Elecciones en Costa Rica: La designada y el aventurero

Costa Rica, como la mayoría de los países latinoamericanos, afirma su fachada de gobierno democrático en un Estado patrimonial (sirve al enriquecimiento de unos pocos, por ejemplo banqueros) y clientelar (empresas extranjeras y locales y también sectores sociales a los que favorece puntualmente a cambio del voto).

Helio Gallardo / Semanario Universidad

La candidata designada por el grupo Arias [Oscar Arias, presidente, y su hermano Rodrigo, Ministro de la Presidencia] para ganar las elecciones costarricenses de este febrero del 2010 es Laura Chinchilla. Los sondeos iniciales la ubican con alrededor del 40% de intención de voto. A distancia, O. Guevara, del Movimiento Libertario. Otros postulantes van desde un número minoritario a lo ínfimo. En estas condiciones, es probable que el esfuerzo, más que para triunfar, se centre en que Chinchilla no logre la mayoría requerida (40%) para obligar a una segunda vuelta.

Su equipo de campaña vende a Chinchilla como Firme y Honesta. En Costa Rica, si la candidata reuniera efectivamente ambos atributos, sería una personalidad excepcional. Y solo por error mayúsculo sería inducida por los Arias para “continuar” su mandato. Costa Rica, como la mayoría de los países latinoamericanos, afirma su fachada de gobierno democrático en un Estado patrimonial (sirve al enriquecimiento de unos pocos, por ejemplo banqueros) y clientelar (empresas extranjeras y locales y también sectores sociales a los que favorece puntualmente a cambio del voto). En su fase actual, este Estado ha creado aparatos tecnocráticos (regulan comunicaciones y energía, fijan el valor del dinero, etc.) y otras figuras, como fundaciones, para bloquear la participación ciudadana en la maquinaria estatal y de gobierno y preservar su monopolio. Se trata de un Estado/Gobierno independizado de la ciudadanía que opera centralmente en beneficio de minorías y clientelas. Para el resto, puede haber migajas. Pero el delirio de quienes se han hecho más poderosos/ricos/bellos en estas condiciones es que mañana no existan ni migajas. Si lo logran, y van en camino, Costa Rica habrá cubierto el camino más largo para llegar a ser una idónea “república bananera”.

Un Estado patrimonialista y clientelar no califica como Estado de derecho. En su ausencia, parafraseando un dicho español, “hasta el más justo peca”. O sea, El Estado convoca corrupción política y también la venalidad de los políticos. En otro proverbio: “Ladrones roban millones y son grandes señorones”. Así, tal vez Chinchilla sea proba porque personalmente no ha incurrido ni en patrimonialismo ni en venalidad. Pero, tras quince años de vida pública no es factible que le pasara inadvertido que quienes la postulan hoy como su candidata hicieron de la política negocio e imperio. En el sedicente PLN se puede ser corrupto por acción y por omisión. Se mira y no se ve, se finge no aspirar el hedor, se escudan las fechorías alegando situaciones puntuales, individuales. Hasta es posible rasgar vestiduras.

¿Existen personas decentes en el “Partido” Liberación Nacional? Sin duda, y Chinchilla puede estar entre ellas, pero estas personalidades o sectores no tienen capacidad de decisión. El aparato liberacionista es como un mexicano PRI de bolsillo, pero sin sindicatos.

El carácter de Chinchilla es un rasgo puesto a prueba sin duda por la candidatura misma, pero todavía con más fuerza si resulta electa. Como presidenta, la honesta Chinchilla tendría que ejecutar, junto a las varias tareas de administración rezagadas o no realizadas del todo, una enérgica purga del corrupto aparato clientelar en que se ha transformado su ‘partido’. “Honesto” en Costa Rica se traduce como poner fin a la impunidad. Quienes negocian bienes públicos y manipulan instituciones para beneficio privado están principal, aunque no exclusivamente, en el bando que sostiene a Chinchilla. La honestidad política requerida es así prueba de su avisada firmeza. Dura tarea que solo puede iniciarse (y con el apoyo de muchos) en cuatro años.

El reto para Chinchilla lo anima un fuerte sentimiento extendido entre la ciudadanía costarricense en el sentido de que nadie puede ser electo en un alto cargo público, sostenerse en él y seguir siendo un ciudadano decente.

Prueba este sentir el que la abstención ciudadana en los últimos quince años ronda el 40%. El principal argumento de quienes se abstienen es “No vale la pena. Todos son iguales”. Se traduce: con justicia o injusticia, todos son corruptos y/o venales. Y si no lo son, van en camino de serlo.

En cuanto al que va para segundo, no es un populista sino un aventurero tenaz. Que califique de segundo es otra señal de la descomposición del país.