Papeles Panamá, Paraíso y Pandora, así como fallidos Grupos de Lima, son sólo la punta de un iceberg que se derrite frente al calor de soberanas voluntades.
José Toledo Alcalde / Para Con Nuestra América
El fantasma de la corrupción se ciñe sobre el tejado del inexistente Grupo de Lima. No es capricho semántico, ni romántico, titular de esta manera el presente comentario. Escándalos de corrupción planetaria salen nuevamente al escenario y no son personajes miembros de “dictaduras comunistas” o “gobiernos totalitarios” como carteles ideologizados de desinformación internacional (mass media) suelen adjetivar a países contrarios al famélico Consenso de Washington.
Queda demostrado por enésima vez que los “paraísos de democracia liberal” (países “democráticos”), defensores de sistemas inexistentes de Estados de derecho e imperios de la ley, son la analogía de paraísos fiscales en donde el tráfico de todo cuanto existe es el modus operandi de estructuras de poderes públicos, privados y grupos de factos.
Después de las revelaciones de corrupción exhibidos por Papeles de Panamá de 2016 con 2,6 terabytes de datos contenidos en 11,5 millones de documentos provenientes de un solo proveedor; Papeles Paraíso de 2017 con 1,4 terabytes de datos en más de 13,4 millones de archivos; ahora salen nuevas revelaciones a la palestra Papeles de Pandora; cuantiosa recopilación de información sobre más de 27,000 compañías y 29,000 beneficiarios finales de 11 de los proveedores, el doble de beneficiarios identificados en los Papeles de Panamá. Como el portal informativo Cuba Debate señala, “El tesoro de datos de 2,94 terabytes expone los secretos offshore de las élites ricas de más de 200 países y territorios. Incluyen a más de 330 políticos y 130 multimillonarios de Forbes, así como celebridades, estafadores, traficantes de drogas, miembros de la familia real y líderes de grupos religiosos de todo el mundo” (2021).
Tres presidentes en función, y 11 expresidentes latinoamericanos, adalides del Grupo de Lima, convictos y confesos “defensores de la democracia y Estado de derecho” en la región, y fuera de ella, se encuentran enlodados judicialmente por casos de posibles actos criminales por evasión fiscal. Sebastián Piñera (Chile), Guillermo Lasso (Ecuador) y Luis Abinader (Rep. Dominicana) están involucrados de pies a cabeza con actos de blanqueo de dinero empresarial y político. Así como involucrados están, famosos defensores del libre mercado y “democracias de Estado de derecho” con casos como de los expresidentes colombianos César Gaviria Trujillo (1990-1994), quien a su vez fue el 7º secretario de la Organización de los Estados Americanos (1994-2004); Andrés Pastrana Arango (1998-2002), quien a su vez fue embajador en Washington en el régimen de Álvaro Uribe (2002-2010), y líder del No al plebiscito sobre acuerdos de paz con las FARC (2016).
La idea no es, evidentemente, desperdiciar tiempo, ni el nuestro ni el vuestro, señalando el larguísimo prontuario de implicados en crímenes de evasión fiscal y lavado de dinero de más conocido por la opinión pública. Lo que queremos resaltar, una vez más como tantas otras opiniones, es la descarada red del crimen de la evasión fiscal, blanqueo de dinero y tráfico de influencias, entre otros, de personajes abanderados de la defensa de la democracia en la región; socios, descaradamente conocidos de los EE. UU, la Comunidad Europea, sistema financiero internacional, OEA, etc.
Las revelaciones dan cuenta, de igual forma, de Paulo Guedes, ministro de economía, y Roberto Campos Neto, presidente del Banco Central de Brasil, ambos brazos principales del régimen de Jair Bolsonaro, otro adalid del Grupo de Lima. ¿Por esta razón, estos implicados en corrupción fiscal, defienden la “democracia liberal” con tanta visceralidad atacando al contrario de “comunista”, “narcoterrorista”, “castro-chavista” o “terruco”? La democracia que defienden se basa en estructuras de impunidad desde las mismas entrañas jurídico-legislativas de los Estado del seudo derecho defendido y no se requiere de mucha, ni poca, “ilustración” para darse cuenta de esto; solo autonomía y criticidad interpretativa.
Dese el mismo frente criminal, el ministro de economía del Brasil, Guedes, cofundador del banco de inversión BTG Pactual, fue uno de los principales asesores de campaña de Jair Bolsonaro. Guedes envió al congreso el proyecto de reforma fiscal beneficiando a quienes cuentan con capital en paraísos fiscales (Nodal, 2021). De igual forma, el presidente del Banco Central del Brasil “firmó la resolución que exime a las personas que poseen activos por menos de un millón de dólares en el extranjero de tener que presentar cuentas al Banco Central” (Nodal, 2021).
No es difícil entender la razón por la cual, a pesar de la ratificación del C-169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales (1989), mandatarios como Sebastián Piñera y familia, acuartelados en los poderes del Estado chileno, supieron esgrimir normativas de protección ambiental, y de los pueblos originarios, a favor de consocios mineros privados. El juicio político contra Piñera esta a la vuelta de la esquina, como debiera de estar el de muchos políticos en la mira. En palabras del diputado socialista Jaime Naranjo, “los motivos y fundamentos de esa acusación van a estar basados por haber infringido el principio de probidad y por comprometer gravemente el honor de la patria” (Cuba Debate, 8 de octubre 2021).
Iván Duque, presidente de Colombia, otro visceral defensor del modelo neoliberal, bilioso enemigo de los procesos emancipadores de la región, cómplice de innumerables programas de desestabilización contra gobiernos democráticos como Cuba, Venezuela y Nicaragua, mandatario de uno de los países con mayor índice de asesinatos de activistas sociales y ambientales, tiene en su lista de “socios protegidos”, sembrado en las Naciones Unidas, al magnate Isaac Gilinski como embajador alterno de Colombia en las Naciones Unidas. La familia Gilinski, dueños de la Revista Semana y bancos como GNB Sudameris, Lulo Bank, Servibanca, Productos Yupi, Plásticos Rimax, Hoteles Charleston Bogotá y otros negocios, se encuentran en la lista de los Pandora Papers (Papeles de Pandora). Jaime, hijo de Isaac, aparece en la lista con al menos con 19 sociedades offshore y el patriarca Isaac con 19 sociedades lavadoras y evasoras de impuestos fiscales.
¿No era del conocimiento del señor Duque las históricas evasiones fiscales de los emporios que protegió su gobierno con multimillonarios subsidios por haber registrado “perdida de ganancias en la pandemia”? ¿No era del conocimiento del señor Duque las movidas financieras en el mercado de la evasión fiscal de Isaac Gilinski, embajador alterno en las Naciones Unidas?Este ejemplo de familias y corporaciones protegidas por la política de Estado de impunidad del crimen de cuello blanco en países “guardianes de la democracia”, quienes criminalizan las protestas sociales y hacen de la desaparición y asesinato la practica habitual de políticas de gobierno antidemocráticos, nos coloca ante tres escenarios en materia de política y derecho internacional: 1. Estructura internacional de impunidad existente en organismos como la OEA, CIDH y ONU; 2. Inexistente aplicabilidad del principio de subsidiaria del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y de los diferentes convenios y convenciones de las Naciones Unidas contra la corrupción y Delincuencia Organizada Transnacional (UNTOC) y 3. Prevalencia ideológica, más no jurídica, del Derecho Internacional bajo el control global de operadores del derecho con claras componendas neoliberales.
Frente al crimen, organizaciónLos instrumentos del derecho internacional están sobre la mesa. Lo que no existe es autoridad moral para implementarlos y aplicarlos en toda su rigurosidad. La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (UNTOC, 2000) y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC, 2010) solo son aplicables dentro del marco de guerra ideológica contra países contrahegemónicos. La “suscripción de sumisión” de servicio incondicional a Washington, y entidades asociadas, es la puerta de entrada privilegiada al sistema internacional de impunidad y protección contrario a todo principio establecido por la jurisprudencia del derecho internacional desde sus primeras manifestaciones hegemónicas en 1948.
Ninguna de las normativas internacionales sobre ética del funcionario público y prevención de delitos de funcionarios del Estado es cumplidas. Se han invertido y reinvertido miles de millones de dólares, de horas pagadas, operadores administrativos, de inteligencia, logísticos, de especialistas del derecho e industriales inversiones en maquinaria publicitaria para legitimar sistemas del crimen público que huyen de la firma y ratificaciones de los diferentes convenios y convenciones de las Naciones Unidas y organismos regionales; tremenda maquinaria perversa de la ideología hegemónica del derecho internacional.
¿Es la defensa de libertad y democracia aquella razón que se esconde por detrás de la voraz persecución de sistemas contrahegemónicos o la defensa de paraísos jurídicos y fiscales de la impunidad del crimen público y privado?Sebastián Piñera, Pedro Pablo Kuczynski, Guillermo Lasso, Luis Abinader, Horacio Cartes Jara, y otros, ¿argüirán que son victimas del Foro de Sao Paulo, Cuba, Venezuela, Irán, Corea del Norte, Rusia, el lobo de la caperucita…? El inexistente Grupo de Lima, cartel del crimen político en manos de funcionarios públicos–perseguidos por la justicia por evasión fiscal y lavado de dinero–fueron millonariamente subvencionados escudándose en derechos y democracias defendidas sin que la ONU, OEA o CIDH dijera absolutamente nada sobre lo ético o no ético de tremenda patraña contra derechos como el de soberanía y autodeterminación de los pueblos. El éxito de la última reunión de la CELAC se levanta como necesaria y urgente demanda de los pueblos de la región en búsqueda de articulación autónoma y soberana sin la cual seguiríamos a la deriva. La rearticulación de organismos como ALBA o UNASUR, a la par de CELAC, son la única plataforma jurídico internacional que pueden hacer frente a la ineficacia y anacronismo no de los instrumentos del derecho internacional sino de los instrumentos orgánicos encargados de su aplicación.
A la par de rearticular plataformas políticas regionales, como las citadas, se imponen dos escenarios: 1. Prever sistemas de tutelaje regional en el marco de la soberanía de los pueblos. Al igual que la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, es igualmente fundamental sumar los esfuerzos regionales, citados párrafo anterior, en torno a una Organización de las Naciones del Sur (ONS) emulando iniciativas africanas desplazadas de la narrativa del derecho internacional y 2. Desde el marco de la seguridad regional, lamentablemente como respuesta a la lógica geoexpansiva de la industria bélica hegemónica, los sistemas militares de la región deben ser pensados no solamente desde sus particulares territorialidades sino desde espacios de integración académico, logística, operativa y estratégica como democráticas expresiones de la integración de los pueblos del Sur Global.
Papeles Panamá, Paraíso y Pandora, así como fallidos Grupos de Lima, son sólo la punta de un iceberg que se derrite frente al calor de soberanas voluntades; iniciativas sumadas en búsqueda de reafirmación y defensa ante derechos universales impuestos a favor de personas y corporaciones jurídicas dejando de lado derechos particulares construidos de seres de carne, hueso, historia, sentimientos y una tierra-Casa Común-que gime con ellos frente a la insensible e inhumana impunidad.
¡Los pueblos tienen la palabra!
El fantasma de la corrupción se ciñe sobre el tejado del inexistente Grupo de Lima. No es capricho semántico, ni romántico, titular de esta manera el presente comentario. Escándalos de corrupción planetaria salen nuevamente al escenario y no son personajes miembros de “dictaduras comunistas” o “gobiernos totalitarios” como carteles ideologizados de desinformación internacional (mass media) suelen adjetivar a países contrarios al famélico Consenso de Washington.
Queda demostrado por enésima vez que los “paraísos de democracia liberal” (países “democráticos”), defensores de sistemas inexistentes de Estados de derecho e imperios de la ley, son la analogía de paraísos fiscales en donde el tráfico de todo cuanto existe es el modus operandi de estructuras de poderes públicos, privados y grupos de factos.
Después de las revelaciones de corrupción exhibidos por Papeles de Panamá de 2016 con 2,6 terabytes de datos contenidos en 11,5 millones de documentos provenientes de un solo proveedor; Papeles Paraíso de 2017 con 1,4 terabytes de datos en más de 13,4 millones de archivos; ahora salen nuevas revelaciones a la palestra Papeles de Pandora; cuantiosa recopilación de información sobre más de 27,000 compañías y 29,000 beneficiarios finales de 11 de los proveedores, el doble de beneficiarios identificados en los Papeles de Panamá. Como el portal informativo Cuba Debate señala, “El tesoro de datos de 2,94 terabytes expone los secretos offshore de las élites ricas de más de 200 países y territorios. Incluyen a más de 330 políticos y 130 multimillonarios de Forbes, así como celebridades, estafadores, traficantes de drogas, miembros de la familia real y líderes de grupos religiosos de todo el mundo” (2021).
Tres presidentes en función, y 11 expresidentes latinoamericanos, adalides del Grupo de Lima, convictos y confesos “defensores de la democracia y Estado de derecho” en la región, y fuera de ella, se encuentran enlodados judicialmente por casos de posibles actos criminales por evasión fiscal. Sebastián Piñera (Chile), Guillermo Lasso (Ecuador) y Luis Abinader (Rep. Dominicana) están involucrados de pies a cabeza con actos de blanqueo de dinero empresarial y político. Así como involucrados están, famosos defensores del libre mercado y “democracias de Estado de derecho” con casos como de los expresidentes colombianos César Gaviria Trujillo (1990-1994), quien a su vez fue el 7º secretario de la Organización de los Estados Americanos (1994-2004); Andrés Pastrana Arango (1998-2002), quien a su vez fue embajador en Washington en el régimen de Álvaro Uribe (2002-2010), y líder del No al plebiscito sobre acuerdos de paz con las FARC (2016).
La idea no es, evidentemente, desperdiciar tiempo, ni el nuestro ni el vuestro, señalando el larguísimo prontuario de implicados en crímenes de evasión fiscal y lavado de dinero de más conocido por la opinión pública. Lo que queremos resaltar, una vez más como tantas otras opiniones, es la descarada red del crimen de la evasión fiscal, blanqueo de dinero y tráfico de influencias, entre otros, de personajes abanderados de la defensa de la democracia en la región; socios, descaradamente conocidos de los EE. UU, la Comunidad Europea, sistema financiero internacional, OEA, etc.
Las revelaciones dan cuenta, de igual forma, de Paulo Guedes, ministro de economía, y Roberto Campos Neto, presidente del Banco Central de Brasil, ambos brazos principales del régimen de Jair Bolsonaro, otro adalid del Grupo de Lima. ¿Por esta razón, estos implicados en corrupción fiscal, defienden la “democracia liberal” con tanta visceralidad atacando al contrario de “comunista”, “narcoterrorista”, “castro-chavista” o “terruco”? La democracia que defienden se basa en estructuras de impunidad desde las mismas entrañas jurídico-legislativas de los Estado del seudo derecho defendido y no se requiere de mucha, ni poca, “ilustración” para darse cuenta de esto; solo autonomía y criticidad interpretativa.
Dese el mismo frente criminal, el ministro de economía del Brasil, Guedes, cofundador del banco de inversión BTG Pactual, fue uno de los principales asesores de campaña de Jair Bolsonaro. Guedes envió al congreso el proyecto de reforma fiscal beneficiando a quienes cuentan con capital en paraísos fiscales (Nodal, 2021). De igual forma, el presidente del Banco Central del Brasil “firmó la resolución que exime a las personas que poseen activos por menos de un millón de dólares en el extranjero de tener que presentar cuentas al Banco Central” (Nodal, 2021).
No es difícil entender la razón por la cual, a pesar de la ratificación del C-169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales (1989), mandatarios como Sebastián Piñera y familia, acuartelados en los poderes del Estado chileno, supieron esgrimir normativas de protección ambiental, y de los pueblos originarios, a favor de consocios mineros privados. El juicio político contra Piñera esta a la vuelta de la esquina, como debiera de estar el de muchos políticos en la mira. En palabras del diputado socialista Jaime Naranjo, “los motivos y fundamentos de esa acusación van a estar basados por haber infringido el principio de probidad y por comprometer gravemente el honor de la patria” (Cuba Debate, 8 de octubre 2021).
Iván Duque, presidente de Colombia, otro visceral defensor del modelo neoliberal, bilioso enemigo de los procesos emancipadores de la región, cómplice de innumerables programas de desestabilización contra gobiernos democráticos como Cuba, Venezuela y Nicaragua, mandatario de uno de los países con mayor índice de asesinatos de activistas sociales y ambientales, tiene en su lista de “socios protegidos”, sembrado en las Naciones Unidas, al magnate Isaac Gilinski como embajador alterno de Colombia en las Naciones Unidas. La familia Gilinski, dueños de la Revista Semana y bancos como GNB Sudameris, Lulo Bank, Servibanca, Productos Yupi, Plásticos Rimax, Hoteles Charleston Bogotá y otros negocios, se encuentran en la lista de los Pandora Papers (Papeles de Pandora). Jaime, hijo de Isaac, aparece en la lista con al menos con 19 sociedades offshore y el patriarca Isaac con 19 sociedades lavadoras y evasoras de impuestos fiscales.
¿No era del conocimiento del señor Duque las históricas evasiones fiscales de los emporios que protegió su gobierno con multimillonarios subsidios por haber registrado “perdida de ganancias en la pandemia”? ¿No era del conocimiento del señor Duque las movidas financieras en el mercado de la evasión fiscal de Isaac Gilinski, embajador alterno en las Naciones Unidas?
Este ejemplo de familias y corporaciones protegidas por la política de Estado de impunidad del crimen de cuello blanco en países “guardianes de la democracia”, quienes criminalizan las protestas sociales y hacen de la desaparición y asesinato la practica habitual de políticas de gobierno antidemocráticos, nos coloca ante tres escenarios en materia de política y derecho internacional: 1. Estructura internacional de impunidad existente en organismos como la OEA, CIDH y ONU; 2. Inexistente aplicabilidad del principio de subsidiaria del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y de los diferentes convenios y convenciones de las Naciones Unidas contra la corrupción y Delincuencia Organizada Transnacional (UNTOC) y 3. Prevalencia ideológica, más no jurídica, del Derecho Internacional bajo el control global de operadores del derecho con claras componendas neoliberales.
Frente al crimen, organización
Los instrumentos del derecho internacional están sobre la mesa. Lo que no existe es autoridad moral para implementarlos y aplicarlos en toda su rigurosidad. La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (UNTOC, 2000) y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC, 2010) solo son aplicables dentro del marco de guerra ideológica contra países contrahegemónicos. La “suscripción de sumisión” de servicio incondicional a Washington, y entidades asociadas, es la puerta de entrada privilegiada al sistema internacional de impunidad y protección contrario a todo principio establecido por la jurisprudencia del derecho internacional desde sus primeras manifestaciones hegemónicas en 1948.
Ninguna de las normativas internacionales sobre ética del funcionario público y prevención de delitos de funcionarios del Estado es cumplidas. Se han invertido y reinvertido miles de millones de dólares, de horas pagadas, operadores administrativos, de inteligencia, logísticos, de especialistas del derecho e industriales inversiones en maquinaria publicitaria para legitimar sistemas del crimen público que huyen de la firma y ratificaciones de los diferentes convenios y convenciones de las Naciones Unidas y organismos regionales; tremenda maquinaria perversa de la ideología hegemónica del derecho internacional.
¿Es la defensa de libertad y democracia aquella razón que se esconde por detrás de la voraz persecución de sistemas contrahegemónicos o la defensa de paraísos jurídicos y fiscales de la impunidad del crimen público y privado?
Sebastián Piñera, Pedro Pablo Kuczynski, Guillermo Lasso, Luis Abinader, Horacio Cartes Jara, y otros, ¿argüirán que son victimas del Foro de Sao Paulo, Cuba, Venezuela, Irán, Corea del Norte, Rusia, el lobo de la caperucita…? El inexistente Grupo de Lima, cartel del crimen político en manos de funcionarios públicos–perseguidos por la justicia por evasión fiscal y lavado de dinero–fueron millonariamente subvencionados escudándose en derechos y democracias defendidas sin que la ONU, OEA o CIDH dijera absolutamente nada sobre lo ético o no ético de tremenda patraña contra derechos como el de soberanía y autodeterminación de los pueblos. El éxito de la última reunión de la CELAC se levanta como necesaria y urgente demanda de los pueblos de la región en búsqueda de articulación autónoma y soberana sin la cual seguiríamos a la deriva. La rearticulación de organismos como ALBA o UNASUR, a la par de CELAC, son la única plataforma jurídico internacional que pueden hacer frente a la ineficacia y anacronismo no de los instrumentos del derecho internacional sino de los instrumentos orgánicos encargados de su aplicación.
A la par de rearticular plataformas políticas regionales, como las citadas, se imponen dos escenarios: 1. Prever sistemas de tutelaje regional en el marco de la soberanía de los pueblos. Al igual que la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, es igualmente fundamental sumar los esfuerzos regionales, citados párrafo anterior, en torno a una Organización de las Naciones del Sur (ONS) emulando iniciativas africanas desplazadas de la narrativa del derecho internacional y 2. Desde el marco de la seguridad regional, lamentablemente como respuesta a la lógica geoexpansiva de la industria bélica hegemónica, los sistemas militares de la región deben ser pensados no solamente desde sus particulares territorialidades sino desde espacios de integración académico, logística, operativa y estratégica como democráticas expresiones de la integración de los pueblos del Sur Global.
Papeles Panamá, Paraíso y Pandora, así como fallidos Grupos de Lima, son sólo la punta de un iceberg que se derrite frente al calor de soberanas voluntades; iniciativas sumadas en búsqueda de reafirmación y defensa ante derechos universales impuestos a favor de personas y corporaciones jurídicas dejando de lado derechos particulares construidos de seres de carne, hueso, historia, sentimientos y una tierra-Casa Común-que gime con ellos frente a la insensible e inhumana impunidad.
¡Los pueblos tienen la palabra!
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