Andrés Mora Ramírez / AUNA-Costa Rica
(Fotografía: el Subsecretario Antidrogas, William Brownfield, estuvo “escoltado” en Honduras por el Ministro de Seguridad, Oscar Álvarez –izquierada- y por el embajador estadounidense en Tegucigalpa, Hugo Llorens -a la derecha-).
Un imperio que lanza promesas de seguridad y prosperidad económica a sus empobrecidas neocolonias del sur, pero que se muestra incapaz de resolver los problemas más acuciantes de su propia sociedad: por un lado, según cálculos de la organización Brady Campaign to Prevent Gun Violence, en Estados Unidos cada día mueren 86 personas por heridas con armas de fuego y “hay suficientes pistolas y rifles en manos civiles como para armar a todo adulto de su población”. Y por el otro, encontramos un modelo económico que reproduce, en el corazón del mundo libre, la desiguadad social y la pobreza y las lleva a niveles históricos: datos del Economic Policy Institute demuestran que el 1% más rico del país, recibe el 23% del ingreso total nacional; mientras tanto, el 14,3% de los estadounidenses viven en condición de pobreza; 50 millones de hogares no logran satisfacer sus necesidades de alimentación y 15 millones de personas permanecen desempleadas a inicios del año 2011 (La Jornada, 19-01-2011 y 26-01-2011).
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Una guerra al filo de la legalidad y el sentido común, que se dice contra el narcotráfico, pero cuyos combates solamente se libran fuera de los Estados Unidos: al costo de la cuasi militarización de amplias regiones del territorio mexicano, contra cárteles de la droga que compran armas legalmente en los bien nutridos y tolerados mercados de Texas y Arizona, y con un saldo de más 30 mil muertos en el ultimo lustro.
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Un alto funcionario del ejército estadounidense, Joseph Westphal, que hace público un secreto a voces: “hay una forma de insurgencia en México con los cárteles, que está justo sobre nuestra frontera. Esto no se trata sólo de drogas e inmigrantes ilegales. Esto es, potencialmente, sobre una toma de un gobierno por individuos que son corruptos” (La Jornada, 09-02-2011). Aunque luego se disculpó por el desliz, palabras más, palabras menos, las de Westphal son preocupaciones casi idénticas a las expresadas recientemente por la Secretaria de Estado, Hillary Clinton, y su vocero Philip Crowley, y que insisten en identificar a México como un Estado fallido, y a los cárteles de la droga como “una amenaza a la seguridad nacional” estadounidense. La conclusion es obvia: la intervención armada se prepara y asoma en el horizonte.
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Otro alto funcionario estadounidense, el Subsecretario Antidrogas William Brownfield, que anuncia en su visita oficial a Honduras –en un gesto de reconocimiento formal del regimen de Porfirio Lobo- el lanzamiento de un plan estratégico para Centroamérica en la guerra contra el narcotráfico: “una nueva estructura, un tipo de sombrero por encima de todas las iniciativas existentes [Plan Colombia y Plan Mérida]” (elfaro.net, 09-02-2011).
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La apuesta, otra vez, por las armas y los dólares para combatir el narcotráfico y la violencia (en Tegucigalpa, Brownfield habló de un aporte inicial de $200 millones de dólares para los gobiernos, policías y ejércitos de la región). Y junto a ello, el golpe de Estado en Honduras (uno de sus ejecutores, el General Miguel García Padgett, dijo una en una ocasión que las fuerzas armadas hondureñas actuaron para impedir que “el narcotráfico y el terrorismo” llegaran a Estados Unidos); los permisos otorgados por el gobierno de Costa Rica para la presencia de buques de guerra y marines en el territorio nacional; la instalación de bases aero-navales en Panamá; y los tratados de libre comercio firmados o negociados con México, Centroamérica y Colombia: son estos algunos de los elementos que conforman la dominación estadounidense de espectro completo -control político, económico y militar- del eje mesoamericano.
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Con ese imperio y su modelo económico, a esa guerra, por las decisiones de esos funcionarios proconsulares, bajos los términos y condiciones de sus planes estratégicos, para proteger intereses que no son los de nuestros pueblos, sino los de unas élites civiles y militares desprestigiadas, transnacionalizadas y sumisas, marchan México y Centroamérica en el siglo XXI.
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Las palabras de Oscar Álvarez, el polémico y cuestionado Ministro de Seguridad de Honduras, retratan de cuerpo entero los sueños imperiales de esas élites: “Hemos hecho cosas maravillosas sin mucho apoyo y haríamos más si tuviésemos el respaldo de Washington” (La Nación, 10-02-2011).
Macabro.
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