Discutir la consulta popular solo jurídicamente es una trampa, porque el asunto no es solo “técnico”, sino político.
Juan J. Paz y Miño Cepeda / El Telégrafo
La consulta popular convocada por el presidente Rafael Correa puede ser analizada desde una triple perspectiva: jurídica, política e histórica.
Abogados y juristas discuten la consulta como si fuera un asunto estrictamente legal. Derrochan palabras y citan artículos constitucionales para defender sus tesis a favor o en contra. De esta manera la ideología jurídica, como suele ocurrir ante acontecimientos sociales de significación histórica, deforma la realidad y pretende que los hechos sociales siempre se ajusten a las normas legales. Pero hay momentos históricos en los cuales los hechos superan a las leyes y hasta producen su quiebre. Así ocurrió con la Revolución de Independencia del Ecuador iniciada en Quito en 1809, la Liberal (1895), la Juliana (1925) o la Gloriosa (1944); y también con el proceso de retorno al orden constitucional en 1979 o con las rebeliones populares que derrocaron a Bucaram (1997), Mahuad (2000) y Gutiérrez (2005).
Aunque muchas veces parece no existir conciencia sobre el asunto, las argumentaciones jurídicas entre abogados y juristas responden a visiones políticas.
Los artículos y argumentos legales no solo se refieren a la consulta, sino que se dirigen a favor o en contra del presidente Rafael Correa, su impulsador. Por ello, discutir la consulta solo jurídicamente es una trampa, porque el asunto no es solo “técnico”, sino político.
A diario la clase política y todos los ecuatorianos que defienden o atacan la consulta se valen de argumentos provenientes de los generadores de ideología jurídica. Pero, además, crean los suyos propios y a su estilo. Por sobre las preguntas de la consulta, todos encuentran otras intenciones desde el gobierno.
Para bien o para mal. Y como la costumbre política nacional es “personalista”, el presidente Correa, según los gustos políticos de quien hable, puede lucir como “salvador” de la patria o como “dictador” y “totalitario”, empeñado en controlarlo todo.
Desde la perspectiva histórica, la consulta popular, como ha ocurrido en todas las consultas impulsadas por distintos gobiernos desde 1979, es un nuevo momento de confluencia de las confrontaciones por el poder. Y además un nuevo momento de movilización para el pueblo ecuatoriano, que tendrá que definir los resultados. Es, pues, otra oportunidad para la democracia directa, guste o disguste.
Histórica y políticamente, más allá de cualquier argumento, lo que está atrás es el juego de intereses sociales. Antiguos poderes se han visto afectados con el inicio del nuevo ciclo gubernamental abierto en 2007. Otros están readecuándose. La economía empresarial heredada de los años 80 y 90 cambió. Y en esa transición hacia un nuevo modelo de sociedad, la lucha política se polariza. Provoca definiciones individuales, así como de los partidos, movimientos y organizaciones. Incluso en las propias filas de Alianza País se producen tomas de posición. Es que la consulta popular no solo tiene que ver con la Constitución y la juridicidad existente. Involucra una alteración de realidades estatales, conceptos y principios antes tenidos como infalibles y sacrosantos.
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