Utopía neoliberal; distopía de nación: la reforma al empleo público costarricense

 Salir de la crisis actual, que es la conjunción de una serie de crisis acentuadas una sobre otra desde hace lustros, involucra un nuevo pacto social. 

David Díaz Arias / Especial para Con Nuestra América

Desde hace décadas, una parte de la prensa nacional costarricense ha contribuido a tejer una imagen del trabajador público como torpe, vago y negligente. En el 2014, en el contexto de ruptura con el bipartidismo tradicional y la presión por una reforma del empleo público, apareció otro parche añadido aquel argumento: los trabajadores públicos eran considerados como extremadamente caros y sus salarios estaban repletos de “pluses”, “gollerías” y “privilegios”. Así, entre iguales (trabajadores públicos vs. privados) los “pluses” y “convenciones” se convirtieron discursivamente en casi delitos y sus detentadores en “cochinos” y, casi, “ladrones”. Una visión así fue explotada por la prensa ya indicada y por algunas plataformas políticas, en un contexto de creciente desigualdad (post reformas neoliberales y post discusión sobre el Tratado de Libre Comercio), por meses. Fue el mismo contexto en que, aliados con el gobierno de Luis Guillermo Solís (2014-2018), muchos sindicalistas decidieron pactar una tregua que tuvo como consecuencia que nadie saliera a la esfera pública a discutir con propiedad contra aquel discurso. Una por una las instituciones públicas fueron cuestionadas por sus regímenes salariales.

  

En 2018 apareció una reforma fiscal que se mutiló en la Asamblea Legislativa con exoneraciones a favor de grandes empresarios. Para combatir esa reforma, el movimiento sindical público llamó a huelga; el salto discursivo de desprecio de esa lucha, pasó a considerar terroristas a quienes protestaban. La reforma se aprobó a finales del 2018, con un movimiento social desgastado, básicamente liderado por maestros y maestras que fueron atacados desde diferentes francos y dejados en solitario por otros gremios. Así, dos años antes de que se produjera la crisis por la Covid-19, la sociedad costarricense, especialmente su clase asalariada, había sufrido un impacto en sus entradas gracias a esa reforma. La desigualdad social encontraba otro nicho para crecer. Ya a mediados del 2018 se confirmó una tendencia que se acentuó en la era más radical de medidas neoliberales (1990s-2000s) y post-TLC (2007-presente): que el país sigue subiendo en la medición del coeficiente Gini y que ahora está en el “top-ten” de los países más desiguales del mundo. 

 

Es este marco en el que se renovó una vieja idea de reforma del empleo público, pero ahora atada a tres contextos difíciles: el primero es el vínculo entre esa ley y las disposiciones de la OCDE con respecto al gasto público; el segundo son las presiones por esa ley vinculadas con un nuevo préstamo con el FMI; el tercer contexto, ya indicado, es el de crítica al empleo público, quejas sobre los llamados "pluses" y las convenciones colectivas y el descrédito de las luchas sociales en medio de una pandemia que impide movilizaciones. 

 

En ese entramado, han aparecido dos mociones: 1. que la ley de empleo público debe aplicarse a todos los empleados públicos sin distinguir derechos adquiridos. 2. La otra es una moción que incluye introducir en la ley la prohibición de las convenciones colectivas. Es decir, finalmente este proyecto de ley ha integrado todas las reformas que llevan a una precarización del empleo público y que se habían evitado o combatido desde hace 40 años. Si el proyecto de ley pasa, sus consecuencias sociales, económicas e institucionales van a ser profundas. ¿De eso se ha hablado? No; solo de que atraerá ahorro al gasto público, aunque no tengamos datos de cuánto. Pero hay algo más, los diputados podrían incurrir en la aprobación de un proyecto inconstitucional que construye un consejo con poder supremo y decisorio sobre todo el empleo de todas las instituciones públicas, sin considerar particularidades, necesidades, ni especialidades. 

 

Salir de la crisis actual, que es la conjunción de una serie de crisis acentuadas una sobre otra desde hace lustros, involucra un nuevo pacto social. Somos una sociedad escindida, pero eso no es un fenómeno de ahora. Tampoco es un fenómeno nuevo los actores que explotan esa fragmentación, ni sus discursos. Lo que sí parece nuevo, es que esos residuos de enfrentamiento que vienen del pasado cercano han provocado una acumulación confrontativa que tiene un escenario casi por estallar. No hubo resolución en las crisis de 2000-2001, tampoco en la de 2006-2007, ni durante la tensión social con que finalizó el gobierno de Laura Chinchilla y menos con las elecciones del 2018. A esa potente mixtura se añaden la ya indicada creciente desigualdad social y un proyecto de reforma del empleo público que amenaza con destrozar las bases de la paz social del país. Es decir, la clase política del país, guiada por intereses específicos que no parecen concordar con los de la nación ni con su historia, llevan el país al precipicio.   

 

* Director del Centro de Investigaciones Históricas de América Central de la Universidad de Costa Rica.