Jaime Galarza Zavala* / El Telégrafo
Los jueces de Lago Agrio, Sucumbíos, acaban de sentenciar a la compañía norteamericana Chevron-Texaco al pago de 9.000 millones de dólares como reparación a la catástrofe ambiental causada durante el saqueo petrolero de los ricos campos de nuestra Amazonía. El juicio correspondiente se inició hace largos 17 años y se ha desarrollado como una intrincada carrera de obstáculos en tribunales del Ecuador y de Estados Unidos. Incidentes mil, alegatos sin cuento, testimonios prefabricados, montañas de documentos forman parte del proceso instaurado por las comunidades indígenas de la Amazonía y que, en el fondo, es la disputa desigual entre el amo todopoderoso y el vasallo pobre y desamparado. Un nuevo capítulo de la guerra continental entre el tiburón y la sardina.
La historia comenzó con esa vergüenza nacional que se llamó “Junta Militar de Gobierno”, adobada y cocinada por la CIA, la central oficial del espionaje y el terrorismo de Washington, que impuso al Ecuador el golpe de Estado del 11 de julio de 1963, una vez derrocado el presidente Carlos Julio Arosemena, sentando en Carondelet a los Cuatro Coroneles de la Traición: Ramón Castro Jijón, Marcos Gándara Enríquez, Guillermo Freile Poso y Luis Cabrera Sevilla. Muertos, heridos, centenares de presos políticos, asalto de universidades y de la Casa de la Cultura, destitución de alcaldes y prefectos, cierre del parlamento, decenas de exiliados fue la saga de esta triunfal acción imperial emprendida bajo el bastón de mando del embajador Maurice Bernbaum, llamado el Virrey.
Entre las ricas presas entregadas entonces al apetito de los yanquis figuró sn 1964 la concesión Texaco-Gulf en la región oriental. Una superficie más grande que las provincias de Pichincha o Guayas, esto por una bagatela de medio siglo y a precio de gallina enferma, como lo demostramos en 1972 en nuestro libro El festín del petróleo.
No fue la única acción entreguista de la Junta Militar que al mismo tiempo, para simular petriotismo, dictó un decreto de circo nacionalizando “las cumbres andinas”.
Si Esmeraldas se salvó entonces de la voracidad forestal del consorcio norteamericano Georgia Pacific, fue porque el pueblo derrocó a la Junta (29 de marzo de 1966). Lo que sí se perfeccionó en estricto secreto fue la firma del Modus Vivendi por el cual el Ecuador renunciaba en favor de Estados Unidos a su derecho sobre 200 millas marinas, como lo exigían los atuneros de San Diego, California.
Volvamos a Texaco-Gulf. Durante el gobierno del general Guillermo Rodríguez Lara, la compañía Gulf se negó a cumplir compromisos con el fisco, por lo que el Estado nacionalizó su paquete accionario. Texaco se quedó sola para después fusionarse con la Chevron.
La acción del consorcio fue devastadora. Se deforestaron centenares de miles de hectáreas, arrinconó más adentro en la selva a pueblos indígenas, deformando su sana vida natural con bares y prostíbulos, amén de contaminar lagos, ríos y suelos. Hasta hoy se puede ver incontables charcos petrolíferos en las comunidades, incluso al pie de las viviendas, con sus secuelas de enfermedades tóxicas y cáncer.
Ahora culmina una nueva fase del juicio con la sentencia condenatoria mencionada. Una resolución procesal de mínima justicia, que la arrogante multinacional no acatará, pues de inmediato ha presentado apelaciones en Ecuador y Estados Unidos. Además, sus voceros anuncian que, en represalia, el Congreso norteamericano debe privar al Ecuador de las preferencias arancelarias contribuyendo con ello a la asfixia de nuestra economía nacional, a la quiebra de exportadores ecuatorianos y al hambre popular. ¡Y todavía hay ecuagringos que añoran y claman por el retorno del poderío yanqui a nuestra patria!
*Escritor ecuatoriano, Premio Eugenio Espejo 2007
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