La mayoría de los colombianos
en Venezuela no existían legalmente hasta la llegada de Chávez a la
presidencia, pues no estaban ni inscriptos en el registro civil y fue él quien
terminó con ese atropello y les propició adoptar la ciudadanía venezolana a
todos los que lo desearan, con plenos derechos políticos y a los programas
sociales bolivarianos, también al acceso de los refugiados.
Ángel Guerra Cabrera / LA JORNADA
Nadie se deje
impresionar por el rasgamiento de vestiduras de Bogotá contra Caracas
supuestamente para defender los derechos humanos de sus ciudadanos en
Venezuela, sonsonete amplificado por las corporaciones mediáticas.
El 29 de agosto el
presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó cerrar por 72 horas la frontera
común luego de que tres miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana
(FANB) fueron baleados y heridos. El hecho ocurrió en San Antonio del Táchira,
del lado venezolano, muy cerca de la ciudad colombiana de Cúcuta. El método de
los agresores responde al patrón empleado por los paramilitares del país
vecino.
Maduro también decretó
el estado de excepción en seis municipios del estado de Táchira, mientras
miembros de la FANB eran desplegados en el límite con Colombia, cerca del lugar
del ataque. El objetivo de estas y otras medidas tomadas por el gobierno
bolivariano es la defensa de la soberanía territorial y los derechos humanos
tanto de sus ciudadanos como de los 5 millones de colombianos residentes en
Venezuela. Entre ellos, 110 mil desplazados por el conflicto bélico en su país
según el informe de 2015 del órgano de la ONU para los refugiados, el cual ha
reconocido siempre la actitud solidaria de Venezuela con aquellos.
La mayoría de los colombianos
en Venezuela no existían legalmente hasta la llegada de Chávez a la
presidencia, pues no estaban ni inscriptos en el registro civil y fue él quien
terminó con ese atropello y les propició adoptar la ciudadanía venezolana a
todos los que lo desearan, con plenos derechos políticos y a los programas
sociales bolivarianos, también al acceso de los refugiados.
En la frontera
colombo-venezolana de 2219 kilómetros de extensión campea un gigantesco
contrabando hacia Colombia de productos subvencionados de la canasta básica y
gasolina venezolanos, que luego son revendidos en el país vecino a precios
superiores pero por debajo de los del mercado colombiano. Encima, el tráfico de
millones de bolívares con destino a los especuladores que los usan para comprar
en Venezuela a precios subvencionados y luego revender más caro en Colombia.
La presencia creciente
en Venezuela de paramilitares colombianos es clave para entender lo que pasa.
Estos, desde el mandato de Chávez eran usados como carne de cañón contrarrevolucionaria
por la derecha venezolana y la CIA con el aliento del entonces presidente
Álvaro Uribe, que sigue en lo mismo. Esta situación ha llegado al extremo de
que los paramilitares colombianos se están apoderando de las redes criminales
del vecino a la vez que actúan como sicarios para la oposición venezolana.
Frente a esto, el gobierno colombiano peca unas veces por omisión y otras por
comisión.
El reciente ataque a
los militares venezolanos fue la gota que colmó la paciencia de Maduro. Hasta
ahora Caracas exponía esta situación en las periódicas reuniones y contactos de
alto nivel con Bogotá y a través de los canales diplomáticos. A la vez, llegado
un momento comenzó a desplegar operaciones de limpieza de la FANB contra los
paramilitares y, junto a otros órganos del gobierno, contra el desenfrenado
contrabando pero con el inconveniente de hacerlo a lo largo de una frontera de
selva y montaña sin la menor cooperación colombiana. El mandatario venezolano
se había abstenido hasta ahora de tomar medidas drásticas en aras de mantener
una convivencia civilizada con el país vecino y de evitar el estallido de un
conflicto armado que podría derivar en una tragedia no sólo para los dos
pueblos hermanos sino para América Latina y el Caribe y dar un rudo golpe a los
procesos de unidad e integración regional.
El gobierno de
Colombia, nunca, salvo raras excepciones, ha prestado atención al territorio
aledaño a su larga frontera desde los tiempos de la independencia. A lo largo
de 6301 kilómetros limita, además de con Venezuela, con Brasil, Perú, Ecuador y
Panamá.
Se trata de un área en
abandono económico, social, educacional, de salud, vivienda y asistencia
social, según confirman datos del Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo y las propias estadísticas oficiales colombianas.
La única solución
sensata posible a este diferendo es mediante el diálogo constructivo y cordial
entre las partes con el acompañamiento de Unasur. Pero para ello el gobierno
del presidente Juan Manuel Santos debe cesar la retórica antivenezolana y
reconocer su responsabilidad en el desbordamiento del conflicto interno hacia
Venezuela, con las consecuencias ya explicadas.
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