Hay quienes especulan con la posibilidad de que el
gobierno panameño, para obtener el beneplácito de Washington, se preste para
alojar a los prisioneros políticos de origen árabe, afgano y paquistaní en
Punta Coco.
Marco A. Gandásegui, h. / Para Con Nuestra América
Desde Ciudad Panamá
La base aéreo-naval en Punta Coco (en el Golfo de
Panamá), en la actualidad, tiene dos misiones. Por un lado, según el Comando
Sur de EEUU, forma parte de la red logística que tiene Washington en torno a
Colombia. Según informan los boletines del Comando, la base tiene la
responsabilidad de detectar las rutas que utilizan los traficantes de drogas
ilícitas que salen de Colombia con dirección hacia EEUU. Por el otro, la base
de Punta Coco, según los asesores del presidente Juan C. Varela, también tiene
la tarea de alojar a ‘criminales de alto perfil’ que son enviados a la isla.
Según otras fuentes no oficiales, la base en Punta
Coco podría tener otros propósitos. Hay quienes especulan que EEUU podría
utilizarla para encarcelar a prisioneros políticos de sus guerras globales que
son detenidos sin acusaciones por largos períodos de tiempo. Las agencias de
inteligencia que operan desde Washington podrían traer ciudadanos de otros
países a Punta Coco, “al estilo de los procesos extrajudiciales que aplica EEUU
(rendición extraordinaria) donde sospechosos son secuestrados y enviados a
cárceles clandestinas en otros países”. Según documentos oficiales que
describen las operaciones de estos centros clandestinos, los prisioneros son
sometidos a torturas y tratos crueles.
El centro carcelario insular podría tener otro
objetivo: servir de prisión para trasladar a los privados de libertad, o
algunos de ellos, actualmente detenidos en la base militar de EEUU en
Guantánamo. Hace 8 años el presidente de EEUU, Barack Obama, prometió en su
campaña electoral que cerraría la prisión en la base de Guantánamo. Sin
embargo, la complicada legislación que creó la nefasta mazmorra en el extremo
oriente de la isla de Cuba le ha impedido obtener su objetivo. Hay quienes
especulan con la posibilidad de que el gobierno panameño, para obtener el
beneplácito de Washington, se preste para alojar a los prisioneros políticos de
origen árabe, afgano y paquistaní en Punta Coco.
La base de Punta Coco, a 107 kilómetros de la
ciudad de Panamá, fue construida por el Comando Sur de EEUU hace seis años a un
costo de US$73.5 millones. La cárcel es administrada por el Servicio Aeronaval
(SENAN), una institución creada por decreto ejecutivo hace 15 años. La
Constitución Política de Panamá señala, expresamente, que no se crearán fuerzas
armadas en el país. Sin embargo, por insistencia de EEUU, se creó el SENAN e,
igualmente, el Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT). Ambas fuerzas operan
independientemente de la Policía Nacional. El Sistema Penitenciario Nacional,
del Ministerio de Gobierno, encargado de todos los centros carcelarios del
país, fue excluido de Punta Coco.
La cárcel de Punta Coco también es responsabilidad
del SENAN, que depende del Ministerio de Seguridad Pública. Esta dependencia también
fue creada hace un par de lustros por insistencia de Washington. Se supone que
centraliza todas las actividades asociadas con las políticas de ‘seguridad
nacional’ que forman parte de la política global de EEUU.
En julio de este año, la avioneta en que una
delegación militar norteamericana que regresaba de Punta Coco se estrelló
cuando llegaba a un aeropuerto de vuelos domésticos en la ciudad de Panamá. Los
6 militares norteamericanos, entre ellos el jefe de la Oficina de Cooperación
de Defensa de la Embajada, un colombiano no identificado y el piloto panameño
salieron ilesos del accidente.
Según la información que se filtró del incidente,
el grupo de militares “fueron a inspeccionar el radar que Panamá está
construyendo en la base de Punta Coco”. Según fuentes norteamericanas, el
gobierno panameño está instalando un total de 19 radares en diferentes bases
aéreo navales distribuidos en ambas costas del país.
Según la misma fuente, el gobierno del presidente
Varela mantiene un silencio total sobre las bases y los radares. En el caso de
Punta Coco, el Grupo HSC, que trabaja para el Comando Sur, ha construido – a un
costo de US$5 millones – una instalación eléctrica con capacidad para generar
40KW. La página de internet del Comando Sur informa que la instalación fue
construida para su uso. El Comando también invirtió casi US$4 millones en la
construcción de unas barracas y un muelle. EEUU justifica estos gastos
señalando que Punta Coco “se encuentra en una zona peligrosa de tráfico de
drogas (ilícitas)”. Además, la base es parte del “plan estratégico del Comando
Sur para mejorar la capacidad de su socio (Panamá) en la captura (de
sospechosos) en un ambiente marítimo”.
15 de
octubre de 2015.
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