L'Ombelico del Mondo, noticiero internacional de Radionauta FM,
dialogó con el intelectual y activista colombiano por los derechos humanos,
Renán Vega Cantor, acerca de la situación social en el Catatumbo y la posición
internacional de Colombia en este momento histórico.
Marcha (Argentina)
Renán Vega Cantor |
El mandatario colombiano Manuel Santos acusó a las FARC de fomentar
las rebeliones que hace más de 40 días protagonizan los campesinos de la región
fronteriza del Catatumbo. Mientras tanto la Asociación Campesina del Catatumbo
(Ascamcat) pidió públicamente refugio político a Venezuela para niños, mujeres
y ancianos de la región ante la ola represiva desatada por el gobierno que ya
cobró cuatro víctimas.
Todo esto en medio de un reacomodamiento de la política internacional
colombiana, cada vez más alineada con la Casa Blanca y sus aliados regionales.
Renán Vega Cantor, profesor titular de la Universidad Pedagógica Nacional de
Bogotá y referente del pensamiento crítico latinoamericano, analizó la
situación social y geopolítica de su país.
-¿Qué es lo que está sucediendo
hoy en el Catatumbo?
El Catatumbo es una zona muy rica en recursos naturales como petróleo
y carbón. Tiene diversos climas y una tierra muy fértil. Pero como sucede en
varios países de Nuestramérica en el medio de esta riqueza natural se
desenvuelven comunidades que viven en la más absoluta pobreza y en la miseria.
Es una zona que ha sido sometida a un proceso de violencia estructural
a lo largo del siglo XX por parte de compañías petroleras de Estados Unidos que
masacraron a las comunidades indígenas de la región. Luego los colonos atraídos
por la bonanza petrolera se convirtieron en campesinos y siempre han estado
sometidos a pésimas condiciones de existencia. No hay infraestructura, no hay
escuelas, no hay salud, y en los últimos quince años esto se acentuó con la
presencia de grupos paramilitares que han organizado masacres terribles.
Los campesinos han soportado históricamente la represión, y en
distintos momentos han organizado sus luchas desde la época de los trabajadores
petroleros. De tal manera que la lucha que estamos viendo hoy es la
continuación de un proceso histórico de los campesinos que luchan contra el
despojo a los que son sometidos por grandes terratenientes y por grandes
empresas multinacionales.
Allí hay dos tipos de política. Una del Estado colombiano ligada a los
intereses de los terratenientes y capitalistas locales, que todo lo que están
realizando apunta a expulsar a los campesinos de la región. Y el proyecto que
se contrapone es el de otros sectores sociales que reivindican el derecho a la
tierra, condiciones de vida dignas, salud, educación, y que se los reconozca
como un actor social legítimo.
Hubo un hecho que fue el detonante de lo que está sucediendo. En agosto
de 2011 el instituto colombiano que se encargaba de los predios rurales aprobó
la constitución de una reserva campesina en el Catatumbo pero que nunca se ha
hecho realidad. Los campesinos ya se cansaron de esperar y organizaron este
paro que ya lleva más de un mes donde reivindican el establecimiento de la
reserva campesina, que se les permita realizar un plan de desarrollo sostenible
por ellos mismos, y además un punto central es la erradicación forzada de
cultivos de coca en la región que sustentan los operativos militares que allí
se desarrollan y que han generado una gran cantidad de violaciones a los
derechos humanos y masacres.
-¿Qué implicaría la creación de
una zona de reserva campesina?
Zonas de reserva campesina en realidad es una denominación jurídica
que tiene casi veinte años y goza de reconocimiento legal en la constitución y
las leyes del Estado colombiano. Sin embargo, Colombia es un país muy formal,
que le rinde mucho culto a las normas, pero lo que aparece en el papel casi
nunca se pone en práctica en la realidad. Más si lo que está en el papel
beneficia de alguna manera a los sectores populares.
Las zonas de reserva campesina existen desde la década de 1990 pero
sólo se han podido establecer seis, que han sido criminalizadas y perseguidas,
gran parte de sus dirigentes han sido asesinados y su suelo ocupado. Según la
ley debería ser un lugar manejado por los mismos campesinos, autónomo y con
límites territoriales para que no caiga en manos de los grandes terratenientes.
Para que las zonas de reserva campesina funcionen se necesita del apoyo y el
reconocimiento del Estado. Esto nunca se ha hecho realidad.
Ahora que estamos en medio de las conversaciones de paz entre las FARC
y el gobierno, volvió en la mesa del debate el tema de las reservas campesinas.
Pero si se los pide las FARC, y en total serían unos 9 millones de hectáreas,
esto comienza a ser un problema y los campesinos son criminalizados como
miembros de la insurgencia. Y entonces sigue el conflicto entre los dos
modelos.
-Y esto tiene repercusiones
internacionales por su cercanía con Venezuela.
Es una zona geopolíticamente muy importante en términos fronterizos
por varias razones. En primer lugar la presencia del Estado colombiano pero no
en términos legales sino militares. En términos legales las fronteras del país
son muy permeables, con poca presencia estatal en términos sociales y
económicos. Esta es una frontera por donde circula mucho tráfico ilegal de
gasolina desde Venezuela, y es lo que ha nutrido el paramilitrarismo en la
región, ligado en gran medida al Estado. Pero también desde allí se han
preparado agresiones paramilitares para incursionar en territorio venezolano.
Es una zona de disputa territorial y de fortalecimiento por parte del
Estado colombiano, que ha invertido mucho ahí pero no para solucionar los
problemas de los campesinos sino de fortalecimiento militar. Y en la frontera
con Venezuela esto tiene repercusiones de tipo geopolítico internacional.
Porque estamos hablando de la presencia de tropas extranjeras y servicios
secretos de los EEUU que están posicionados en un lugar tan estratégico como es
este y otros a lo largo de la frontera con Venezuela.
-En este sentido, ¿cuál es el
rol que está jugando Colombia con respecto a la integración regional?
Colombia es la Israel de Sudamérica. No es simplemente una consigna.
Si analizamos la historia colombiana nos damos cuenta de que es una cuestión
profundamente real. Hay un sin número de hechos. Por ejemplo el bombardeo
ilegal que realizó el ejercito colombiano en 2008 en Ecuador donde masacró a 26
personas, entre ellos cuatro estudiantes mexicanos y un ecuatoriano, y donde
fue asesinado un miembro del secretariado de las FARC Raúl Reyes. Un crimen de
guerra que fue condenado hasta por la OEA y que significó un conflicto
diplomático de larga duración y que tuvo repercusiones inclusive en el
intercambio económico con Ecuador y Venezuela.
Pero hay una gran cantidad de hechos de esa naturaleza y la política
colombiana en ese sentido no ha cambiado. El ex presidente Uribe, quien fue el
portador de esa política cuasi expansionista del ejército colombiano, que
pretendía tener el derecho de ocupar, invadir y bombardear a otros países donde
supuestamente haya miembros de la insurgencia, llegó a decir que no le alcanzó
su mandato para invadir a Venezuela pero lo hubiera hecho.
Cuando Santos llega a la presidencia de la república, la situación del
intercambio comercial con Venezuela era tan negativa para el país, que debió
recomponer diplomáticamente las relaciones. Pero su política no ha cambiado.
Eso se ha confirmado por ejemplo con el saboteo a la cumbre de Unasur que
impulsó la Alianza del Pacífico, que es promovida por los EEUU con sus aliados
incondicionales. O el haber recibido, sin guardar el más mínimo decoro
diplomático, a Henrique Capriles con los honores que se le hacen a un jefe de
Estado, cuando es un personaje de la oposición y con un pasado no muy santo. Es
parte de una política a largo plazo que no creo que vaya a cambiar por más que
haya acuerdos circunstanciales entre Colombia y Venezuela. Hay una estrategia
de saboteo que apunta a que los procesos nacionalistas en marcha en el
continente se acaben.
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