Estamos ante la quiebra de la unidad y de la
cohesión social. Ya no hay nada que nos una, ni en los partidos ni en la
sociedad. Todo puede ocurrir, como una explosión social violenta, sin excluir
una intervención militar, ya ensayada en las manifestaciones populares de
Brasilia el día 25 de mayo.
Leonardo Boff / Servicios Koinonia
Todos reconocen que estamos sumergidos en una
profunda crisis, de las más graves de nuestra historia, porque abarca todos los
ámbitos de la vida social y de la particular. El hecho de la crisis significa
que perdemos las estrellas-guía y nos encontramos en un vuelo ciego sin saber
hacia donde vamos. Nadie hoy puede decir lo que será Brasil en los próximos
meses. Por eso no es verdad afirmar que las instituciones están funcionando. Si
funcionasen no habría crisis. Funcionan para algunos y para otros son
completamente disfuncionales, especialmente para la gran mayoría del pueblo,
víctima de reformas sociales que van contra sus anhelos más profundos y, lo que
es peor, que implican la retirada de derechos y de conquistas históricas, tal
como están previstas en las reformas laboral y de la seguridad social.
El hecho está agravado por la ilegitimidad del
Presidente, cuya legalidad es discutida y, para muchos, consecuencia de un
golpe parlamentario detrás del cual se ocultan, como en otras ocasiones, las
oligarquías económicas y los ricos rentistas que controlan gran parte de la
economía nacional y que ven amenazada su acumulación perversa.
Nadie puede negar que estamos sumergidos en un caos
político que se revela por la supresión de los límites de los tres poderes de
la república, cada uno invadiendo la esfera de los otros. Los procuradores, los
jueces y las fuerzas policiales que llevan a cabo la operación Lava Jato pasan
por encima de preceptos constitucionales, algunos sagrados en todas las
tradiciones jurídicas desde el tiempo del Código de Hammurabi (1772 a.C), como
es la presunción de inocencia. Las investigaciones de Lava Jato y las
delaciones premiadas sacaron a la luz del día lo que se había ido gestando
desde hace decenas de años: la red de corrupción que se apoderó del Estado, de
las grandes corporaciones y de los parlamentarios, en su mayoría elegidos por
las grandes empresas, representando más los intereses de ellas y menos los del
pueblo.
Hemos llegado a un punto crítico en el que tenemos
al frente del poder ejecutivo a un Presidente acusado de corrupción, rodeado de
ministros en gran parte denunciados y corruptos. Tanto el parlamento como el
presidente han perdido totalmente la credibilidad, lo que se revela por los
bajísimos índices de aprobación popular.
El presidente no muestra ninguna grandeza, víctima
de su propia mediocridad y de su vanidad ilimitada. Se aferra al poder sabiendo
la desgracia que eso representa para el pueblo y la completa desmoralización de
la actividad política. En caso de que renuncie o pierda el cargo en el proceso
del TSE, se invoca el artículo 81 de la Constitución –que no es cláusula pétrea
como quieren algunos– que prevé la elección indirecta del presidente por el
Congreso.
De las calles y de todos los estratos viene el
grito: ¿qué legitimidad tiene un congreso cuando gran parte de él está formada
por personas denunciadas por delitos de corrupción? Día a día crece la petición
de elecciones directas ya, no sólo de Presidente sino también de todos los
parlamentarios. Por lo tanto, elecciones directas generales, ya.
Cuando existe un caos político y sin líderes con
capacidad de mostrar una dirección, la solución más sensata es volver al primer
artículo de la constitución que reza “todo poder emana del pueblo”. El es el
sujeto legítimo del poder político, el poseedor de la verdadera soberanía.
Todos los elegidos son representantes legitimados por este poder. Como dice el
conocido jurista Nicola Matteucci de la Universidad de Bolonia: “La soberanía
es un poder constituyente, el verdadero poder último, supremo, originario… que
se manifiesta solamente cuando está rota la unidad y la cohesión social”
(Dicionário de Política, Brasilia 1986, p.1185).
Pues bien, estamos ante la quiebra de la unidad y de
la cohesión social. Ya no hay nada que nos una, ni en los partidos ni en la
sociedad. Todo puede ocurrir, como una explosión social violenta, sin excluir
una intervención militar, ya ensayada en las manifestaciones populares de
Brasilia el día 25 de mayo.
Cuando ocurre tal caos social es la soberanía
popular la que debe ser invocada y hacerse valer. Esta es previa a la
constitución que prevé elecciones solamente en 2018. Aquí está la base para
convocar elecciones directas ya. Nuestra constitución está cubierta de parches,
tantas fueran las enmiendas que equivalen a la mitad de su texto. Se está
preparando una nueva enmienda constitucional que prevé la anticipación de las
elecciones generales para este año. Estas no podrían ser solamente de
presidente, sino de todos los representantes políticos.
¿Qué autoridad tendría un presidente, elegido
indirectamente, o incluso directamente, manteniendo el actual Parlamento,
infectado de mala voluntad y desmoralizado por las acusaciones de corrupción?
Junto a esta elección directa, vendría una reforma política mínima que
introdujese la cláusula de barrera partidista y regulase las coaliciones para
evitar un presidencialismo de coalición, que favoreció la lógica de los amaños
y de la corrupción y por eso no es recomendable. Ese camino sería el más viable
y tenemos que apoyarlo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario