Las cifras no mienten.
Si antes del TLCAN el país gastaba 1.800 millones en importar alimentos, ahora
invierte 24.000 millones con alta dependencia en soya, 95 %; arroz, 80 %; maíz,
70 %; trigo, 56 % y frijol, 33 %.
Hedelberto López Blanch / Rebelion
El tiempo les ha dado
la razón a los presidentes latinoamericanos que en 2005, en la Cumbre de las
Américas de Mar del Plata, Argentina, rechazaron integrar el Área de Libre
Comercio (ALCA) promocionada por Estados Unidos. Hoy sus países estarían en
iguales condiciones a las que padece México.
El Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), informó que de una
población cercana a los 110 millones, el 51,3 % vive sumido en la pobreza, es
decir, 55 millones de mexicanos carecen de los recursos elementales para cubrir
sus necesidades básicas.
Según Coneval, la cifra
resulta aterradora al incrementarse la espiral de pobreza año tras año sin que
existan visos de solución. En el 2008 el número de personas en esas condiciones
era de 50,6 millones, principalmente en Chiapas, Veracruz, Tabasco, Baja
California, Puebla, Jalisco, Guanajuato, Oaxaca, Guerrero, Morelos, Chihuahua y
el Distrito Federal.
Desde que el entonces
presidente Carlos Salinas de Gortari aprobó en diciembre de 1992 el Tratado de
Libre Comercio para América del Norte (TLCAN), que entró en vigor en enero de
1994, el hambre y la pobreza se han convertido en males mayores de los aztecas,
unido a la enorme violencia de los carteles de la droga en lucha por transportar
esa mercancía hacia el mayor consumidor de estupefacientes en el mundo: el
vecino Estados Unidos.
Una de las peores
consecuencias del TLCAN es la de haber obligado a más de 2 000 000 de
campesinos, junto a sus familiares, a abandonar las tierras que arrendaban por
los bajos precios de los productos y el abandono gubernamental.
Al acordarse la libre
exportación de mercancías, las empresas transnacionales y los agricultores
estadounidenses (con enormes subsidios gubernamentales y modernas tecnologías
de producción) inundaron los mercados mexicanos en detrimento de comerciantes y
agricultores nacionales.
Los campesinos emigran
en masa hacia las grandes ciudades donde les resulta sumamente difícil hallar
trabajo y pasan a engrosar las filas de los vagabundos, o los más jóvenes
tratan de cruzar las custodiadas fronteras norteamericanas en un vía crucis de
inmigrantes clandestinos.
Las transnacionales de
alimentos que operan dentro del país, se han convertido en las principales
productoras, importadoras, exportadoras y prácticamente se han adueñado del
control de la economía azteca.
Innumerables fuentes de
trabajo se esfuman tras la compra y concentración de tierras por esas
compañías, y por la utilización de nuevas técnicas industriales en la
agricultura.
Pequeñas granjas han
sido eliminadas por enormes emporios como Tyson, Smithfield, Pilgrims Pride que
se han adueñado de la producción ganadera a la par que provocan contaminaciones
del agua y la tierra por el afán de elevar las producciones sin cuidar el medio
ambiente. Como aseguran sus directivos, al final, el país no es de ellos.
El maíz, alimento
básico ancestral del mexicano cuya producción nacional abastecía a toda la
población y quedaban excedentes para la exportación, ha sido prácticamente
eliminado de sus campos desde la entrada en vigor del TLCAN, al cuadruplicarse
las importaciones de esa gramínea procedente de Estados Unidos.
Con los aumentos en los
precios internacionales de los alimentos, provocado muchas veces por compañías
intermediarias (entre las que destacan Maseca /Archers, Daniel Midland y
Cargill) que juegan con el hambre de los pueblos para enriquecerse, los precios
de la tortilla de maíz son casi inalcanzables para los mexicanos.
Las cifras no mienten.
Si antes del TLCAN el país gastaba 1 800 millones en importar alimentos, ahora
invierte 24 000 millones con alta dependencia en soya, 95 %; arroz, 80 %; maíz,
70 %; trigo, 56 % y frijol, 33 %.
Gracias al TLCAN,
funcionarios del Departamento de Agricultura en Washington señalan que en los
próximos años, México deberá adquirir el 80 % de los alimentos en otros países,
principalmente en Estados Unidos. Llevada de las riendas del Tratado de Libre
Comercio, muchos analistas consideran a la nación azteca una dependencia de
Washington, debido a las leyes neoliberales que permiten a las compañías
extranjeras utilizar mano de obra barata para sus producciones, explotar sus
recursos naturales, extraer petróleo a precios preferenciales y exportar los
excesos de mercancías norteamericanas hacia ese país.
Mientras esta situación
ocurre en México, un reciente informe de la Comisión Económica Para América
Latina (CEPAL) señaló que ese flagelo ha disminuido en la región y actualmente
afecta a 168 millones de personas, equivalente al 30 % de la población, aunque,
agrega, se trata de la más baja en las últimas tres décadas.
Para la CEPAL, los
niveles de pobreza continuarán reduciéndose aunque a un menor ritmo, hasta
cerrar el año en una tasa del 28,8%, equivalente a 167 millones de personas,
gracias al crecimiento económico y a la moderada inflación.
En los últimos años,
varias naciones entre las que destacan Venezuela, Bolivia, Ecuador, Argentina,
Nicaragua y Brasil posibilitaron que las cifras de pobreza se redujeran al
llevar adelante políticas sociales a favor de sus habitantes y tomar medidas
para que las transnacionales no saqueen sus economías.
El incremento de la
desigualdad es otro aspectos que golpea a la nación azteca ya que mientras más
de la mitad de la población no puede acceder a sus necesidades alimenticias,
educacionales o de salud, solo ocho magnates nacionales poseen una fortuna de
más de 90 000 millones de dólares que equivale al 10 % de Producto Interno
Bruto (PIB) del país.
El Tratado ha permitido
el enriquecimiento de una minoría criolla, a la par que posibilitó a Washington
mantener un mayor control sobre la economía azteca en detrimento de su pueblo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario