América Latina viene mostrando un
crecimiento en los índices de feminicidios a nivel mundial y construir una
legislación que ampare este hecho aberrante constituye una urgencia en la que
Colombia se ha convertido en un paradigma para toda la región.
Maximiliano
Pedranzini* / Especial para Con Nuestra América
Desde Misiones, Argentina
El 2 de junio de este año, Colombia a
través de la Cámara de Representantes aprobó por mayoría la Ley Nº 1761 que
condena este crimen atroz contras las mujeres. Esta ley que lleva el nombre de
“Rosa Elvira Celis” en homenaje a su figura, quien fuese víctima de violencia
de género, tipifica los feminicidios con penas de entre 20 y 50 años de cárcel.
Una ley que define el feminicidio como “la
muerte violenta a una mujer por su condición de ser mujer, ya sea en el ámbito
público o privado”, tipificándolo penalmente como delito autónomo. Esto sin
duda es un avance en la lucha que viene llevando adelante la mujer colombiana,
no solo en su país, sino en todo el continente.
Despojarse del mal de la violencia de
género es una tarea irrenunciable que las coloca como luchadoras de una causa
muchas veces ninguneada por las instituciones e invisible a los ojos de una
sociedad de fuerte raigambre patriarcal.
No fue sino la ex senadora Gloria
Ramírez perteneciente al Polo Democrático Alternativo quien llevó este tema al
centro del debate nacional, presentado un proyecto de ley que tuvo un fuerte
respaldo de distintos sectores de derechos humanos y esencialmente el
movimiento de mujeres de todo el país quienes comenzaron a tener un rol
protagónico decisivo para que esta ley fuera aprobada y sancionada un mes más
tarde por el presidente Juan Manuel Santos el 6 de julio.
La notoriedad pública de esta lucha
atravesó de punta a punta el vasto territorio colombiano y en el que la única
bandera fue la de la movilización. La mujer comenzaba a entrar desde otro lugar
en el escenario de los derechos humanos. A mostrarse como una víctima proclive
a la violencia y lo que es peor, a la muerte. Otro relieve la constituía en la
geografía de los derechos humanos y civiles en una Latinoamérica que ve morir a
una mujer cada 35 horas por violencia de género y que ha significado que muchos
países empiecen a tomar un poco más en serio la cuestión del feminicidio desde
el punto de vista, tanto legal como en materia de derechos humanos.
La cuestión de la violencia de género
en sociedades machistas y patriarcales como la nuestra se mezcla con los
conflictos armados que vienen amenazando la paz del país desde hace décadas. La
guerra, lo paramilitar, el narcotráfico y la violencia cotidiana se combinan en
un coctel difícil de digerir para cualquier país y donde la violencia de género
particularmente ha venido teniendo un crecimiento preocupante, producto del
clima de violencia permanente que acosa a la sociedad en su conjunto. Los
conflictos en el que la violencia es moneda corriente lo que hace es generar
violencia, y ésta se transmite a la vida doméstica en el que las principales
víctimas son los grupos más vulnerables, en este caso las mujeres.
En este sentido, los números para
Colombia siguen siendo alarmantes. Según estadísticas, una mujer muere por caso
de feminicidio cada tres días y lo coloca como uno de los países de Sudamérica
con las cifras más altas de asesinatos de mujeres, la mayoría vinculados con
relaciones de pareja. Así lo determinó la Corte Suprema de Justicia en marzo de
este año, caratulando el asesinato de mujeres como feminicidio, dando un giro trascendente
en la visión, tanto jurídica como ideológica que tiene la sociedad colombiana
sobre este tipo de crímenes y que pone al desnudo el poder que ejercen los
hombres sobre las mujeres en una relación de claro sometimiento físico y
psicológico que las lleva a la muerte. Esto representó, en consecuencia, un
paso fundamental para lo que será la elaboración de la ley sancionada el pasado
6 de julio.
Sin embargo, el contexto de
paramilitarismo en Colombia empaña la reivindicación de las mujeres, donde este
tipo de organizaciones ha tenido prácticas sistemáticas de asesinato,
violaciones y desaparición forzada de mujeres como parte de su lógica
beligerante. Muchos responsables de crímenes contra las mujeres han salido en
libertad y esa es una contradicción que debe ser revisada por el Estado. Ergo,
el feminicidio se ha tornado constitutivo de la guerra que se lleva adelante
desde hace varias décadas y que haya una salida pacífica a este largo conflicto
significará, en buena medida, el final de este proceso criminal a gran escala.
Por eso la paz es una necesidad y una urgencia para Colombia. Porque sin paz,
jamás habrá justicia.
*Ensayista. Miembro del
Centro de Estudios Históricos, Políticos y Sociales “Felipe Varela”, de
Argentina.
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