Ante la ausencia de una visión de largo plazo, se ha impuesto una concepción de mercado extremadamente instrumental, que ha desprovisto al estudiante del concepto de cultura y de la formación humanista que toda educación conlleva.
Enoch Adames M. / Para Con Nuestra América
Desde Ciudad Panamá
El modelo se inaugura en nuestro país con la privatización de todas las empresas estatales—palancas de desarrollo del régimen torrijista—; y si había alguna duda de qué se trataba este cambio a una economía de mercado, la acción ideológicamente orientada del segundo gobierno post invasión, despojará al estado de su principal instrumento de planificación: el Ministerio de Planificación y Política Económica es transformado en el Ministerio de Economía y Finanzas. Las acciones de todos los ulteriores gobiernos profundizarán la lógica de mercado por medio de políticas neoliberales, hasta el sol de hoy. La pandemia hará visible el resultado de treinta años de política neoliberal, donde la economía panameña en el período 1997-2017 creció a tasas anuales promedio del 6%.
Treinta años después
Un informe del BID (2019), “La desigualdad de Panamá: su carácter territorial y el papel de la inversión pública”, caracteriza la desigualdad social en Panamá de asimétrica y combinada. El estudio manifiesta: “lo que diferencia a Panamá no es la desigualdad que existe al interior de cada provincia, sino las diferencias entre ellas. Estos desequilibrios territoriales no solo son muy grandes, sino que, además, han ido en aumento”. Desde este eje de desigualdad, el Covid-19 puso en vitrina a una sociedad profundamente fracturada, en lo social y en lo regional.
Antes del Covid-19, un poco más de los dos tercios de los empleados de la sociedad panameña— aproximadamente el 70% de la estructura salarial— tenían como límite superior B/. 800.oo; hacia abajo, el 51% de los empleados del país mantenían ingresos con un límite superior de hasta los B/. 600.00 balboas; y más abajo, un 20% aproximadamente por debajo del salario mínimo, en la condición infrahumana. La pandemia ha profundizado esta estructura de desigualdad salarial, ahondando la exclusión económica y la marginación social.
Para agosto del 2019, la precariedad laboral y el desempleo cubría a un total de 951,385 panameños, el 46.0 % de la PEA. Hoy, el número de trabajadores en condición de precariedad se podría elevar hasta el 60.0% de la PEA, afectando a cerca de 1.24 millones de trabajadores y trabajadoras (J. Jované). Ser uno de los países mas desiguales de América Latina, es el resultado de este crecimiento económico sin desarrollo.
Los niveles educativos en el mercado
Las exigencias formativas educativas reflejan las distorsiones de una “economía transitista”, cuyas demandas organizativas (tipo de educación), comerciales (tipo de trabajo) y sociales (tipo de sociedad) especializan la economía en un modelo de concentración y exclusión.
Las categorías empresariales con mayor proporción de universitarios pertenecen al sector terciario, esto es comercio y servicios: organizaciones y órganos extraterritoriales (100%), enseñanza (73%), intermediación financiera (70%), actividades de servicios sociales y de salud (55%), administración pública (49%) y actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (47%).
En lo que se refiere al personal ocupado con mayor participación con nivel educativo de estudios secundario, comparten créditos actividades del sector terciario como productivas (sector secundario): construcción (58%), comercio (57%), otras actividades comunitarias y de servicios (57%), hoteles y restaurantes (57%), transporte, almacenamiento y comunicaciones (55%), industria manufacturera (50%), hogares privados con servicio doméstico (49%) y explotación de minas y canteras (49%).
Por último, las categorías que poseen una mayor participación de ocupados con un nivel primario de instrucción son: explotación de minas y canteras (40%), hogares privados con servicio doméstico (36%), construcción (25%), industria manufacturera (24%) y hoteles y restaurantes (19%) (2019 SENACYT, con base a datos de INEC)
Por una sociedad del conocimiento
La educación es una institución, tanto en su forma jurídica como cultural. La Constitución de la República (Capitulo 5° sobre la Educación) establece, entre muchas consideraciones, “el derecho a la educación y la responsabilidad de educarse” bajo la responsabilidad del Estado. Sin embargo, la educación pública es una institucionalidad sin proyecto. Su nula articulación a un proyecto nacional de largo plazo y su complacencia con las exigencias de la coyuntura y del mercado la han despojado de trascendencia.
Ante la ausencia de una visión de largo plazo, se ha impuesto una concepción de mercado extremadamente instrumental, que ha desprovisto al estudiante del concepto de cultura y de la formación humanista que toda educación conlleva. Se ha enfatizado de mala manera “el hacer” y no el “saber hacer crítico reflexivo”. La eficiencia histórico social de la educación, no dependerá tanto de las atribuciones formales que se le asigne, como de la articulación que se establecen entre ésta y el desarrollo del país. Una educación sin proyecto de sociedad es incapaz de producir técnicos y profesionales de calidad.
Con todo, hay aceptación en el debate ciudadano que la educación y de los recursos humanos constituyen un tema prioritario de carácter nacional. También sobre la importancia del aspecto institucional de la educación y en ella, los necesarios acuerdos sociales y políticos orientados a producir dicho cambio institucional.
Sin embargo, no queda claro en algunos sectores—especialmente aquellos abogan por una liberalización del “mercado profesional”—, que la transformación institucional en la educación solo adquiere trascendencia política y cultural, cuando ella crea valor agregado al trabajo y a las profesiones, en vínculo con una estrategia nacional de desarrollo; con una estrategia orientada hacia la construcción de una sociedad basada en el conocimiento.
La educación como eje de transformación.
La pertinencia estratégica de la educación, base de su transformación institucional, debe estar diseñada a satisfacer dos objetivos orientadores, ciudadanía integral y competitividad internacional (F. Fajnzylber).
Primero, forjando una ciudadanía integral, definida en términos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: desarrollo humano integral, tanto en el mundo del trabajo como en la familia. Este desarrollo social, cultural y político en relación con la cohesión social del país, se orientan con códigos de pertenencia, participación plural, sistemática, e información en el mundo de la política. Es decir, a través de una ciudadanía plena y participativa.
Segundo, la competitividad debe ser entendida como auténtica. Ella “es la principal fuente de mejora en los niveles de productividad laboral, aquella que permite una mayor inserción en los mercados internacionales de productos con elevado contenido tecnológico y significativo valor agregado local”.
Es lo que podríamos denominar articulación productiva a través de cadenas de valor. Concepción que asegura una inserción en el proceso de desarrollo regional y nacional, a partir de distintos niveles de desempeño de las fuerzas productivas.
Por último, la estrategia de desarrollo en una etapa de transformación productiva debe articular como idea-fuerza central el círculo virtuoso del desarrollo que articula en sinergia, “educación-progreso técnico-competitividad-equidad”.
El autor es Sociólogo. Docente e Investigador de la Universidad de Panamá
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