Wola, en su carácter de
oenegé de derechos humanos, tampoco dice nada y no condena los métodos
violentos y criminales de la oposición venezolana utilizados contra guarderías,
hospitales, transporte público, centros de justicia, centros educativos,
pequeños negocios y viviendas. Tampoco condena los cientos de heridos y las
decenas de asesinatos, de cuya mayoría es responsable dicha oposición.
Antonio Castillo / Para Con Nuestra América
Desde
Ciudad de Guatemala
La Oficina en
Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola) hizo público el 15 de junio un
llamado a rechazar la asamblea constituyente de Venezuela y apoyar una
resolución electoral a la crisis.[1] Con este escrito, Wola puede ser
ubicada como parte de la mascarada injerencista dirigida en distintas escalas
por Estados Unidos, por el secretario de la Organización de Estados Americanos
y por la oposición al interior de ese país hermano.
La estrategia persigue
el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro, la derrota del proceso
revolucionario y el restablecimiento del orden existente hasta 1999, cuando
gobernaba la oligarquía y cuando las multinacionales petroleras y el Estado
estadounidense controlaban el saqueo de las enormes riquezas venezolanas.
El fondo de esta
agresión encuentra su principal explicación en la pretensión por apropiarse de
las enormes riquezas de Venezuela: petróleo, agua, minerales raros, etc. Esto
recursos son de apetencia de las corporaciones globales y de Estados Unidos,
quienes pretenden controlarlos con objetivos de acumulación capitalista y
control estratégico, además del objetivo de evitar que continúe un
proceso revolucionario que no permite el saqueo de los bienes comunes en ese
territorio. Así las cosas, estos poderes económicos y políticos activan
todo su aparataje y capacidad mediática, política, financiera y militar, para
recuperar ese control perdido desde el inicio de la Revolución Bolivariana.
Estos planes de expolio
y coloniaje encuentran en la hegemonía previamente construida y controlada por
estas fuerzas uno de los soportes de la agresión contra el proceso venezolano.
El engaño mediático convertido en matriz de opinión y visión única, impacta en
mucha personas que creen en la desinformación y engaño emanado de las grandes
corporaciones de “información” y de estructuras mediático-empresariales como la
Sociedad Interamericana de Prensa. Esto genera el predominio de una visión y
posición opuesta a la revolución y gobierno bolivariano de Venezuela.
En esta comparsa, un
conjunto de instituciones del régimen internacional también ha sido activado en
dirección a consolidar el cerco mediático y político al proceso bolivariano.
Esto explica la acción oficiosa del secretario general de la OEA, Luis Almagro,
de gobiernos derechistas como el de México, Brasil, Argentina y Guatemala, y un
conjunto de fundaciones u oenegés, incluidas algunas de derechos humanos,
como Human Rights Watch y Wola.
En específico, la
declaración de Wola es parcial, tendenciosa e injerencista. Con su rechazo a la
asamblea constituyente, su demanda de elecciones y su llamado al “hemisferio” a
rechazar el curso político intencionado por el gobierno de Nicolás Maduro, Wola
se convierte en caja de resonancia de la agenda injerencista de Estados
Unidos[2] y de la estrategia de la oposición venezolana.
Pero analicemos con
detenimiento la declaración de Wola.
Wola inicia calificando
de “inconstitucional” el proceso y la constituyente que será instalada después
de la elección correspondiente. En su falta de seriedad Wola obvia los
artículos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en los
cuales se desmorona su afirmación. En el artículo 348 de dicha constitución se
establece que la iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional
Constituyente podrá hacerla, entre otros, el Presidente o Presidenta de la
República en Consejo de Ministros, tal y como ha sido en este caso. Esto hace
constitucional no solamente al sujeto de la iniciativa y propuesta
constituyente, sino también al proceso y la Asamblea Nacional Constituyente que
de la elección libre y secreta de los ciudadanos resulte. Así mismo, en el
artículo 349 se establece que el presidente –como cualquier otro poder
constituido– no podrá objetar la nueva constitución o impedir las decisiones de
la asamblea constituyente, lo cual hace que él mismo quede sujeto a cualquier
disposición que la misma resuelva.
Wola miente cuando
afirma que la “Constitución de Venezuela de 1999 establece claramente que sólo
el pueblo venezolano tiene la autoridad para convocar una nueva Asamblea
Constituyente” y que “el gobierno de Maduro ha usurpado esta autoridad por sí
mismo”. En este sentido Wola pretende que el proceso constituyente actual se
base en lo aplicable para la constitución de 1999. Argumenta que dicha
constitución fue convocada después de consultar al soberano a través de
consulta popular. Afectivamente así fue realizado en esa ocasión, en aplicación
de la norma proveniente de la constitución de 1961. Sin embargo, la
constitución que rige actualmente es la de 1999 y no la de 1961. En su
declaración Wola obvia, además, que la constitución que acuerde la constituyente
en 2017, será sometida a referendo popular.
Wola argumenta que el
proceso constituyente en marcha “desempoderará” a los ciudadanos venezolanos.
Esto sorprende siendo que el proceso definido y convocado tiene una implicación
absolutamente contraria a lo afirmado por esta oenegé estadounidense. En primer
lugar porque en el proceso constituyente en marcha pudieron inscribirse no
solamente candidaturas procedentes de partidos pro gubernamentales y
opositores, sino también ciudadanos individuales que así lo quisieron. Así las
cosas, en lugar de ser un retroceso en materia democrática, de
“desempoderamiento”, un “asalto a un principio fundamental de la democracia: la
soberanía del pueblo” como afirma Wola, la convocatoria a la inscripción de
candidaturas constituyó un avance democrático al abrir la posibilidad para que
cualquier ciudadano procedente del soberano, incluidos ciudadanos de la
oposición al actual gobierno, pudiera inscribirse y competir por un puesto en
la constituyente. En segundo lugar porque estamos ante un proceso constituyente
que se abrió no solo para la postulación y elección de constituyentes por
circunscripción territorial, sino también por sectores representativos de la
sociedad venezolana, como los trabajadores, estudiantes, pueblos indígenas,
comunas, empresarios. 3 mil 200 candidaturas distritales y 2 mil 300
candidaturas sectoriales han sido validadas para competir por los 545 escaños
en la constituyente; esto es inédito y profundamente democrático al trascender
la representación liberal-eurocéntrica y avanzar hacia una representación
multisectorial, plurinacional y popular, tal y como es la demanda de varios
pueblos latinoamericanos para lograr el avance en materia de derechos.
Wola, en su
descalificación del proceso, afirma que las reglas para seleccionar a los
delegados a la Asamblea, fueron concebidas para favorecer a los partidarios de
Maduro. En este aspecto Wola obvia que en Venezuela –como en todas partes– nos
encontramos en una disputa y que cada fuerza política perseguirá salir
victoriosa de la misma. En ese sentido, es claro que el gobierno actual –como
no podía ser de otra manera y como lo haría la oposición venezolana– busca que
la constituyente se integre con una mayoría favorable al avance del proceso
revolucionario. Sin embargo, tal y como ha sido la constante durante estos
años, la postulación y elección de representaciones políticas ha sido cada vez
más democrática, puesto que el Estado ya no es controlado por una oligarquía y
por partidos que actuaron contra los intereses mayoritarios; todo lo contrario,
hoy dirige el gobierno venezolano una persona procedente de la clase
trabajadora.3
Wola también afirma que
los candidatos de Maduro “podrían tomar la mayoría de los asientos ganando
menos que el 30 por ciento del voto”. Esta afirmación es confusa y sin
fundamento procedimental y matemático que lo valide. La fuerza que la
Revolución Bolivariana alcance dependerá del apoyo popular que logre en esta
coyuntura y de la decisión que finalmente tome la oposición con relación a las
candidaturas opositoras que lograron postularse y del apoyo que estas reciban.
En su argumentación
contra el proceso y la constituyente en Venezuela, Wola plantea que la Asamblea
Constituyente tendrá “poderes de origen que sobrepasarán los poderes
constituidos”. Cualquier jurista o estudiante de derecho constitucional sabe
que una asamblea de este tipo es la representación del poder soberano y como
tal es superior a cualquier poder previamente constituido. Esa es la diferencia
entre poder constituyente y poder constituido. En ese sentido, la Asamblea
Constituyente tendrá la legitimidad y podrá ejercer poder por sobre los poderes
constituidos, incluido el poder del Presidente de la Republica o de la Asamblea
Nacional.
El llamado injerencista
que realiza Wola “apela a las naciones del hemisferio a reconocer la
importancia de este momento, instando al gobierno venezolano a dejar de lado su
plan para crear una nueva constitución y en su lugar adherirse a la
Constitución de 1999”. De esta apelación surgen las preguntas: ¿Qué implicaría
“reconocer la importancia de este momento”? ¿En su ambigüedad acaso Wola no
está validando cualquier tipo de intervención y agresión contra Veenezuela, que
parta del “reconocimiento de este momento”?. Asimismo, ¿por qué razones, que no
sean las de hacerse parte de la estrategia injerencista, Wola insta a que el
gobierno se abandone el proyecto de nueva constituyente? ¿Por qué razones
detenerse necesariamente en la constitución de 1999? ¿Acaso no es legítimo que
un gobierno pueda plantearse la convocatoria a una nueva constituyente?
En la misma tónica,
esta oenegé internacional, cuestiona la negativa del presidente Nicolás Maduro
a un referendo revocatorio presidencial en 2016, justo el año en que tomó
posesión. Ante esto puede preguntarse ¿Por qué un gobierno legal y
legítimamente electo tendría que someterse a un referendo revocatorio solo
porque así lo pedía una oposición que demostró su carácter antidemocrático y
violento después de perder la elección presidencial? ¿Por qué aceptar un
revocatorio en ese momento cuando el artículo constitucional número 72 indica
que este puede efectuarse hasta después de transcurrida la mitad del período
para el cual fue electo un funcionario? Wola miente, además, cuando afirma que Maduro
pospuso indefinidamente las elecciones regionales, siendo que esta decisión
estuvo en manos y fue argumentada por el Consejo Nacional Electoral (órgano
constitución refrendado por la comunidad internacional que ha observado y
certificado sucesivos procesos electorales), el cual ha convocado a elecciones
regionales para diciembre de 2017 y ha ratificado la elección de nuevo
presidente para 2018, tal y como corresponde.
En su declaración Wola
obvia u oculta otro conjunto de elementos fundamentales de análisis. Por
ejemplo, no analiza por qué razones los partidos de oposición cuestionan el
proceso constituyente y por qué buena parte de la misma –no toda, como se
constata– decidió abstenerse de presentar candidaturas para la Asamblea
Constituyente. Wola obvia, como se demuestra en los hechos concretos, que la
oposición no está accionando por una vía política y democrática; todo lo
contrario, que está orientada al derrocamiento de Maduro a través de métodos
violentos e injerencistas, con lo cual su práctica es claramente
inconstitucional. Así las cosas, el que la oposición violenta se auto excluya
del proceso constituyente –como se ha negado al diálogo, inclusive con la
mediación del representante del Papa Francisco– no le resta legitimidad a la
nueva constituyente. La legitimidad de la nueva Asamblea Constituyente estará
dada por la participación ciudadana en el proceso eleccionario, lo cual será
muestra de la legitimidad y apoyo popular al proceso constituyente; además, del
impacto que pueda tener la estrategia violenta de la oposición, que sin duda
intentará frenar por todos los medios a su alcance (los inconstitucionales
inclusive) la realización del evento eleccionario y constituyente.
Especialmente, su legitimidad, dependerá del carácter de los cambios que queden
plasmados en la nueva constitución, de si estos serán de beneficio para las
grandes mayorías y para profundizar el proceso democrático.
Wola, en su carácter de
oenegé de derechos humanos, tampoco dice nada y no condena los métodos
violentos y criminales de la oposición venezolana utilizados contra guarderías,
hospitales, transporte público, centros de justicia, centros educativos,
pequeños negocios y viviendas. Tampoco condena los cientos de heridos y las
decenas de asesinatos, de cuya mayoría es responsable dicha oposición que ha
hecho uso de bombas molotov, armas hechizas, armas de fuego, gasolina, alambres
degolladores, aceite regado en calles, entre otros medios. Así mismo, no
condena el uso de niños y adolescentes como parte de las guarimbas violentas,
que han tenido como cauda la muerte de un joven de 16 años producto de la
manipulación de bombas hechizas. No dice nada de los impactos psicológicos,
sociales y económicos de la violencia opositora contra todo el pueblo
venezolano. Con esta declaración, Wola contradice su propio carácter como
organización que “promueve los derechos humanos” y persigue que “la justicia
prevalezca sobre la violencia”.
La posición y petición
de Wola claramente es de carácter político. Carece de asidero en la defensa de
derechos humanos, lo cual le daría legitimidad a su alegato. Su pretensión
clara es contribuir a frenar el avance del proceso dirigido por el gobierno de
Nicolás Maduro. Así las cosas, Wola se posiciona en el bloque de quienes
aplican una política injerencista para detener el proceso bolivariano. Wola
trasciende su carácter de organización promotora de derechos humanos y se
convierte en una organización política que, además, desconoce el derecho de los
pueblos –en este caso el venezolano– a la autodeterminación, la independencia y
la soberanía.
NOTAS:
[2] Un ejemplo claro de esta injerencia de
Estados Unidos se encuentra en el documento del Comando Sur titulado Operación
Venezuela Freedom 2.https://kenzocaspi.wordpress.com/2017/04/05/el-plan-de-eeuu-para-intervenir-a-venezuela-documento-de-comando-sur-operacion-venezuela-freedom-2/
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