otrora dominantes, que desde 2007 fueron
desplazados del control del poder político. Apenas unas semanas atrás, uno de
los más altos directivos de la Asociación de Bancos Privados, al opinar sobre
el próximo proceso electoral, no tuvo empacho en recomendar que lo primero por
hacer en Ecuador es: “tirar abajo esa Constitución”.
Las elecciones presidenciales
que se realizarán el 17 de febrero de 2013 son ahora otra ocasión para
descubrir a quienes persisten en acabar con la Constitución de 2008. Cinco de
los ocho candidatos presidenciales coinciden en materia económica, aunque con
distintos discursos, en una serie de propuestas medulares: revertir el papel
regulador del Estado, restringir el gasto público, disminuir o eliminar
impuestos, promover la inversión privada, alentar la apertura comercial,
suscribir tratados comerciales, incentivar la inversión externa y cambiar el
“modelo” económico existente.
Esas propuestas atentan
contra la Constitución, porque ella obliga a un sistema de economía “social y
solidario”, con un Estado regulador e inversionista en obras y amplios
servicios sociales, sujeto a la planificación, con un régimen tributario
encaminado a la redistribución de la riqueza, busca la equidad, ordena la
democratización de los factores de producción, universaliza la seguridad
social, garantiza amplios derechos laborales, colectivos y comunitarios, etc.
No se entiende cómo
esos candidatos pretenden mejorar las condiciones de vida y trabajo en Ecuador
ahogando las inversiones estatales y suprimiendo impuestos.
El peligro es evidente:
se trata de retornar al viejo modelo empresarial, y lo que diga la actual
Constitución no importa.
De esta manera, en
lugar de plantear avances sobre la base de la Constitución, las derechas se
proponen revertir el actual proceso histórico que vive Ecuador.
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