Generar una
práctica de trabajo transfronteriza agilizaría las demandas regionales y
coadyuvaría a crear mecanismos eficientes de solución de conflictos,
enfrentamiento al delito organizado y prácticas de cooperación económica que
ayudarían a los pueblos de ambos lados de la línea trazada por los
colonialistas españoles y que las oligarquías han fortalecido desde la
Independencia.
Sergio Rodríguez Gelfenstein /
Especial para Con Nuestra América
Desde Caracas, Venezuela
Ha
sido un gran acierto que la reunión Cumbre binacional Colombia–Venezuela se
desarrollara en la ciudad de Puerto
Ayacucho el pasado lunes 22 de julio. Sacar la actividad internacional de los
países limítrofes de las capitales y darle mayor relevancia a las regiones
fronterizos es manifestación de una perspectiva encaminada a resolver los
problemas comunes que se suscitan a un lado y otro de áreas geográficas que
muchas veces tienen una identidad común y que solo fueron separadas por una
decisión colonial a partir de intereses propios que no contaron con la opinión
ni decisión de los ancestrales habitantes de esos territorios. Además, en una
perspectiva positiva, los vínculos transfronterizos permiten resolver problemas
concretos en plazos cortos si existieran estructuras adecuadas aprobadas por
los gobiernos centrales de los países involucrados.
El Presidente Nicolás
Maduro anunció que la lucha contra el contrabando en la frontera sería uno de
los temas centrales de las
conversaciones con su homólogo colombiano Juan Manuel Santos. Éste incluyó la
lucha contra el narcotráfico y los grupos armados ilegales en la agenda de
trabajo y, también un viejo sueño que tuvo el presidente Hugo Chávez de
convertir el río Meta -que conecta a los dos países- en un polo de desarrollo.
Esta última idea del
presidente Chávez es expresión de una visión de futuro en las relaciones
internacionales en primer lugar de la práctica integracionista que –por razones
obvias- se manifiesta de manera práctica en primera instancia en las regiones
fronterizas.
Una
de las características de la globalización es la pérdida de poder del Estado
nacional por diferentes razones. Una
tiene que ver con el creciente poder de las empresas transnacionales a
las cuales pugnan por la existencia de Estados débiles en los que sea cierta la
posibilidad de imponer reglas de juego favorables a sus intereses sin importar
las necesidades y las dificultades de los pueblos. Pero, por otra parte la
integración que transcurre como proceso paralelo a la globalización se
proyectará –de alguna manera- como el debilitamiento de los Estados centrales
en favor del fortalecimiento de los
gobiernos y autoridades locales.
Este fenómeno ha ido generando una serie de
procedimientos y acciones que comienzan a influir en el accionar de los
gobiernos subnacionales y de los pueblos
que habitan sus territorios. En Europa este proceso es patente y
acelerado. El estatuto de la Unión Europea favorece el desarrollo local y la
integración regional. Para ello el
Parlamento Europeo, el Comité de las Regiones y el Consejo de Europa han
apoyado la creación de diferentes instancias que se han denominado Comunidades de Trabajo, Eurorregiones o
Europaregiones. Así mismo se ha concebido el Programa INTERREG con el objetivo
de construir instrumentos que faciliten la cooperación transfronteriza e
interregional entre los socios de la Unión Europea, además se propone promover
relaciones específicas de cooperación interregional entre las regiones
europeas.
El camino que señala Europa muestra que las fronteras hay que irlas
superando a través de un proceso de integración económica y de cooperación
política a distintos niveles institucionales. Un aspecto muy importante de esa
cooperación es el que se establece entre las regiones que bordean las actuales
fronteras estatales, la cual a veces han dividido espacios a los que la
historia ha dotado de personalidad propia. Debemos saber que la palabra región
viene del latín regere, que significa trazar una línea o un límite. Esto
significa que las fronteras estatales a veces han dividido espacios a los
cuales, sin embargo, la historia les ha dado una identidad común.
De esta manera, instaurar una verdadera cooperación
transfronteriza ha sido siempre una tarea difícil. La diversidad de los
territorios y del relieve han sido obstáculos naturales, aunque a ambos lados
de la barrera geográfica se compartiese una misma lengua, mucho más cuando no
es así.
Una de las más exitosas y avanzadas regiones transfronterizas es
la que se ha establecido al norte de los Montes Pirineos en Francia y al sur de
ellos en España, en medio de los dos el pequeño Principado de Andorra. Forman
parte de esta Comunidad de Trabajo las Regiones de Aquitania,
Languedoc-Rosellón y Midi-Pyrenées de Francia, las Comunidades Autónomas de
Aragón, Cataluña, Navarra y el País Vasco de España además de Andorra. Aunque
los conceptos aún no están claros, ésta
no considerada todavía una
euroregión aunque tres de sus
colectividades (Languedoc-Rosellón, Midi-Pyrenées y Cataluña) sí han formado
una desde 1998. Su objetivo era y es la búsqueda de soluciones a problemas
comunes, haciendo de los Pirineos un territorio de unión entre pueblos que
intentan conocerse mejor y trabajar juntos en ámbitos como medio ambiente y
transporte.
En 2003, la
Comunidad de Trabajo de los Pirineos dio el inteligente paso de convertirse en
un consorcio para superar las trabas legales que le impedían acceder
directamente a los fondos de la Unión Europea. Se ha hecho en un muy buen
momento, primero, porque la Constitución europea señala la cohesión económica,
social y territorial como uno de los objetivos clave de la Unión. Su entrada en
vigor le dio un impulso importante a regiones con dificultades estructurales.
Segundo, porque dentro de la reforma para la utilización de los recursos, la
Comisión Europea presentó en julio de ese mismo año una propuesta para crear
Agrupaciones Europeas de Cooperación Transfronteriza. Ello ha permitido a la
Comunidad de Trabajo de los Pirineos una mejor gestión de programas
transfronterizos a través de convenios con otras colectividades regionales o
locales.
El debate
abierto en Europa sobre el futuro de la política de cohesión va probablemente a
modificar el mapa regional actual, tanto desde el punto de vista de las
prioridades territoriales como de la distribución de fondos. Es seguro que en
el futuro oiremos hablar con frecuencia de eurorregión. Hoy por hoy, ese
concepto no se sustenta sobre ningún criterio jurídico concreto y sus
estructuras son heterogéneas. Sin embargo, pueden convertirse en un nuevo pilar
del regionalismo europeo si, una vez estructuradas institucionalmente y dotadas
de personalidad jurídica, son reconocidas por la Comisión Europea, que, por
ahora, sólo contempla a las regiones existentes en el actual mapa europeo.
En América
Latina, México ha comenzado a avanzar en la creación de este tipo de
comunidades. En 2003 Chiapas estableció la Región del Quetzal con Guatemala.
Así mismo, entre Argentina y Chile se han creado los comités de
Integración a lo largo de los extensos
5500 km. de su frontera común. Su actividad ha sido regulada por el
Tratado de Integración de Maipú, firmado
por los jefes de Estado de ambos países en octubre de 2009.
Generar una
práctica de trabajo transfronteriza agilizaría las demandas regionales y
coadyuvaría a crear mecanismos eficientes de solución de conflictos,
enfrentamiento al delito organizado y prácticas de cooperación económica que
ayudarían a los pueblos de ambos lados de la línea trazada por los
colonialistas españoles y que las oligarquías han fortalecido desde la Independencia,
cuando se apoderaron de los Estados nacionales para mantener y consolidar
intereses que no son los de los pueblos que habitan esos territorios.
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