El
desafío que ahora enfrentan los gobiernos de nueva izquierda es cómo preservar
los logros sociales, a fin de no claudicar su misión política. Y la única vía
posible, sobre las bases históricas del pasado, es mantener la inversión social
y aprovechar la oportunidad para profundizar en la redistribución de la
riqueza, que sin duda implica afectar más a quienes concentran esa riqueza.
Juan J. Paz y Miño Cepeda /
El Telégrafo (Ecuador)
Las
crisis económicas son cíclicas en la historia contemporánea. Algunas han
merecido particulares estudios. Antes de la famosa ‘crisis de los años 30’, las
soluciones confiaban en políticas de mercados libres. Sin embargo, el New Deal
de Franklin D. Roosevelt (1933-1945), con el que se atendió esta crisis,
inauguró una serie de políticas que marcaron otro tratamiento: intervención a
los bancos, regulación de actividades empresariales, aportes extraordinarios de
los empresarios, inversiones estatales en obras públicas, empleos forzosos,
subsidios, sanción por despidos, pensiones por desempleo, salud y jubilación,
impuestos especiales, incremento del impuesto sobre las rentas, impuesto a las
herencias y donaciones, elevación de salarios, protección a sindicatos.
Roosevelt impuso un esquema de redistribución de la riqueza. La crisis fue
superada y Roosevelt reelegido como Presidente de EE.UU. por tres ocasiones.
El
derrumbe del bloque soviético, que dio fin al sistema socialista, tuvo un grave
impacto sobre Cuba, que debió entrar en un ‘período especial’ (1992-1996)
caracterizado por una crisis económica sin precedentes. El país debió tomar una
serie de medidas, pero nunca abandonó las inversiones sociales que permitieron
a los cubanos seguir contando con medicina y educación públicas, gratuitas y
universales, ni se restringieron las inversiones en los campos culturales y
deportivos, algo que la Cepal destacó a su debido tiempo.
Sin
embargo, la ‘crisis de la deuda externa’ en América Latina, iniciada en 1982,
fue atendida con otros criterios: reducción del gasto público, recorte de
inversiones sociales, achicamiento del Estado, privatización de obras y
servicios públicos, reducción de impuestos directos y expansión del IVA,
aliento a las actividades privadas, apertura de mercados, contención de
salarios, flexibilización del trabajo. Ecuador siguió igual camino, de modo que
entre 1982 y 2006 los sucesivos gobiernos (exceptuando muy relativamente el
período 1988-1992) privilegiaron los intereses empresariales, marginaron las
políticas sociales, las inversiones estatales y las regulaciones del Estado
sobre la economía, y exigieron el ‘sacrificio de todos’. Pero la riqueza se
concentró como en ninguna otra época anterior, al mismo tiempo que cayeron las
condiciones de vida y de trabajo de la población.
América
Latina afronta hoy una coyuntura crítica sobre las economías. Brasil, Chile,
Colombia, México y también Ecuador, empiezan por recortes al gasto público.
Caen precios de exportaciones. Se esperan las medidas que puedan tomar
Argentina o Venezuela. Y las derechas claman por recortes estales y fomento a
las actividades privadas.
Pero
el desafío que ahora enfrentan los gobiernos de nueva izquierda es cómo
preservar los logros sociales, a fin de no claudicar su misión política. Y la
única vía posible, sobre las bases históricas del pasado, es mantener la
inversión social y aprovechar la oportunidad para profundizar en la
redistribución de la riqueza, que sin duda implica afectar más a quienes
concentran esa riqueza.
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