La paz tendrá un cierre
jurídico plenamente válido en el contexto internacional y el problema será para
quienes queden fuera de él, como Uribe y sus cómplices. A medida que avance el
tsunami de la paz, se irán terminando las opciones, y les quedará solo rezar
por la compasión de la Corte Penal Internacional.
Aram Aharonian* / NODAL
Desde que el genocida
Álvaro Uribe calificara al principio de acuerdo entre el gobierno colombiano y
las FARC como un golpe de Estado contra la democracia, quienes apoyaron,
financiaron y se beneficiaron de más de 50 años de conflicto interno tratan de
bombardear el horizonte de paz.
Pero mucho cambió desde
que fuera dos veces presidente, empezando por el contexto internacional y las
necesidades de Estados Unidos, dispuesto ahora a transitar caminos de paz, dado
el excesivo costo de un Plan Colombia que no dio los resultados esperados.
El jueves 1 de octubre,
Juan Manuel Santos se reunió con el secretario de Estado John Kerry, quien
anunció que EE.UU. reenfocará el Plan Colombia con miras al posconflicto. Y la
Unión Europa nombró al irlandés Eamon Gilmore como enviado para el proceso de
paz.
El apretón de manos de
Santos –ex ministro de Defensa de Uribe– con Timochenko, jefe de las FARC, y la
casi certeza de firmar un acuerdo definitivo en pocos meses, le quitan toda la
fuerza al discurso del terror, del miedo, para dar nuevo valor a las palabras
paz y esperanza.
El anuncio del cambio de
doctrina militar para transformar la vocación del ejército es una señal
inequívoca. Los militares, parece, se están subiendo al vagón de la paz. Con
temor a juzgamientos internacionales (por crímenes de lesa humanidad) y viendo
que la paz les da posibilidades aún mejores que el mismo fuero militar, ya
comienzan a apostar a la paz.
Los grandes medios de
comunicación, que durante los ocho años del gobierno de Uribe invisibilizaron
el conflicto, casi todos opositores a la paz, están siendo contagiados por la
nueva realidad, menos la cadena RCN, de Ardila Lülle. Y salvo los grandes
terratenientes y ganaderos y grupos paramilitares.
Pero los escribidores y
opinadores de la derecha seguirán con su campaña de odio. Y hoy recuerdan, por
ejemplo, las salvedades puestas por la dirigencia guerrillera a los acuerdos
firmados y señalan que la dejación de armas significa que no van a entregarlas,
aun cuando sí se ratificó que serán entregadas a un tercero que garantice su
destrucción.
Y se desesperan por
algunas de las salvedades: delimitación de la propiedad, prohibición de compra
de tierras por parte de empresas transnacionales, revisión de los tratados de
libre comercio, nueva ley de reordenamiento territorial, reconversión de las
Fuerzas Armadas, reestructuración democrática del Estado, una cámara de
diputados territorial en vez de la actual de Representantes.
Según el “intelectual” de
derecha Plinio Apuleyo Mendoza, es “una capitulación del Estado, pues
significaría un radical cambio del actual modelo económico y político del
país”. Lo que Piedad Córdoba llama refundación del país y la segunda y
definitiva independencia.
Los “analistas” de la
derecha mencionan 50 zonas de concentración que se propondrían exigir las FARC,
cuando el gobierno habla de cinco o seis. Y se preocupan por un proyecto de reforma
constitucional de solo dos artículos que permite que una comisión del Congreso,
controlada por el Ejecutivo, sin debate ni veto, lo apruebe, temen.
La paz tendrá un cierre
jurídico plenamente válido en el contexto internacional y el problema será para
quienes queden fuera de él, como Uribe y sus cómplices. A medida que avance el
tsunami de la paz, se irán terminando las opciones, y les quedará solo rezar
por la compasión de la Corte Penal Internacional.
*Magister en Integración,
periodista y docente uruguayo, fundador de Telesur, director del Observatorio
en Comunicación y Democracia, presidente de la Fundación para la Integración
Latinoamericana.
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