Costa Rica: Ley de Empleo Público y Estado Social de Derecho

 Desde el Poder Ejecutivo y con el apoyo de la Asamblea Legislativa, se ha venido impulsando una agenda de profundización que va a contramano de lo que en todas partes se muestra como enseñanza de la coyuntura que hemos vivido en el mundo: que hay que reforzar los sistemas públicos que venían siendo desmantelados…

Rafael Cuevas Molina/ Presidente AUNA- Costa Rica

Como lo dejan claro los colaboradores que nos honran con su participación en este número especial de Con Nuestra América, dedicado a difundir opiniones autorizadas en torno a la incidencia de la Ley del Empleo Público en las universidades públicas de Costa Rica, incluir a las universidades en este proyecto constituye una flagrante violación a la Constitución de la República, y un paso atrás (otro más) en el redimensionamiento estatal que, de forma paulatina pero segura, ha venido limitando el Estado Social de Derecho que  le ha dado su especificidad al país en el concierto de las naciones.

 

Durante mucho tiempo se difundió el mito según el cual las clases dominantes costarricenses se caracterizaban por “su inteligencia”, en la medida en que habían sabido ceder privilegios en aras de una convivencia pacífica que les aseguraba estabilidad para sus negocios. En otros países de Centroamérica, en los que la explotación de la fuerza de trabajo es despiadada, al punto de remitir a formas incluso semi coloniales, sus clases dominantes acusaban a los empresarios ticos casi de ser “izquierdistas” (por no utilizar otros epítetos propios de la Guerra Fría). Sin embargo, lo que hemos podido ver desde la década de los ochenta, cuando se inauguró en el país la era de las reformas estructurales de carácter neoliberal, es que estos señores lo que menos tenían era inteligencia, sino que, más bien, se encontraban contenidos porque las circunstancias políticas no les eran favorables.

 

Pero en cuanto esas condiciones variaron, no vacilaron en iniciar una ofensiva que ha llevado años, en las que no vacilaron en querer desplazar al Estado de aquellos nichos en los que veían que sus negocios podían prosperar, y en buscar la forma de evadir sus obligaciones de todo tipo, desde los aportes que por ley deben hacer para mantener el sistema de seguridad social, las pensiones de los trabajadores, hasta el salario mínimo, del cual un conspicuo representante suyo que actualmente forma parte del gobierno muy cercanamente al presidente de la república, considera que es demasiado alto. 

 

A pesar de que amplias capas de la población costarricense han sabido defender las instituciones y las leyes que estos sectores se empeñan en borrar, la inmensa campaña que han llevado a cabo por todos los medios durante todos estos años también ha hecho mella. En esta campaña, que no vacilaríamos en caracterizar como de desinformación, el Estado, los empleados y la institucionalidad públicos son presentados como los únicos causantes del descalabro financiero en el que se encuentra el país. Todas las baterías de los medios de comunicación se enfilan contra ellos un día sí y otro también, haciendo equivalencia entre corrupción, ineficiencia y desidia con servicio público.

 

Grupos políticos afines a tales posiciones, que han sabido pescar en río revuelto, no han vacilado en utilizar el momento histórico que vivimos por causa de la pandemia para profundizar ese proceso. Desde el Poder Ejecutivo y con el apoyo de la Asamblea Legislativa, se ha venido impulsando una agenda de profundización que va a contramano de lo que en todas partes se muestra como enseñanza de la coyuntura que hemos vivido en el mundo: que hay que reforzar los sistemas públicos que venían siendo desmantelados, que esa es la única garantía real para que se atenúen o detengan las tendencias más nefastas que han llevado a que Costa Rica sea uno de los países del continente en el que la desigual más crece.

Hemos visto cómo en esta Centroamérica famélica y violenta se presentan fenómenos como las llamadas caravanas de migrantes, enormes contingentes de gente que no tiene más alternativa que abandonar sus lugares de origen, desesperados, para ver si en algún otro país encuentran condiciones mínimas para la vida. En Costa Rica, el rumbo alarmante que está tomando el país apunta en esa dirección. Se trata de un proceso de “centroamericanización”, en el más negativo sentido de la palabra, que esta ley que hoy nos ocupa viene a reforzar. 

 

Ojalá y el día de mañana no estemos llorando las consecuencias de todos estos desmanes pensados y ejecutados por irreflexivos al servicio, lo quieran o no, de intereses particulares de los otrora caracterizados como “inteligentes”.