El problema en
Guatemala no es sólo la corrupción. Si bien hoy ésta sirve de catarsis para que
algunos sectores de la sociedad cuestionen el sistema político, también es
verdad que antes de éstos una parte mucho más importante del pueblo ha
contestado además de éste el sistema social y económico.
Jorge Murga Armas* / Para Con Nuestra América
Desde Ciudad de
Guatemala
Introducción
Los acontecimientos
recientes derivados de la revelación el 16 de abril de 2015 de una estructura
delincuencial de contrabando aduanero y evasión tributaria por la Comisión
Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público
(MP), han desatado una inusitada conmoción en la sociedad guatemalteca.
Protestas, expresiones de rechazo a través de diversos medios de comunicación
(prensa escrita, redes sociales, radio, televisión), marchas cívicas de repudio
a la corrupción, dan cuenta del grado de indignación generado entre los guatemaltecos
por el caso “La Línea” — en el cual aparecen implicados no pocos funcionarios
públicos de distintas jerarquías: Vicepresidente de la República, Secretario
Privado de la Vicepresidencia, Director y ex Director de la Superintendencia de
Administración Tributaria (SAT), magistrados y jueces, entre otros.
Convencidas de que “la
corrupción” es la causa del fracaso de la democracia, diversas organizaciones
reagrupadas en torno al Comité Coordinador de Asociaciones Comerciales,
Industriales y Financieras (CACIF),[1]
manifiestan su “indignación y rechazo por el nivel de corrupción” y plantean
además la constitución del “Movimiento ciudadano contra la corrupción” que,
entre sus “líneas de trabajo”, propone “promover un cambio de cultura a través
de la educación y concientización en la ciudadanía que rescate los valores de
la decencia y honestidad” y “facilitar una agenda de propuestas específicas
relacionadas con el combate a la corrupción y la promoción de la
transparencia…”.
Posiciones más
integrales como la de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) abogan
por la necesidad de fortalecer “la institucionalidad democrática y el sistema
político”, y anuncian la creación de la “Plataforma nacional para la reforma
del Estado”, que tendría como propósito “promover cambios profundos del sistema
social, político y económico del país”.[2]
Si recordamos que el
sector privado se ha beneficiado anteriormente del sistema político (justicia
electoral, partidos políticos, Congreso de la República), y si también recordamos
que la Corte de Constitucionalidad se ha pronunciado en muchos casos “a favor
de intereses sectarios y espurios”,[3]
no podemos sino ser suspicaces cuando el CACIF, junto a las organizaciones de
la sociedad civil que le acompañan, declara que “es fundamental asegurar al
país condiciones adecuadas para preservar el Estado de Derecho y el
funcionamiento de sus instituciones, la celebración de elecciones generales
libres y transparentes”.[4]
El problema, pues, es saber si la propuesta ética y técnica del CACIF responde
realmente a una vocación democrática.
I.
La propuesta del CACIF
Los planteamientos del
“Movimiento ciudadano contra la corrupción”, al menos en su pronunciamiento, no
cuestionan la ley ni los procedimientos de elección de autoridades que permiten
el control de las instituciones del Estado (Congreso de la República, Corte
Suprema de Justicia, Ministerio Público, Junta Monetaria, Contraloría General
de Cuentas, Superintendencia de Administración Tributaria) por grupos de poder
que accionan muchas veces en función de los intereses económicos de grandes
empresarios a través de la corrupción.
En el Congreso de la
República muchos diputados se reeligen por varios períodos para salvaguardar
los intereses de empresarios adinerados a cambio de financiamiento, espacios de
incidencia y promoción en los medios de comunicación y otras prebendas.
La elección de
magistrados a las cortes de Apelaciones y a la Corte Suprema de Justicia ha
sido puesta en entredicho por la forma que han tomado las Comisiones de
Postulación.
El año pasado la
elección por el Congreso de la República de la terna para escoger a la fiscal
general del Ministerio Público y la decisión final del Presidente de la
República puso en evidencia las tramas del poder antidemocrático cuando se
trata de elegir y/o nombrar a profesionales idóneos en los cargos.
Recientemente, la
reelección de contralor general de la Contraloría General de Cuentas puso en
evidencia lo que estamos cuestionando.
El caso La Línea es sin
duda la mejor ilustración cuando se habla de la Superintendencia de
Administración Tributaria.
Hoy, después de que el
Gobierno de Estados Unidos a través de la CICIG decide destapar el caso de la
estructura delincuencial imbricada en el Estado, la cual por otra parte no
podría existir sin la participación de empresarios corruptos, CACIF pega el
grito al cielo, busca asumir un importante protagonismo y propone a la
ciudadanía luchar contra la corrupción.
“MANIFESTAMOS: 4.
Nuestra convicción de comprometernos como Movimiento, respetando la naturaleza
propia y los espacios de trabajo de cada uno de sus integrantes, a trabajar en
forma conjunta en base a las siguientes líneas de trabajo”:
a)
Promover
un Cambio de Cultura a través de la educación y concientización en la
ciudadanía que rescate los valores de la decencia y honestidad
b)
Lograr
una Movilización social efectiva que exija los cambios y comportamientos
requeridos
c)
Establecer
un Sistema de Monitoreo de los Recursos Públicos, que brinde a la ciudadanía
información actualizada y un análisis técnico
d)
Facilitar
un canal de Denuncia pública, legal y moral de exigencia al Estado
e)
Promover
y facilitar una agenda de propuestas específicas relacionadas con el combate de
la corrupción y promoción de la transparencia, cuyo alcance mínimo a corto
plazo será consensuado y presentado en los próximos días”.
La Universidad de San
Carlos de Guatemala, que por sus mismas funciones no puede alegar ignorancia ni
superficialidad en sus análisis, se pronuncia sobre el tema y hace el llamado a
“promover cambios profundos del sistema social, político y económico del país”.
II. Los planteamientos de la USAC
Aunque la USAC no
explicita el alcance de los “cambios profundos” que plantea, algunos elementos
de su comunicado permiten entrever lo que estos podrían significar: el
“fortalecimiento de la institucionalidad democrática y del sistema político”,
la “lucha contra la corrupción, la impunidad, la fiscalización de la gestión
pública y el fomento de una cultura de transparencia”.
Para la USAC, en otras
palabras, la solución al problema de la corrupción y la impunidad requiere de
una reforma del Estado dentro del actual orden constitucional, es decir, de un
conjunto de transformaciones legales y políticas orientadas a la realización de
acciones concretas que permitan mejorar la eficiencia de las instituciones sin
reformar la Constitución de la República.
Pero, ¿a qué cambios
profundos se refiere la USAC? Hasta el momento, debemos decirlo, la Plataforma
nacional para la reforma del Estado, reunida por primera vez el viernes 22 de
mayo de 2015 en el Paraninfo Universitario e integrada por diversos sectores de
la sociedad,[5]
sólo abordó el tema de la reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos,
el de las compras y contrataciones del Estado, la reforma a la Ley de
Comisiones de Postulación y el fortalecimiento del sistema de justicia. Pero
esto, en nuestra opinión, no llena las expectativas creadas por el llamado a
hacer “cambios profundos” en el sistema político, económico y social.
¿Se trata realmente de
un resurgir del compromiso social y político de la Universidad de San Carlos de
Guatemala? ¿O se trata más bien de un llamado demagógico en un contexto de
crisis política e institucional y además electoral?
Si recordamos que en
los años setenta-ochenta la USAC asumió posiciones radicales al lado del pueblo
(que luchaba por el cambio de estructuras sociales), y si pensamos en que
después de algunos años de letargo institucional la USAC pudo haber
evolucionado hacia posiciones de mayor compromiso social y político como las
que demandan cambios fundamentales al Estado, si esto fuera así, la Universidad
de San Carlos de Guatemala debiera orientar su trabajo hacia la construcción de
una nueva República democrática soberana que sustituya a la vieja República oligárquica
existente.[6]
Esto implicaría lo siguiente:
·
Refundar
la República mediante la aprobación de una nueva Constitución que responda a la
soberanía del pueblo y a las especificidades históricas y culturales de la
nación;
·
Fortalecer
el Estado asignándole un papel fundamental en la economía;
·
Reafirmar
la función social del Estado y de sus políticas redistributivas;
·
Nacionalizar
los recursos naturales estratégicos (aguas, petróleo, minerales) para que los
beneficios de su explotación sean para el pueblo;
·
Adoptar
una nueva estrategia geopolítica mundial (buscando nuevos socios comerciales y
nuevos aliados políticos) para romper la dependencia del imperio y consolidar
la soberanía de la nación.
Pero también debemos
pensar que el llamado de la USAC a realizar cambios profundos en el sistema
podría ir más bien en la dirección de las posiciones conservadoras que ha
asumido en las últimas décadas. En este caso, como mínimo, su programa podría
contener:
·
Reformas
a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (funcionamiento y financiamiento de
los partidos políticos, número y forma de elección de diputados, voto en el
extranjero);
·
Reformas
a la Ley de Comisiones de Postulación (ampliación de convocatorias, integración
de las comisiones, mejoras en el funcionamiento de las comisiones);
·
Reformas
a la Ley de Servicio Civil (crear certeza jurídica en las relaciones laborales
en el Estado);
·
Investigación
de las denuncias de corrupción y enriquecimiento ilícito (que incluyan a la
Contraloría General de Cuentas cuya credibilidad ha sido puesta en tela de
juicio en los últimos años por serios problemas de corrupción);
·
Depuración
y reeducación del Ejército de Guatemala;
·
Depuración
y reeducación de la Policía Nacional Civil;
·
Revisión
de contratos fraudulentos (minería, petróleo, hidroeléctricas, carreteras y
otros) lesivos para el interés nacional;
·
Fortalecimiento
de la función profesional e independiente de la Superintendencia de
Administración Tributaria;
·
Transparencia
del Presupuesto General de Gastos de la Nación;
·
Fiscalización
del uso de los recursos públicos;
·
Fiscalización
de las compras y contrataciones del Estado;
·
Mejoras
en la aplicación de la justicia y la independencia de los tres poderes del
Estado;
·
Fortalecimiento
y desarrollo del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social;
·
Calidad
de los programas de asistencia social y mejoras en los hospitales
(abastecimiento, contratación de personal, infraestructura, equipo);
·
Fortalecimiento
y desarrollo de la educación pública (ampliación de cobertura educativa, mejoramiento
de contenidos tomando en cuenta el carácter multilingüe y multicultural de la
nación).
Cualquiera que sea la
posición de la USAC, lo cierto es que ninguna iniciativa de lucha contra la
corrupción será suficiente si no se plantea liberar al Estado de los grupos de
poder que lo tienen capturado. Son estos, hay que decirlo, los promotores de la
corrupción.
III. Necesidad de trabajar por la liberación del Estado
La corrupción en
Guatemala tiene una larga historia. La más antigua, y que todos los guatemaltecos
conocemos por el descaro y prepotencia con que se practica, es la que nace en
la colonia y todavía ejercen los grupos económicos más poderosos que continúan
enriqueciéndose a expensas del Estado. “Llegamos aquí para traer la fe
católica, para servir a su Majestad, y para hacernos ricos”, declaró un día el
soldado y encomendero español Bernal Díaz del Castillo.
Desde entonces, élites
económicas continúan enriqueciéndose a
costas del Estado y gracias a la cultura de corrupción que heredaron de sus
antepasados. Los sobornos a diputados para que voten a favor de una ley, la
compra de voluntades en la administración pública, los mecanismos usados para
no pagar impuestos, la colocación de funcionarios públicos en puestos
estratégicos para dictarles sus políticas, son, entre muchos otros, ejemplos de
la forma como operan en la actualidad no pocos elementos de la clase
empresarial.
Casos sonados de
corrupción han quedado en la impunidad debido a la colaboración de autoridades
de gobierno con el sector privado. La privatización fraudulenta de las empresas
del Estado (GUATEL, INDE, EEGSA, FEGUA), la aprobación dolosa de concesiones
mineras (mina Marlin, mina San Rafael), la ampliación capciosa de contratos
petroleros (contrato No. 2-82 a favor de Perenco), los contratos fabulosos de
las “alianzas público-privadas”,[7]
son sólo algunas muestras de la corrupción de las últimas décadas.
Si a esto agregamos los
descubrimientos recientes de contrabando aduanero y defraudación fiscal que
involucran al menos a 1,200 empresarios, o el caso del Instituto Guatemalteco
de Seguridad Social que se ventila actualmente en los tribunales (en el que
aparece enredado un empresario cafetalero representante del CACIF en la Junta
Directiva del IGSS), no podemos sino afirmar que un número no despreciable de
empresarios han sido y siguen siendo importantes generadores de corrupción.
Con la conformación en
los años setenta-ochenta de grupos del crimen organizado dirigidos por
militares, el problema de la corrupción y de la captura del Estado por redes
criminales adquiere otro nivel de complejidad. Ya no se trata solamente de
empresarios pudientes que ejercen sus influencias dentro de la administración
pública para obtener beneficios, sino se trata además de redes amplias del crimen
organizado que operan en el Estado con total impunidad.
El caso La Línea, en
verdad, no hizo sino abrir nuevamente el debate sobre la existencia de
estructuras mafiosas incrustadas en el Estado e integradas por altos
funcionarios públicos, empleados de gobierno y particulares. Esto fue lo que se
puso en evidencia con el descubrimiento de la “Red Moreno” en septiembre de
1996, y eso es lo que se evidencia hoy con la develación del caso La Línea. Si
existe conexión entre una y otra, y si ambas estuvieron ligadas a la estructura
contrainsurgente devenida en crimen organizado durante el régimen del general
Romeo Lucas García (1978-1982), sólo los resultados de las investigaciones de
la CICIG y el Ministerio Público nos lo podrán decir. Lo que sí podemos afirmar
en este momento, es que en la Red Moreno de defraudación aduanera coincidían
reconocidos oficiales del ejército, y que dentro del grupo de personas
encarceladas por el caso La Línea aparecen implicados antiguos miembros de la
Red Moreno (Francisco Javier Ortiz Arriaga, alias “teniente Jerez”, Juan Carlos
Monzón).
El caso del IGSS
confirma la presencia de militares dentro de las estructuras criminales que por
décadas se han dedicado a defraudar al Estado. Además de Juan de Dios Rodríguez
que hasta hace pocos días se desempeñaba como presidente de la Junta Directiva
del IGSS, se sabe que muchos otros oficiales del ejército fueron colocados en
puestos clave del IGSS y de otras instituciones del Estado.
Pero el problema de la
corrupción no se reduce al caso La Línea ni tampoco al del IGSS. Para que el
crimen organizado funcione en la impunidad, sus cabecillas también se
propusieron capturar el sistema de justicia. Hoy se conoce perfectamente el
desafortunado papel que cumplen las Comisiones de Postulación en este aspecto,[8]
y es pública la responsabilidad del gremio de los abogados y las universidades
en el control del sistema:
Mover
los hilos de las redes en las que descansan los favores entre colegas,
aprovechando el poder que les otorgan las leyes, es lo que mueve al gremio de
abogados a organizarse para buscar el control del sistema de justicia. Hacer
negocios y gestar impunidad, es el objetivo; la corrupción y el clientelismo,
la estrategia.
Con ese propósito,
precisamente, nacieron varios grupos de abogados que se disputan el control del
sistema de justicia: el grupo de Roberto López Villatoro, conocido como “El rey
del tenis”, que se ha convertido en “operador de operadores”, el grupo del
Ejecutivo, que operaba Juan de Dios Rodríguez, y el grupo de los Decanos,
operado por Estuardo Gálvez (ex rector de la USAC) y Héctor Hugo Pérez Aguilera
(magistrado de la Corte de Constitucionalidad).[9]
Estos grupos, debemos
decirlo, son los que deciden quienes llegan a los cargos más importantes del
sistema de justicia y son los que condicionan en gran medida el funcionamiento
del sistema: “Cuando un abogado o un bufete de la red necesitan del favor de un
juez o un magistrado, éste actúa, facilita, resuelve”. Este proceso, por
supuesto, involucra a los diputados, porque son éstos los que al final “eligen
a los que les dirigen las instituciones del sistema de justicia”.
La corrupción, pues, es
“la regla del sistema”. El caso del “Bufete de la impunidad” descubierto tras
la liberación de varios de los implicados en el caso La Línea, sólo es un
ejemplo de lo que sucede en el sistema de justicia.
Conclusión
Vemos que si CACIF sólo
propone soluciones éticas y técnicas para la crisis política y social que vive
la nación, es porque sus cabezas desean conservar los privilegios que el Estado
les confiere.
El problema en
Guatemala no es sólo la corrupción. Si bien hoy ésta sirve de catarsis para que
algunos sectores de la sociedad cuestionen el sistema político, también es
verdad que antes de éstos una parte mucho más importante del pueblo ha
contestado además de éste el sistema social y económico.
Es el momento, pues, de
hacer las transformaciones estructurales que el Estado necesita para que los
guatemaltecos vivan en armonía. Cada vez son más los ciudadanos dispuestos a
erigir la República democrática que reclaman los sectores más excluidos de la
sociedad.
*Doctor
en Antropología y Sociología de lo político (Universidad de París 8).
Investigador del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad
de San Carlos de Guatemala.
Este
texto fue publicado originalmente en Boletín Economía al Día, No. 5, mayo 2015,
del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad de San
Carlos de Guatemala. Se reproduce con autorización del autor.
NOTAS:
[1] Véase: Movimiento
Ciudadano contra la Corrupción, campo pagado publicado en elPeriódico el 15 de
mayo de 2015.
[2] Véase: USAC, campo
pagado publicado en elPeriódico el 15 de mayo de 2015.
[3] Véase: Fundación Mirna
Mack, La Corte de Constitucionalidad y el
debilitamiento del Estado de derecho, Guatemala, 6 de febrero de 2014. He
aquí algunos ejemplos del carácter arbitrario de ciertas interpretaciones
jurídicas de la Corte de Constitucionalidad (que bien podrían estar ligadas a
casos de tráfico de influencias o corrupción): 1) negación del carácter
vinculante de las consultas comunitarias contra la minería y la construcción de
megaproyectos (con lo cual favorece a las empresas transnacionales y locales
que explotan los recursos naturales de las comunidades); 2) dictamen a favor de
la finalización del mandato de la Fiscal General del Ministerio Público, Claudia
Paz y Paz (con lo cual favorece a grupos militares ligados a la represión, al
narcotráfico y al crimen organizado); 3) anulación de la sentencia por
genocidio en el caso Ríos Montt (con lo cual favorece a militares, empresarios
y políticos de la contrainsurgencia); 4) Fallos favorables a los grandes
empresarios cuando se pretende aprobar impuestos que afectan sus intereses (la
Constitución de la República prohíbe de manera muy vaga la doble tributación.
Esto ha dado lugar a que la Corte de Constitucionalidad interprete esa cláusula
en función de los intereses de ciudadanos o empresas que se resisten a pagar
impuestos).
[4] Véase: CACIF, campo
pagado publicado en elPeriódico el 6 de mayo de 2015.
[5] Véase: elPeriódico del
sábado 23 de mayo de 2015.
[6] Jorge Murga Armas, Necesidad de una revolución en Guatemala,
Editorial Iximulew, Guatemala, 2009.
[7] Actualmente se discute
la concesión otorgada por el Gobierno de la República a una entidad privada que
se propone construir un museo privado con piezas arqueológicas de inmenso valor
histórico y cultural para Guatemala que sin duda fueron robadas de las
principales ciudades mayas.
[8] Plaza Pública, 15 de
septiembre de 2014, Estas son las
Comisiones de Postulación más deslegitimadas, Entrevista a Helen Mack, http://www.plazapública.com.gt/print/8775, Guatemala. Las citas
sin llamada de nota en las páginas que siguen fueron tomadas de este
documento.
[9] “De más está decir que
hay una seria contradicción en la participación de un magistrado de la Corte de
Constitucionalidad en este proceso, porque es alguien a quien le corresponde
velar por el respeto de la Constitución, y no puede ser juez y parte. Hay
conflicto de interés”. Ibid.
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