Lamentablemente, el Gobierno se está quedando poco a poco sin genuinos ambientalistas en su seno. Y resulta que ningún proyecto revolucionario en el siglo XXI puede dejar de contar con el ecologismo.
Pablo Ospina / El Telégrafo (Ecuador)
En su reciente libro sobre la economía ecuatoriana, el presidente Rafael Correa presenta la iniciativa sobre el campo petrolero Ishpingo-Tiputini–Tambococha ( ITT) como una gran oportunidad, una oportunidad revolucionaria, para abrir un nuevo mercado de servicios ambientales. Muchos países del sur, ricos en patrimonio natural pero pobres en capital financiero, podrían así compensarse económicamente. Según el Presidente, una nueva época podría abrirse en las relaciones económicas internacionales valorando financieramente al fin una riqueza despreciada y permitiendo un cambio notable en las transacciones mundiales. Ese es su potencial revolucionario.
Lo único “revolucionario” de eso es encontrar un recurso natural más para exportar, como si hubiéramos encontrado cobre o hierro. No es un cambio de modelo. Varias veces el Mandatario ha mencionado, como prueba de sus antiguas preocupaciones ambientalistas, que enseñó economía ambiental durante su carrera académica. Su comprensión de la “iniciativa Yasuní” es reveladora del tipo de economía ambiental que enseñaba. Una de las tendencias dominantes en la economía es considerar al ambiente como una variable olvidada que hay que incluir, como un factor más, como un capital, en los viejos modelos incompletos de producción y consumo. Por eso, se afanan en traducir al cómputo económico, todos los valores ambientales y el patrimonio natural. Pero mantienen el modelo económico al que le hacen una “corrección”.
El Presidente nunca ha comprendido ni aceptado el potencial revolucionario de la crítica ecológica al modelo económico dominante. Por eso no sorprende la debilidad de su compromiso personal con la iniciativa Yasuní. Lo sorprendente es que haya traicionado de modo flagrante su instinto político. No son solo las declaraciones del sábado anterior, sino el retiro de última hora de su autorización para la firma del acuerdo en Copenhague. Las declaraciones solo ratificaron públicamente, ante los cuatro vientos, que desautorizó el trabajo de toda la comisión impulsora del proyecto y al Canciller. Torpedeó el proyecto insignia que más réditos de imagen internacional le proporcionaba.
Al decir que lamentaba que el Canciller [Fander Falconí, quien presentó su renuncia por estos hechos] se “resintiera” por sus declaraciones del sábado y que al revisar la versión escrita no entiende por qué pudo “resentirse”, olvida mencionar el detalle de que se trata de la renuncia en masa de todo el equipo negociador. Lo importante es que desautorizó el trabajo de todo el equipo, que tenía diseñada la propuesta del fideicomiso para el manejo de los fondos del Yasuní desde noviembre del año pasado.
El problema de fondo no es, pues, la conocida incontinencia verbal de Rafael Correa, sino que el potencial revolucionario del Yasuní consiste precisamente en su crítica al desarrollismo del que las concepciones económicas del Mandatario son incapaces de desprenderse. Lamentablemente, el Gobierno se está quedando poco a poco sin genuinos ambientalistas en su seno. Y resulta que ningún proyecto revolucionario en el siglo XXI puede dejar de contar con el ecologismo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario