El neoliberalismo choca frontalmente con la
democracia y con los intereses de nuestros pueblos. De ahí que busquen, ahora
de nueva forma, mediante la judicialización de la política, burlar la
democracia y la voluntad popular.
Emir Sader / ALAI
Además de las acusaciones a grandes líderes
populares latinoamericanos como Lula y Cristina de supuesto involucramiento con
casos de corrupción, para intentar pasar la idea de que todos los políticos son
corruptos, otras acusaciones, igualmente significativas, intentan criminalizar
los actos de gobierno.
En el caso de Cristina, se intenta
transformar en caso judicial la política cambiaria de su gobierno, que puede
ser discutida como política de gobierno, pero nunca criminalizada. Para
hacerlo, intentan pasar la idea de que esa política habría traído ventajas
financieras para la ex-presidenta y para su ex-ministro de economía. Se trata
de ir acumulando sospechas que, aunque sin fundamento, vayan generando niveles
de rechazo a grandes líderes populares, para intentar ponerles techo a su
popularidad e ir generando una imagen de involucramiento con irregularidades.
En el caso de Lula pasa algo igual. Como no
han encontrado ninguna prueba de algún tipo de involucramiento con corrupción y
su popularidad no deja de crecer, buscan condenarlo no con pruebas, como
confiesan que no tienen, sino con “convicciones”, como si estas pudieran
fundamentar alguna condena judicial. En contra de Lula se agregan políticas de
su gobierno, de promoción de los intereses de empresas brasileñas, con financiamientos
públicos y con promoción internacional de esas empresas. Como no pueden
concebir que Lula lo haya hecho por el interés del país, tratan de adjudicarle
alguna ventaja a cambio de esas promociones. Un departamento que Lula nunca
compró, un sitio que nunca fue de su propiedad, algo que pudiera demostrar que
Lula actuó en función de intereses personales (como suele ser el caso de los
gobernantes de derecha).
Para confirmar esa forma antidemocrática de
intentar excluir a políticos de gran arraigo popular de la disputa electoral y
de la vida política, quitando de las manos del pueblo el derecho de decidir
sobre sus destinos, en Colombia surge un caso similar. El ex-alcalde Bogotá,
Gustavo Petro, candidato de la izquierda a las elecciones presidenciales del
país, es blanco de un no menos espantoso proceso que intentar sacarle de la
disputa electoral, además de llevarlo a la bancarrota personal, con multas de
varias decenas de millones de dólares por una política de tarifas diferenciadas
en trasporte urbano, cuando fue alcalde de la capital colombiana.
Se puede, como en los casos de Cristina y de
Lula, discutir las políticas públicas de Petro, pero nunca criminalizarlas,
menos todavía cuando tienen un carácter claramente popular y democratizador.
La operación, además de los ataques
personales a esos líderes, incluye la criminalización de las políticas de
carácter público, la judicialización de los programas de gobierno, el ataque a
las acciones de los Estados, considerando que perjudican los intereses del
país. ¿Pero quiénes son los que acusan, quien les dio representación
democrática en el Estado de Derecho, para intentar descalificar a gobiernos y
políticas escogidas por el voto popular, por la vía democrática?
Es una nueva vía de intentar inviabilizar a
gobiernos democráticos. En los tres casos, Cristina, Lula y Petro, representan
asimismo las alternativas de izquierda en las próximas elecciones de Argentina,
Brasil y Colombia, tres países fundamentales en la región. Argentina y Brasil
fueron los ejes de los procesos de integración regional, que tanta incomodidad
ha producido en la derecha de nuestros países, así como en los EEUU. Colombia
tiene como alternativa de la derecha a Vargas Lleras o al candidato que lance
Uribe. Petro aparece en segundo lugar en las encuetas o incluso empatado en
primero lugar.
La democracia parece que, cada vez más, ahoga
a la derecha, la condena a la derrota. Sus políticas neoliberales chocan no
solo con los intereses de la gran mayoría de la población, sino también con la
misma democracia.
En Brasil un llamado Instituto Millenium esta
semana ha llamado la atención sobre cómo las elecciones del 2018 ponen en
riesgo las (contra) reformas que la derecha trata de poner en práctica mediante
un golpe y por medio de un gobierno que tiene el 2% de apoyo (con el margen de
error, puede tener cero o menos que cero). El neoliberalismo choca frontalmente
con la democracia y con los intereses de nuestros pueblos. De ahí que busquen,
ahora de nueva forma, mediante la judicialización de la política, burlar la
democracia y la voluntad popular.
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