El tráfico ilícito de drogas entre América Latina y el Caribe y EE.UU.,
influye sensiblemente en las medidas que debe tomar el Estado cubano para
proteger su territorio y a sus ciudadanos del trasiego y consumo de drogas, a
pesar de que los índices de consumo y trasiego en Cuba no son significativos
respecto a la regularidad en la región.
Alejandro
L. Perdomo Aguilera y Santiago Espinosa Bejerano*
Especial para Con Nuestra
América
Desde La Habana, Cuba
El combate al narcotráfico es uno de los ámbitos donde han avanzado las relaciones entre Cuba y EE.UU. |
Introducción
La lucha contra el tráfico ilícito de drogas ha sido uno de los temas
donde mayor coincidencia ha existido entre Cuba y los Estados Unidos de
América, en cuanto a la necesidad de luchar contra el tráfico ilícito de
drogas. Gracias a ello se ha establecido una coordinación puntual para su
enfrentamiento, que ha estado avalada por la eficiente labor de las autoridades
cubanas en el control e interdicción de estupefacientes y sustancias
psicotrópicas. A partir de este entendido, el trabajo tiene como objetivo
presentar los retos y perspectivas entre los gobiernos de Cuba y los Estados
Unidos de América, en torno a la posible y necesaria profundización en la
cooperación para la lucha antinarcóticos.
El tráfico de drogas es un negocio que genera prácticas ilícitas y se
asocia a delitos conexos de criminalidad transnacional como el lavado de
dinero, el tráfico de armas, personas y órganos. Las disímiles repercusiones de
narcotráfico lo convierten en una de las amenazas más importantes para la
seguridad nacional de los estados-naciones, así como la seguridad
internacional.
El comercio de drogas ilícitas y estupefacientes tiene un importante
trasfondo económico. A través del negocio ilícito de las drogas genera cada a
nivel internacional anualmente 320 000 millones de dólares, con un mercado que
sobrepasa los 200 millones de consumidores a nivel global. (ONUDC, de United
Nations Office on Drugs and Crime, 2012). Alrededor de estas realidades se
tejen una serie de intereses económicos, políticos y diplomáticos. Ello
repercute en los niveles de violencia, criminalidad e inseguridad de la
sociedad internacional.
El papel de los EE.UU. en el
enfrentamiento al tráfico ilícito de drogas y otros delitos conexos.
En la década de 1980, el tráfico de estupefacientes de América Latina y
el Caribe hacia los Estados Unidos comenzó a tomar repercusión en la seguridad
de ese país. Ante esa situación, el entonces presidente Ronald Reagan promulgó
la declaración de la guerra contra las drogas en febrero de 1982. (Bagley, 1989)
Obviamente Reagan no fue el primer presidente en atender este flagelo.
En 1914 fue aprobada el Acta de Harrison que ilegalizaba el consumo de la
cocaína y de los opiáceos. El presidente Nixon también atendió el tema al igual
que el demócrata James Carter. Sin embargo, Ronald Reagan fue el que planteó
una política más fuerte contra este problema que, además, ya había tomado una
mayor importancia en cuanto a los montos de tráfico y consumo.
La política exterior de Reagan construyó pretextos para justificar la
injerencia de ese gobierno en los asuntos internos de otros Estados y evaluar
la bilateralidad multi-causal del tema del narcotráfico. Este fue un aspecto
cardinal de la proyección hacia Centroamérica en el contexto del apoyo a las
fuerzas contrarias a la Revolución Sandinista y a los movimientos de liberación
nacional, particularmente en el Salvador.
Los conflictos en Centroamérica durante la década del 80, acrecentaron
las diferencias entre Cuba y los Estados Unidos. El gobierno de Reagan
incrementó la agresividad contra la mayor de las Antillas con nuevos planes
desestabilizadores, que eran justificados con una fuerte campaña mediática y
diplomática que criticaba el apoyo que ofrecía el gobierno cubano a los
movimientos progresistas de la subregión centroamericana. El Informe de Santa
Fe I de mayo de 1980, expresa la resistencia de Washington a la colaboración
brindada por Cuba a los movimientos de izquierda en Latinoamérica,
especialmente hacia Nicaragua, el Salvador y Guatemala. (García, 2008)
Entre los objetivos de esta política estaban impedir la aparición en
Centroamérica y el Caribe, de nuevos estados de corte cubano, que pudiera
amenazar la seguridad de Estados Unidos, convirtiéndose en una plataforma de
actividad subversiva que pusiera en peligro las vías marítimas vitales para dicha
seguridad. En este sentido, la Administración Reagan (1981-1989) dispuso como
una de las condiciones para restablecer las relaciones con el Archipiélago, el
compromiso por la parte cubana a no exportar la Revolución. (García Iturbe,
2008)
Debido a estas circunstancias y al hábil manejo del presidente Reagan en
los medios de comunicación, la cruzada contra las drogas obtuvo el apoyo de los
sectores conservadores, que le permitió crear las bases sociales y políticas
para impulsar una legislación contra el narcotráfico más severa. De esta forma,
en 1986 se aprobó en el Congreso Federal un Acta antidrogas que solicitaba un
papel más activo de las fuerzas armadas en las fronteras aéreas y marítimas,
para la interdicción de estupefacientes. Con ello se impulsó a nivel Federal el
aumento de los gastos para el programa de control de narcóticos en los siete
años posteriores de sus dos mandatos, alcanzando 43 billones de dólares anuales
en el año 1988. (Bagley,
1989)
El objetivo central del Acta antidrogas era la reducción del trasiego
preveniente del exterior, particularmente desde América Latina y el Caribe. La
legislación facilitó el incremento en 1.7 billones del total de las
autorizaciones del presupuesto federal para la campaña antinarcóticos, que
llegó al monto de 3.9 billones para el año fiscal de 1987. (Bagley, 1989)
En 1988
el Congreso Federal cuestionó las políticas de Reagan en la guerra antidrogas.
En estas críticas se destacó el actual Secretario del Departamento de Estado
del segundo mandato de Obama, John Kerry, que por aquel entonces era senador
demócrata del Estado de Massachusetts. Kerry protestó la “pasividad” de las
investigaciones gubernamentales respecto a los Contras que participaron en el
negocio de las drogas, para costear la guerra contra los Sandinistas en
Nicaragua.
La política de Reagan contra las drogas tuvo como limitante que solo fue
aplicada de manera unidireccional. Por ello, se priorizó el control sobre la
oferta de estupefacientes provenientes de América Latina y el Caribe, sin
atender las consecuencias de este negocio para las poblaciones de donde
provenían las drogas, ni la desproporción entre la seguridad de la frontera
estadounidense y la de los países emisores, lo que posibilitó variar las rutas
de acceso al mercado estadounidense, vulnerando su seguridad.
Durante las dos últimas décadas se han incrementado los programas
antidrogas en la región, entre los que se destacan el Plan Colombia y la
Iniciativa Mérida, a través de los cuales se ha desarrollado la militarización,
con efectos perjudiciales para la seguridad interna de los países más
afectados. La extensión de las estrategias del gobierno estadounidense contra
el narcotráfico por todo el hemisferio occidental, muestra que más allá de los
logros en interdicción de estupefaciente y sustancias psicotrópicas que se
suelen reportar, el negocio de la producción y comercialización de drogas
ilícitas se sigue esparciendo por las Américas, con un creciente impacto
internacional.
(Perdomo, 2012)
Luego de más de 30 años de la mencionada declaración de guerra contra
las drogas de Reagan, el narcotráfico continúa afectando la seguridad y la
prosperidad interamericana, ampliando sus cárteles desde la subregión andina
hacia todo el hemisferio, con particular incidencia en México y Centroamérica.
Esta situación denota fallas en las políticas aplicadas hasta el momento, que
argumentan la necesidad de una modificación de los instrumentos y vías,
particularmente militares, en la lucha antinarcóticos. Con ese fin debe
impulsarse una cooperación más coordinada, donde se atiendan las peculiaridades
de cada país y se tomen en cuenta los intereses de ambas partes.
Hacia un necesario acuerdo
bilateral entre Estados Unidos de América y la República de Cuba
Desde 1999 se estableció una cooperación caso a caso para la lucha
contra el narcotráfico entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos, a sólo
unos meses del fin del segundo mandato del presidente demócrata William
Clinton. A partir de esta coordinación se dispuso de un encargado de Guardacostas
en la Sección de Intereses de EE.UU. en La Habana (USINT), para mantener una
comunicación operacional con las autoridades cubanas, estableciéndose los
protocolos para la cooperación caso a caso entre ambos gobiernos. En las
coordinaciones realizadas por más de una década se ha probado la factibilidad
de esta relación, apreciándose las potencialidades existentes por ambas partes
para una relación más activa. (Beardsworth, 2009)
Sobre este aspecto realizó
declaraciones positivas el general Barry McCaffrey, quien en su desempeño como
jefe de la Oficina de Control de Drogas de la Casa Blanca, señaló la conveniencia de una expanción de la
colaboración entre Guardacostas y Guardafronteras, así como la ampliación de
los contactos y la coordinaciones entre los mandos militares en la zona de
Guantánamo. (Alzugaray, no. 62-63: , abril-septiembre de 2010.)
No obstante a este avance,
académicos estaodunideses como Randy Beardsworth, opinan que incuso dentro de
los marcos existentes, Estados Unidos pudiera ampliar las relaciones
bilareales. Sin embrago, el escenrario ideal sería con la firma de un acuerdo
entre ambas naciones que diera paso a una relación más fructífera en la lucha
contra el narcotráfico.
La posibilidad de la firma de un acuerdo bilateral con la República de
Cuba sería un paso trascendental del gobierno de los Estados Unidos de América,
en favor de conducir una política más profunda en la lucha antinarcóticos,
donde prevalezcan los intereses de seguridad sobre la politización sufrida en
la relación bilateral.
El gobierno estadounidense ha reconocido la eficiencia de Cuba en el
enfrentamiento al tráfico ilegal de estupefacientes en los últimos informes
anuales del Departamento de Estado, como se corrobora en el reporte del 7 de
marzo de 2012, titulado “Estrategia para el Control Internacional de
Narcóticos”. (INCSR, 2012) Estos documentos reflejan las oportunidades que
existen para el cambio hacia una política más pragmática, que priorice los
intereses de seguridad nacional sobre los factores político-ideológicos,
influidos por el lobby cubanoamericano, que impiden la consolidación de la
seguridad de los EE.UU. en el Caribe.
La coordinación positiva que se ha establecido entre los especialistas
del Ministerio del Interior (MININT) de Cuba, desde la Dirección Nacional
Antidrogas (DNA) y las Tropas Guardafronteras (TGF) con el gobierno
estadounidense, mediante el encargado de Guardacostas de la Sección de
Intereses de EE.UU. en La Habana (USINT), demuestra las potencialidades
existentes. Según la USINT entre los objetivos básicos de su trabajo se
encuentra realizar “(…) los esfuerzos por reducir la amenaza global que
representa el crimen y el narcotráfico”. (Sitio oficial de la Sección de
Intereses de Estados Unidos en La Habana ( USINT), 2012)
El establecimiento de un acuerdo con Cuba, abriría un abanico de
posibilidades para profundizar las relaciones, sobre la base del respeto y el
interés mutuo. No obstante a que en la actualidad existe una cooperación caso a
caso entre ambos gobiernos, la práctica ha mostrado que esta cooperación
resulta insuficiente.
A pesar de que la propuesta de Cuba para un acuerdo bilateral con
Estados Unidos de América es similar a la establecida con los otros países con
que mantiene relación, el acuerdo no ha sido respondido por Estados Unidos.
Mediante la concertación de un acuerdo bilateral, el gobierno de Estados Unidos
América podría lograr:
• Una mayor seguridad en sus
fronteras aéreas y marítimas, con un intercambio de información operacional en
tiempo real que aumentaría la eficiencia y competitividad de las autoridades a
cargo.
•
Podría disminuir la penetración
de drogas a partir de un intercambio más sistemático y no caso a caso entre los
especialistas de ambos Estados. Ello perfeccionaría los niveles de control e
interdicción por las autoridades ambos países, con el impulso de cursos de
capacitación técnica-operacional, propicios para el intercambio de
experiencias.
• Le concedería un mayor
pragmatismo en la lucha antinarcóticos, al concertar de manera oficial con un
actor de prestigio y credibilidad en el hemisferio occidental para el
enfrentamiento a este flagelo.
• Podrían establecerse mecanismos
de cooperación en la asistencia médica-humanitaria. La colaboración médica,
desarrollaría la prevención y los tratamientos de rehabilitación para los
consumidores no sólo de ambos países, sino también para la cooperación con
terceros.
•
Obtendrían una actualización
más precisa sobre las rutas y los medios que se ejecutan en el trasiego de
drogas y otros delitos conexos, que dinamizaría las vías de información e
identificación coordinada de grupos criminales, embarcaciones, así como las
distintas formas en que operan para el trasiego de cargas, lo cual permitiría
hallar las formas más viables para su control y captura.
• Estados Unidos de América
consolidaría su sistema de seguridad al profundizar el intercambio
técnico–operativo con un país de alta eficiencia en la lucha antinarcóticos.
• Este acuerdo, además, mejoraría
la imagen internacional de EE.UU. al preponderar sus intereses de seguridad nacional
sobre el conflicto político-ideológico entre ambos países.
Un paso diplomático de esta índole, demostraría la voluntad política del
gobierno estadounidense para avanzar en la regularización de las relaciones con
Cuba, desde una óptica más objetiva, que tome en cuenta los beneficios que
tendría para su seguridad nacional y respete la soberanía y autodeterminación
del pueblo cubano.
El sistema de enfrentamiento,
prevención y cooperación internacional de Cuba en la lucha antidroga
El tráfico ilícito de drogas entre América Latina y el Caribe y EE.UU.,
influye sensiblemente en las medidas que debe tomar el Estado cubano para
proteger su territorio y a sus ciudadanos del trasiego y consumo de drogas, a
pesar de que los índices de consumo y trasiego en Cuba no son significativos
respecto a la regularidad en la región. Ante la posición geoestratégica de Cuba
(Véase Anexo 1 y 2), ubicada en un área donde se entrecruzan varios corredores
(aéreos y marítimos) del tráfico de estupefacientes hacia y desde los Estados
Unidos, el sistema de vigilancia y control del gobierno cubano ha debido
configurarse en función de enfrentar responsablemente a ese flagelo.
La seguridad cubana establecida para este problema, se organiza desde el
Ministerio del Interior (MININT), en coordinación con el Ministerio de las
Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR). Para ello cuentan con la Dirección
Nacional Antidrogas (DNA), la Comisión Nacional de Drogas (CND) y las Tropas
Guardafronteras (TGF), que vigilan las aguas
jurisdiccionales, las costas y el espacio aéreo con la Operación Aché, en sus
diferentes ediciones. La Aduana General de la República se encarga del control
en los aeropuertos, puertos y marinas internacionales. Para enfrentar el escaso
mercado interno existe la Operación Coraza Popular, iniciada en 2003.
El MINFAR le presta una gran importancia al enfrentamiento al tráfico de
drogas. La Marina de Guerra revolucionaria (MGR) colabora estrechamente con las
Tropas Guardafronteras (TGF) en la localización e intercepción de naves
sospechosas que penetran las aguas cubanas. La Fuerza Aérea actúa de forma
similar, ubicando los movimientos de las naves y detectando la posible
existencia de cargas de drogas en los mares que rodean al archipiélago. El
Ejército tiene la tarea de barrer extensas zonas de playas y pantanos con el
objetivo de detectar recalos de drogas. (Keplak, abril-septiembre 2010)
La Dirección Nacional Antidrogas (DNA) es la
dirección rectora del Sistema Ministerial de Enfrentamiento a las Drogas y por
tanto la encargada del enfrentamiento operativo y estratégico contra el tráfico
ilícito de drogas y otros delitos conexos como el lavado de dinero. Para ello
centraliza la información relacionada con estos delitos, y desarrolla los
contactos con la INTERPOL y los servicios antidrogas de otros países. Esta
cooperación con otros países e instituciones, se fundamenta en la firma de
acuerdos bilaterales y regionales de colaboración conjunta en la lucha contra
el narcotráfico.
La Comisión
Nacional de Drogas (CND) se encarga de dirigir el sistema de prevención, en
coordinación con los órganos pertinentes de la Administración Central del
Estado y las diversas organizaciones políticas y de masas con que cuenta la
nación. Este trabajo tiene un impacto favorable en la reducción de la demanda
de estupefacientes y la socialización de los programas de prevención.
El programa nacional de prevención del uso indebido
y control de drogas, es dirigido por la Comisión Nacional de Drogas (CND), en
coordinación con el Ministerio de Salud Pública (MINSAP) y las diferentes
organizaciones políticas y de masas, que apoyan el sistema de prevención y
rehabilitación. Este programa se traza hacia áreas específicas de atención,
como la salud mental y las adicciones, y la labor en el sistema educacional;
con planes de atención que van desde el trabajo con la niñez, la adolescencia y
juventud, hasta las universidades.
Los objetivos esenciales del sistema de enfrentamiento y prevención del
trafico consumo ilícito de estupefacientes son la reducción de oferta de drogas
(la cual es insignificante respecto a la norma de la región), imposibilitando
que los narcotraficantes tengan en el archipiélago una ruta establecida.
La legislación cubana ha mantenido una política estricta en la
prevención y penalización del tráfico ilícito de estupefacientes y otros
delitos conexos. En el Código Penal cubano, máxima ley sustantiva penal, en el
título tercero del capítulo V de la sección cuarta, en el artículo 190.1 y
siguientes, el legislador cubano ofrece una protección amplia a tales delitos,
pues tipifica las conductas de: “Producción, Venta, Demanda, Tráfico,
Distribución y Tenencia Ilícitos de Drogas, Estupefacientes, Sustancias
Sicotrópicas y Otras de Efectos Similares.”
La denominación de esta sección fue modificada por el artículo tercero
del Decreto-Ley número 150 del 6 de junio de 1994. (Véase en: Gaceta Oficial de
la República de Cuba. Código Penal de Cuba. En: http://www.gacetaoficial.cu/html/codigo_penal.html#A6).
También han sido implementadas otras medidas sancionadoras de índole
administrativa entre las que se destacan: el Decreto 277 de 1995 y el Decreto
Ley 232 del 21 de enero del 2003, para la confiscación de tierras
y bienes por cultivo de marihuana. El decreto Ley 232 dispone en su artículo
número uno: “la confiscación o, en su caso la pérdida del respectivo derecho de
las viviendas o locales, en los que: a) se produzca, trafique, adquiera,
guarde, consuma, oculte o de cualquier otro modo se realicen hechos que,
directa o indirectamente, se hallen relacionados con las drogas ilícitas,
estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otras de efectos similares.” (Gaceta Oficial de la
República de Cuba. en: www.gacetaoficial.cu)
También se perfeccionó la tipificación contra el delito de lavado de
dinero y la aplicación de la confiscación de bienes y productos obtenidos a
través del negocio de las drogas. En el título XIV en el capítulo segundo, artículo 346.1
regula: “ El que adquiera, convierta o transfiera recursos, bienes o derechos a
ellos relativos, o intente realizar estas operaciones, con conocimiento o
debiendo conocer, o suponer racionalmente por la ocasión o circunstancias de la
operación, que proceden directa o indirectamente de actos relacionados con el
tráfico ilícito de drogas, el tráfico ilícito de armas o de personas, o
relacionados con el crimen organizado, incurre en sanción de privación de
libertad de cinco a doce años.” (Gaceta
Oficial de la República de Cuba. Véase: Código Penal de Cuba. En: http://www.gacetaoficial.cu/html/codigo_penal.html#A6)
En el enfrentamiento al blanqueo de capitales, el Banco Central de Cuba
emitió la Resolución número 66 de 1998, en materia de secreto bancario y la
Resolución número 91 de 1997, referida a la metodología para la detección de
dinero ilícito. Para la prevención del uso de
drogas ilegales se han realizado importantes modificaciones como las recogidas
en Ley 41 de 1983; la Resolución número 67 de 1996, que regula el Control de
los Precursores y Sustancias Químicas Esenciales y la Resolución número 37 de
1998 del Ministerio de Salud Pública (MINSAP).
Gracias a este sistema de enfrentamiento y prevención, la República de
Cuba ha mantenido un riguroso control que registra entre sus últimas cifras, la
ocupación de 1,44 toneladas de narcóticos en los primeros cinco meses del año
2012, la mayoría de estos relacionados con los recalos. (Sitio Oficial del MINREX,
2012) El trabajo
de las autoridades cubanas en el enfrentamiento a este flagelo le ha
posibilitado una alta eficiencia, logrando sus mayores cifras en 2011. “En
total se enfrentaron 399 hechos de recalos (291 más que en el 2010), en los que
se incautaron 8 508 kg de drogas, la mayoría marihuana (8 418 kg), 81.7 kg de
cocaína y 7.42 kg de hachís.” (Fernández, Granma, 13 de enero de 2012)
En el ámbito internacional Cuba
ha demostrado seriedad en el cumplimiento de sus responsabilidades como país
signatario de las Convenciones de la ONU, relativas a la lucha antidroga como
la Convención Única de la ONU de 1961, ratificada por Cuba el 30 de Agosto de
1962 y su Protocolo enmendado en 1972, al cual se adhiere La Habana el 14 de
diciembre de 1989; el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de la ONU de
1971, ratificado por la Isla el 26 de abril de 1976; la Convención de las
Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias
Sicotrópicas de 1988, ratificada por Cuba el 5 de
junio de 1996; la Convención de la ONU contra la Corrupción de 1988; la
Convención de ONU contra la Delincuencia Transnacional Organizada y de su
Protocolo contra la Fabricación y Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego.
La República de Cuba es Estado Miembro de la Comisión de Estupefacientes
de las Naciones Unidas desde 1996, de las reuniones de Jefes de Organismos
Encargados de Combatir el Tráfico Ilícito de Drogas (HONLEA) de la ONU para
América Latina y el Caribe, del Plan de Acción de Barbados para la Cooperación
en el Caribe sobre Drogas, desde su creación en 1996 y del mecanismo de
Coordinación y Cooperación de la Unión Europea, América Latina y el Caribe,
también desde su fundación en el año 1999.
Cuba participa sistemáticamente en conferencias internacionales de lucha
contra el narcotráfico, como la reunión de Jefes de las Naciones Unidas de los
Organismos Nacionales Encargados de Hacer Cumplir la Ley (HONLEA), presentando
las estadísticas trimestrales sobre las interdicciones de drogas a la Junta
Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de las Naciones Unidas
(JIFE), según afirma el informe de la Oficina de Asuntos Narcóticos
Internacionales y Aplicación de la Ley, del Departamento de Estado en el INCSR
del 7 de marzo 2012. (Véase en: http://www.state.gov/j/inl/rls/nrcrpt/2012/vol1/184098.htm)
Las autoridades cubanas mantienen también una coordinación fructífera
con la Organización Mundial de Aduanas (OMA) confirma su compromiso a colaborar
en la lucha internacional contra este flagelo. Con ese objetivo, el gobierno
cubano ha fomentado su cooperación con diversos países y ha ratificado acuerdos
con la Federación Rusa, y con Canadá y el Reino Unido de Gran Bretaña (RUGB) ha
llegado a memorandos de entendimiento. Estos memorandos de entendimiento en la
práctica resultan acuerdos bilaterales, como el acuerdo bilateral entre Cuba y
Estados Unidos por el tema migratorio.
Un ejemplo de la factibilidad de estas colaboraciones se aprecia en la
establecida con el Reino Unido de Gran Bretaña (RUGB) desde 1994. Esta relación
ha permitido la concertación de un amplio programa de entrenamiento actualizado
para los oficiales cubanos y el suministro de equipos de alta tecnología al
MININT, destinados a la lucha contra las drogas, lo que muestra el respeto y
consideración de ese país por la rigurosa política antidroga que establece
Cuba. (Keplak, 2010)
Según el jefe de la Dirección Nacional Antidrogas (DNA), el Coronel
Domingo Ibáñez: “Cuba tiene suscritos acuerdos bilaterales en ese esfuerzo con
35 naciones, entre estas Argentina, Bahamas, Brasil, Bolivia, Chile, Chipre,
Colombia, Ecuador, Francia, Haití, Italia, Jamaica, Líbano, Mongolia y
Venezuela.” (DNA, 2012) A partir de estas colaboraciones, las autoridades
cubanas han profundizado los intercambios informativos en tiempo real, así como
otros contactos de trabajo con los servicios antidrogas de varias naciones, con
el propósito de fortalecer la cooperación operacional, en la lucha contra ese
flagelo.
Perspectivas de las relaciones
entre Cuba y Estados Unidos para la lucha contra el tráfico de estupefacientes
y otros delitos conexos
Las acciones de la República de Cuba a nivel nacional e internacional
para la lucha antinarcóticos, reflejan una práctica eficiente y solidaria, que
validan la posibilidad de un acuerdo bilateral de cooperación con Estados
Unidos. Lo índices de tráfico de la región en los últimos años, según a las
cifras de la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Crimen (ONUDC);
la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) y la Comisión
Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) en las Américas, así
como los datos que reporta el Departamento de Estado, reconocen la
generalización del trasiego drogas por todo el hemisferio occidental. En estas
circunstancias, la colaboración entre ambos países resulta un tema de suma
importancia geoestratégica donde el gobierno estadounidense tiene una alta
responsabilidad.
La reelección Barack Obama para un segundo periodo, alienta las
expectativas hacia un mejoramiento de las relaciones entre Cuba y Estados
Unidos. El presidente demócrata, sin las presiones de otra elección y
favorecido por el comportamiento del voto cubanoamericano del Estado de la
Florida, pudiera favorecer una relación con la República de Cuba, donde se
potencien los aspectos de interés mutuo.
En el plano internacional existe un consenso sobre la necesidad de ese
camino. La votación en la Asamblea General de Naciones Unidas, en Nueva york,
el 13 de noviembre de 2012, a la Resolución: “Necesidad
de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los
Estados Unidos de América contra Cuba”, fue aprobada con 188 votos a favor,
tres en contra y dos abstenciones, lo que refleja el consenso internacional
para la abrogación de esa política.
La intervención del canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla, en el
marco de esas votaciones, confirmó la voluntad de Cuba para la realización de
un acuerdo bilateral en la lucha antidroga, al expresar “(…) el ofrecimiento al
gobierno de los Estados Unidos de negociar acuerdos de cooperación en áreas del
mayor interés mutuo, como el enfrentamiento al narcotráfico, al terrorismo, al
tráfico de personas y para la completa regularización de las relaciones
migratorias, así como para la prevención y la mitigación de desastres naturales
y la protección del medio ambiente y de los mares comunes.” (Rodríguez, 2012)
Entretanto, muchas de las críticas realizadas por el gobierno
estadounidense al cubano, han quedado descolocadas en el tiempo, debido a las
transformaciones que la República de Cuba ha realizado en los últimos años,
como parte de un proceso autónomo y necesario para la prosperidad del pueblo
cubano.
Las posibilidades de cooperación que presenta la mayor de las Antillas
en tres temas de especial prioridad en la región, como la preparación y el
enfrentamiento a los desastres naturales, la lucha antinarcóticos y la
asistencia médica, resultan muy factibles ya no sólo para el intercambio
bilateral sino también para la cooperación con otros países del hemisferio.
Un ejemplo del gran potencial de Cuba en este sentido, lo constituyó la
relación concertada luego la catástrofe ambiental en Haití, donde nuestro país
mostró cómo se puede concertar una relación bilateral fructífera para la ayuda
a terceros. Sin embargo, estas posibilidades resultan mediatizadas,
desconociendo realidades que lejos de toda lógica política, responden a los
intereses de la humanidad.
Conclusiones
La República de Cuba reconoce la importancia de una cooperación
constructiva con Estados Unidos en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas
y otros delitos conexos. Las consecuencias de este flagelo para la seguridad
ciudadana, los derechos humanos y la convivencia democrática de los
estado-nacionales lo ameritan.
Sin embargo, la responsabilidad común y compartida entre ambos países en
el enfrentamiento al narcotráfico, no se asume de manera integral por Estados
Unidos. Las limitantes establecidas por Washington para la cooperación con la
República de Cuba, a pesar de los niveles de seguridad que mantiene el
archipiélago, y su disposición para firmar un acuerdo de cooperación bilateral,
son una prueba de ello.
Estados Unidos de América tiene una inmensa capacidad para asistir a
Cuba en la realización de una tarea aún mejor, en las áreas de mayor
preocupación para los organismos de seguridad norteamericanos; mientras que la
mayor de las Antillas posee los recursos humanos necesarios para llevarla a
cabo. Si bien el país norteño cuenta con su poderío económico, tecnológico y
militar, el archipiélago tiene el personal médico, la experiencia y voluntad
política, patentizada en su gran prestigio internacional.
No obstante, ante la ausencia de un acuerdo bilateral, la República de
Cuba continúa desarrollando su sistema de seguridad y prevención contra el
tráfico ilícito de drogas y otros delitos conexos, con una actitud cooperativa
y responsable en las relaciones que se mantienen caso a caso con Estados
Unidos. El gobierno cubano, consciente de la pertinencia de este acuerdo,
realiza una cooperación puntual, donde refleja el respeto al ordenamiento
jurídico y a las competencias de cada parte.
Independientemente de lo que reflejen los grandes medios de
comunicación, el pueblo cubano mantiene abierta su solidaridad y cooperación,
bajo los marcos del respeto a los principios internacionales de los pueblos,
pues la politización que sufren temas tan vitales para la prosperidad y la
seguridad de ambos países, deberá de cambiar algún día.
Las potencialidades existentes en ambas naciones para el intercambio de
información operacional, de una forma sistemática, que contribuya al
mejoramiento de la seguridad, la salud y el bienestar social de ambos pueblos,
ameritan la continuidad de los esfuerzos político-diplomáticos, para la
realización de un acuerdo bilateral.
Con ese
acuerdo, Cuba pudiera brindar mecanismos más dinámicos de cooperación, así como
una mayor coordinación para la asistencia a otros países de la región. Se
tendría la oportunidad histórica, de concertar políticas para enfrentar el
tráfico de estupefacientes y otros delitos conexos, de una forma más
transparente y participativa.
La
importancia de la mayor de las Antillas desde el orden geoestratégico en el
Gran Caribe y su legitimidad en el enfrentamiento a estos delitos, indicaría un
camino más expedito en la relación de EE.UU. con el hemisferio occidental.
Desde una colaboración más integral y responsable, Washington pudiera mejorar
las consecuencias del Plan Colombia y la Iniciativa Mérida, para la violencia,
la criminalidad y la convivencia democrática de los países más afectados.
Los
niveles de seguridad que garantiza el Estado cubano en el enfrentamiento al
narcotráfico, permitirán ampliar sus relaciones de cooperación
político-diplomáticas y militares con otros países y organismos
internacionales, donde el alcance de un acuerdo bilateral con EE.UU. es un paso
inminente, para la paz y la seguridad interamericana.
Anexos:
Anexo 1
Actividad marítima sospechosa para Cuba
Fuente:http://www.cubaminrex.cu/Narcotrafico/Articulos/Enfrentamiento/Decrece%20presencia.html
Anexo 2
Actividad aérea sospechosa sobre Cuba
Fuente:http://www.cubaminrex.cu/Narcotrafico/Articulos/Enfrentamiento/Decrece%20presencia.html
Bibliografía
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*Los autores son investigadores del Centro de
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