Costa Rica: ¿Quiénes se molestan con las universidades públicas?

 Una política salarial universitaria debe basarse en criterios académicos. Si, por el contrario, se fundamenta en miopes cálculos aritméticos del gasto público, la mediocridad podría imponerse y la contribución de las universidades públicas al desarrollo social del país y en especial de sus sectores menos favorecidos, se vería seriamente comprometida.

Daniel Camacho Monge* / Especial para Con Nuestra América 

Presidente, ministros y diputados han interiorizado unas cuantas tesis simplificadoras, incompletas e interesadas, acerca de las causas del deterioro fiscal y del inmenso volumen de la deuda pública. Entre esas causas falaces destaca la que atribuye una importancia desmesurada al empleo público. Sin embargo, las cifras más elementales no cuadran. Por ejemplo, si se compara el déficit fiscal con la cantidad de impuestos eludidos y morosos sobre todo de las empresas más grandes del país, se encuentra nítidamente que esa sí es una causa importante. Sin embargo, ese tema se evade mientras que el empleo público se trae a cuento cansinamente y ahora se quiere incluir en a las universidades públicas en la ley que pretende reformarlo.

 

Las universidades públicas costarricenses gozan de notable prestigio internacional por su alta calidad académica, lo cual se confirma por la alta posición que ocupan en los rankings mundiales que miden la calidad de las instituciones de educación superior. Además, son un activo y frondoso generador de pensamiento crítico tanto en el campo académico, como en su comunicación con amplios sectores de la población, gracias a los numerosos programas de extensión y acción social que llegan con buenos resultados a los más recónditos puntos del país y a que cuentan con medios de comunicación masiva con amplísima libertad, lo cual les permite un análisis serio y crítico de lo que ocurre en la sociedad. No en vano las universidades públicas aparecen en los estudios de opinión pública como las instituciones con mayor credibilidad, muy por encima de respetables organizaciones como las iglesias, incluyendo la católica, los poderes estatales y organizaciones privadas.

 

Todo eso molesta a quienes ejercen el verdadero dominio en la sociedad -que no son las personas que ocupan cargos públicos por elevados que sean- sino las que se sitúan privilegiadamente en la desigual distribución de la riqueza y consecuentemente, del poder. Por ejemplo, fue un periódico universitario el que participó en la investigación y publicó como primicia, el caso de los llamados Papeles de Panamá; es desde el ámbito universitario donde se analizan y divulgan críticamente los perjuicios sufridos por los sectores más vulnerables por la aplicación de las políticas llamadas neoliberales; es en la universidad donde la juventud estudiosa toma conciencia de la inequidad, la explotación y la corrupción. Y se puede continuar hasta la saciedad citando ese tipo de ejemplos.

 

La valiente lucha universitaria contra esas lacras ha provocado que, en esta época de aparente desmovilización social y de polarización política, se ha tratado de desprestigiar a las universidades públicas con base en estereotipos, medias verdades y mentiras evidentes. Hubo un intento de debilitarlas financieramente escamoteándoles el presupuesto, lo cual no lograron totalmente gracias a la resistencia de las y los universitarios. Esa discusión continúa. Ahora se intentan nuevas maniobras de debilitamiento con la iniciativa de aplicarles la cuestionada ley de empleo público que está por aprobarse. Ese sería un golpe no sólo a la autonomía universitaria sino a las posibilidades de mantener la alta calidad académica, pues la política de salarios es un factor preponderante para el reclutamiento y retención de los mejores cerebros. 

 

Una política salarial universitaria debe basarse en criterios académicos. Si, por el contrario, se fundamenta en miopes cálculos aritméticos del gasto público, la mediocridad podría imponerse y la contribución de las universidades públicas al desarrollo social del país y en especial de sus sectores menos favorecidos, se vería seriamente comprometida. Uno piensa que nadie quiere que esto suceda, pero ¿no será que hay sectores poderosos de la sociedad que sí lo desean?