En el presente se viven tiempos difíciles, casi alucinantes: la transformación política, económica y social que se experimenta desde los años de 1980 se profundiza, y se enfrentan políticas estatales que propician una radicalización del capitalismo y logran que el Estado Social de Derecho, que tanto esfuerzo demandó de muchos costarricenses, se empiece a deteriorar.
Dra. Yamileth González García* / Especial para Con Nuestra América
Los tiempos actuales no son una excepción, en momentos en que se vive un constante ataque a la institucionalidad pública, cuando se promueve la privatización de los servicios públicos, en que surgen nuevas pandemias, se desmejoran las condiciones sociales de las mayorías y la redistribución de los recursos es cada vez más injusta, las universidades públicas tienen mucho que decir, y necesitan, para ello, contar con su autonomía. Si queremos libertad, si queremos conservar la capacidad crítica y tomar nuestras decisiones sin presiones políticas ni económicas, como universidades públicas, se tiene que defender ese mandato constitucional. Tener autonomía es garantizar la libertad de pensar, de decir, diferir, comunicar, criticar y proponer en diálogo.
La autonomía es una noción, un principio que la comunidad universitaria debe tener claro para poder debatir, combatir o resistir cuando –a veces por ignorancia- el entorno amenaza con romper el pacto o lo rompe. Por eso somos “lucem auspicio”, que debemos tener conciencia de nuestros deberes y de nuestros derechos frente a la comunidad nacional. Hoy, más que nunca, la autonomía universitaria nos interpela, como concepto y como práctica, y nos exige su fortalecimiento y su defensa, una defensa colectiva y sistemática.
En el presente se viven tiempos difíciles, casi alucinantes: la transformación política, económica y social que se experimenta desde los años de 1980 se profundiza, y se enfrentan políticas estatales que propician una radicalización del capitalismo y logran que el Estado Social de Derecho, que tanto esfuerzo demandó de muchos costarricenses, se empiece a deteriorar.
Los ataques a esa institucionalidad pública y, como parte de ella, a las universidades, son constantes y diversos: se lanzan noticias falsas haciéndolas parecer verdaderas, se critican los salarios, se “demonizan” las pensiones, se habla sin mayor información de los pluses que reciben funcionarios universitarios, se estigmatiza el financiamiento de las instituciones …. Se responsabiliza al sector público de los graves problemas que padece la Nación, como la pobreza y el déficit fiscal, entre otros, y se ha llegado a afirmar que con una reforma a los salarios del sector público se soluciona esa grave situación. Hay una constante en esos ataques: se parte y se hace creer a la opinión pública que el empleo público es responsable, primero, del déficit fiscal, y, segundo, de los costos de la pandemia; por eso algunas de las medidas tomadas se orientan a la afectación de ese sector, como el congelamiento de salarios, el no pago de las anualidades de 2020, la disminución de las jornadas laborales; lo que, sin duda, genera un detrimento del trabajo público.
En forma reciente se ha venido discutiendo una Ley Sobre el Empleo Público que, según dicen, busca reducir el deficit fiscal, pero que al plantear una serie de medidas no solo desconoce, sino que agrede la autonomía y la independencia de las universidades públicas. La Ley sobre el Empleo Público ignora la Constitución Política del país, cuando ubica a las universidades públicas como instituciones autónomas descentralizadas; las universidades públicas tienen una condición especial dada constitucionalmente. Como se ha enfatizado muchas veces, tienen independencia plena, son instituciones, nuevamente como lo dice la Constitución Política, “de cultura superior que gozan de independencia para el desempeño de sus funciones y de plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para darse su organización y gobierno propios”. Las universidades públicas no pueden ser ubicadas como instituciones descentralizadas del Estado, como se pretende actualmente.
Ese desconocimiento de lo que significa la autonomía universitaria lleva a los proponentes de esa Ley a ubicar algunas de las funciones centrales de la vida institucional en dependencia de órganos de carácter político, como sonel Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, la Dirección General del Servicio Civil y otros ministerios. El régimen de empleo, la contratación del personal, la política salarial, la continuidad laboral, la planificación institucional, las categorías salariales, la evaluación del desempeño son una parte esencial de la gestión de las universidades y no pueden estar sujetos a criterios de carácter político. No es admisible una ley que pretende sujetar parte significativa de la gestión universitaria a órganos de carácter político; eso las hace perder parte de su esencial libertad de funcionamiento. La autonomía les da a las universidades la potestad de gestionar sus recursos, administrar sus rentas, hacer sus propios nombramientos… sin la intervención de políticos o grupo ajenos a la academia.
Las universidades públicas tienen la misión de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de quienes habitan el territorio nacional, para ello deben contar con independencia, deben defender la calidad, la responsabilidad social, la identidad, la capacidad crítica, la inclusión, la democracia, la visión de derechos, el medio ambiente, la justicia, la equidad, la libertad y la palabra y, para lograr esos objetivos requiere el medio para que el libre pensamiento en la investigación, la ciencia y la cutura florezcan con plena libertad y autonomía.
*Exrectora de la Universidad de Costa Rica
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