El derecho a la vivienda en Panamá

 Hace treinta y seis años, la ONU aprobó que el primer lunes de cada octubre, fuera reconocido como el Día Mundial del Hábitat, como forma de promover la reflexión sobre la necesidad de que las personas en todo el mundo, contaran con una vivienda digna y decorosa.   

Pedro Rivera Ramos / Para Con Nuestra América

Desde Ciudad Panamá

Este derecho humano fundamental, consagrado en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, tiene una relación y responsabilidad directa en el disfrute de una vida digna entre todos los seres humanos. Es, además de derecho vital, una necesidad esencial para garantizar el desarrollo de un proyecto personal y familiar, que sea consecuente con las expectativas y sueños que se albergan.  

 

Otras muchas legislaciones de orden mundial y regional se han preocupado por incluir este derecho como uno de los más importantes: El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales adoptado por la ONU en 1966 y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948. Mientras que en nuestra Constitución Nacional, para resaltar la importancia de este derecho, se puede leer en su artículo 117: “El Estado establecerá una política nacional de vivienda destinada a proporcionar el goce de este derecho social a toda la población, especialmente a los sectores de menor ingreso”.

 

La vivienda no es solo un lugar donde las personas desarrollan su vida privada y familiar, es además un lugar de reunión y de encuentro, de convivencia y de trazar sueños y planes, de protección y seguridad familiares, de vivir el presente construyendo desde allí el futuro que se avizora. En el mundo actual, aunque es muy difícil estimar la cifra real de personas sin hogar, se cree que más de 2 personas por cada 60 habitantes del planeta, carecen de una vivienda digna. Aquí en nuestro país la situación tampoco es diferente. 

 

Un número considerable de familias panameñas no cuentan con una vivienda decorosa y digna. Y es que como muchas otras cosas, la vivienda, de ser considerada derecho y necesidad básica, ha venido poco a poco perdiendo su importante función social, para convertirse en un gran negocio de empresas inmobiliarias, que a través de la especulación y las llamadas fuerzas invisibles del mercado y pese a recursos estatales paliativos como el Bono Solidario para la vivienda, obligan a miles de panameños a asentarse en áreas alejadas sin los servicios básicos mínimos y en viviendas de gran precariedad. 

 

Garantizar el derecho a la vivienda con la construcción y acceso de viviendas dignas, es una tarea sumamente compleja que deben encarar todos los Estados. La solución efectiva de este problema requiere una respuesta estructural, que pasa necesariamente por proporcionar trabajos adecuados con salarios justos a los habitantes de un país. De modo que viviendas y trabajos dignos son piezas fundamentales, para hacer de un pueblo, un pueblo feliz. 

 

Es tiempo que reconozcamos la incapacidad evidente del Mercado, para satisfacer el derecho que tienen miles de familias panameñas, a una vivienda digna y decorosa. El problema habitacional no se resolverá jamás, mientras los intereses empresariales de las grandes inmobiliarias, se encuentren por encima de los derechos humanos de los habitantes y se carezca de un programa efectivo y real desde el Estado panameño, para la construcción de viviendas sociales. Cada año o mes que se pierde en ello, condena a cientos de panameños al desahucio, al desplazamiento y al desalojo forzoso.

 

Hace algunos años se generó un debate sobre el riesgo inminente de que las propiedades a nivel nacional, fueran sometidas a avalúos y reavalúos.  A nuestro juicio, en lugar de distraer a la población en una discusión bizantina y de connotación altamente politiquera y mediática, sobre la supuesta alza al valor catastral de las fincas, terrenos y bienes, como vía fundamental para la aplicación y financiamiento de la ley de Descentralización Municipal, los esfuerzos y las energías tanto de diputados como de autoridades nacionales, debieron haberse dirigidos al cumplimiento efectivo del derecho humano a la vivienda de todos los panameños, principalmente a los de más bajos ingresos ubicados en las áreas urbanas y rurales. 

 

Es preciso que los programas de construcciones de viviendas sociales, se hagan desde un enfoque de derechos humanos y no de una visión estricta de réditos mercantiles. Lo que se necesita en definitiva, no es aumentar el número de viviendas construidas, de precios más elevados y que ocasionen un endeudamiento mayor de las familias; sino viviendas que respondan a las necesidades y posibilidades reales que amplias capas de nuestra población, han venido aguardando tanto tiempo.