Mucho más allá de lo que suceda este domingo en Chile, y del modo como se resuelva la crisis argentina, es cada vez más evidente que el progresismo, o sea una cierta izquierda de clases medias y profesionales, ha tocado techo y ya no es capaz de producir algo que la diferencie verdaderamente de las derechas.
Raúl Zibechi / LA JORNADAUna de las mayores dificultades para frenar la ofensiva de las derechas latinoamericanas es la fragilidad política e ideológica del progresismo. En los próximos años podemos asistir a un hecho paradójico: que la retirada del imperio en la región vaya de la mano del ascenso de nuevas derechas, en algunos casos de carácter empresarial y en otros vinculadas al progresismo gobernante.
Estos días se desarrollan debates y batallas políticas en el Cono Sur del continente que ponen de relieve ese crecimiento del derechismo. En Chile este domingo la derecha puede volver a La Moneda, pero si lo hace será porque el progresismo presentó al peor candidato posible, Eduardo Frei, quien para muchos chilenos presenta pocas diferencias con Sebastián Piñera, al punto que no pudo siquiera cosechar la mitad de las simpatías con que cuenta la presidenta Michelle Bachelet.
En Argentina la derecha se enfiló detrás del presidente del Banco Central, Martín Redrado, quien se negó a seguir las órdenes de la Casa Rosada de pagar parte de los vencimientos de la deuda externa con reservas monetarias. Una vez más el gobierno de Cristina Fernández aparece jaqueado desde dentro, como sucedió hace casi dos años cuando el vicepresidente Julio Cobos se pasó a la oposición ante el conflicto entre el gobierno y las gremiales rurales. Por bochornosas que puedan ser estas actitudes, no debe olvidarse que fue el oficialismo quien los colocó en los cargos que ocupan, aun sabiendo que el actual presidente del Banco Central es un hombre cercano al ex ministro de Economía de Carlos Menem, Domingo Cavallo.
En Brasil, Lula está dando marcha atrás en su Programa Nacional de Derechos Humanos ante la andanada de críticas de los medios, los militares, la Iglesia y la oposición. La tercera edición de este programa contempla la creación de una comisión de la verdad para desvelar los crímenes de la dictadura militar (1964-1985), revisar la Ley de Amnistía de 1979, promover la despenalización del aborto y dar carácter legal a la unión civil entre personas del mismo sexo, así como varias iniciativas de carácter social. Aunque los movimientos sociales y sindicales apoyan el programa, el presidente se mostró dispuesto a congelarlo para no perjudicar a la candidata del PT y actual ministra de la Casa Civil, Dilma Rousseff, en las elecciones presidenciales de octubre.
En los tres casos mencionados las ofensivas de las respectivas derechas, siempre apoyadas por los grandes medios, pueden prosperar solamente por las tibias y frágiles respuestas del progresismo. Sin embargo la ofensiva derechista menos conocida es la que estos días tiene lugar en Uruguay, en Punta del Este, en plena temporada turística. Una juez de Maldonado, capital del departamento donde está el balneario, decidió aplicar el polémico Código de Procedimiento Policial para expulsar del balneario a inminentes delincuentes, o sea personas con antecedentes penales o sospechosas, aunque no estuvieran cometiendo ningún delito. En pocos días fueron expulsadas 28 personas.
Como señaló el semanario Brecha, la derecha y los empresarios de Punta del Este vienen exigiendo que se establezca algo así como una zona libre de sucios, pobres y feos, que en los hechos es un castigo a los trabajadores pobres que acuden a esos sitios en busca de empleos temporales. Aunque algunos magistrados condenaron la decisión de la justicia por considerarla inconstitucional, mientras los empresarios y los policías la aplauden, lo sorprendente es la reacción de una parte de la izquierda. Eduardo Bonomi, tupamaro y futuro ministro del Interior cuando asuma la presidencia José Mujica el 1º de marzo, se mostró partidario de la mano dura y aseguró que en la propia izquierda hay un proceso de aprendizaje en temas como seguridad y delincuencia.
Un hombre como Bonomi, que estuvo años preso por haber tomado las armas en nombre de la revolución, dijo a un semanario de la derecha justo lo que ese sector quiere escuchar: llegó a justificar que se proceda contra los chicos que limpian los parabrisas en los semáforos o piden dinero en la calle. En su opinión, la finalidad de la policía es detectar a los eventuales delincuentes antes de que cometan el delito. Esta actitud preventiva implica una suerte de criminalización de la pobreza y va de la mano de la militarización de los barrios periféricos y otras zonas calientes. Ha sido, siempre, el discurso de la derecha que apela a la seguridad ciudadana como forma de control de los de abajo.
El caso uruguayo es grave porque en este país nunca se había llegado tan lejos en el combate a la delincuencia. Pero, sobre todo, porque la izquierda acaba de ganar las elecciones con holgura y no hay ningún riesgo de que la derecha desplace del poder al Frente Amplio. Las opiniones del futuro ministro del Interior revelan un viraje de largo aliento que es similar al que se está produciendo en otros progresismos del continente. Quiero decir que no estamos ante un repliegue táctico sino ante la adopción de aspectos centrales de la ideología de la derecha.
Mucho más allá de lo que suceda este domingo en Chile, y del modo como se resuelva la crisis argentina, es cada vez más evidente que el progresismo, o sea una cierta izquierda de clases medias y profesionales, ha tocado techo y ya no es capaz de producir algo que la diferencie verdaderamente de las derechas. Estamos ante una fractura social sin paliativos, provocada por el neoliberalismo pero que el modelo extractivista en curso sigue profundizando, donde las clases medias y los trabajadores con empleo formal están cada vez más alejados –cultural y socialmente– de los pobres de las periferias urbanas. En la medida que los pobres salen de sus guetos son visualizados como peligrosos y se los acusa de delincuentes o de narcos. Sólo en la Bolivia de Evo Morales el gobierno acepta que los de más abajo puedan ser sujetos políticos. En el resto del continente, aun cuando se organizan en movimientos, se los busca distraer con programas sociales o se les envía la policía.
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