En Venezuela, como en los
países posneoliberales de América Latina, se trata de refundar el proyecto de
izquierda y no sólo adaptarlo. Es la única manera de ser fiel a la meta
original de emancipación popular y de reorganización de la sociedad que suscitó
esperanzas y admiración en el mundo entero y que, en Venezuela, tiene aún bases
en las iniciativas comunales.
François Houtart / LA JORNADA
El artículo de Gilberto
López y Rivas en La Jornada del 19 de mayo es una contribución
valiosa para comprender la situación actual en el país. Tras visitar Caracas,
quiero añadir algunas reflexiones. La idea de una revisión constitucional sobre
bases más populares es, en principio, buena pero significa un proceso a mediano
y largo plazos, cuando los problemas existenciales son a corto plazo. Antes del
fin del proceso, la gente puede cansarse frente a las dificultades cotidianas.
Éstas provienen seguramente del boicot y de la especulación por el capital local
y del imperialismo, pero también de procesos ordinarios en periodos de escasez:
mercado negro, acaparamiento de productos, cambios de producción en función de
la ley del mercado, usura de los intermedios, pero aun de la corrupción de
agentes del Estado.
Sin embargo, hay un
peligro de “fetichización” de la ley que tiende a identificar el texto jurídico
con la realidad. Es un defecto muy latino en todo el mundo, desde la
declaración universal de los derechos humanos de la Revolución Francesa. Carlos
Marx lo señaló ya en un escrito sobre la cuestión judía . También,
definir la base de designación de los electores no será fácil y tomará tiempo.
Finalmente, hay un peligro de no participación de la oposición que dejaría el
proceso en manos de los ya convencidos, sin hablar de un posible rechazo por
una mayoría de la población.
Por eso muchas otras
medidas parecen necesarias: renegociar la deuda externa que extrae miles de
millones de dólares del país, cuando existe escasez, sabiendo evidentemente que
hay peligro de hacer subir el riesgo país, ya el más alto del mundo; revisar la
deuda interna que termina por ser un financiamiento de la oposición; repensar
el arco minero del Orinoco, que quiere arreglar el problema de las minas
ilegales, pero que también es un regreso al pasado neoliberal, con concesiones
a multinacionales y pagos de compensaciones por expulsiones del tiempo de
Chávez; actuar sobre la distribución todavía en manos del capital local (una
decena de grandes empresas que manipulan la escasez) ya que la producción y las
importaciones han relativamente mejorado; frenar la especulación financiera
que, junto con la hiperinflación, permite a grupos constituir fortunas enormes
al costo del bien público y aumenta la fuga de capitales (unos 300 mil millones
de dólares); luchar contra la corrupción interna (incluyendo al ejército) que
obstaculiza la distribución de bienes que el gobierno importa, etcétera.
Un grupo contrario a la
oposición, pero crítico de ciertas políticas gubernamentales se desarrolla, con
propuestas concretas, pero con el peligro de ser identificado, en un clima de
confrontaciones extremas, como peligroso o por lo menos utópico y no como
proponiendo alternativas dignas de ser consideradas.
Evidentemente, la caída
del gobierno de Maduro significaría la subida de un Macri o un Temer, es decir,
de un régimen antipopular y por eso se debe defender su legitimidad hasta el
fin de su mandato. Por otra parte, el uso de la violencia por la oposición ha
tomado dimensiones inéditas, con la destrucción de edificios públicos (un
hospital, entre otros), la quema de un joven y el uso de excrementos humanos,
frente a fuerzas del orden que tienen prohibido usar armas letales. Por su
naturaleza, los medios de comunicación magnifican las expresiones de la derecha,
dando la impresión de caos generalizado, pero la vida cotidiana continúa. Los
servicios públicos funcionan. De verdad, la escasez en un sector como la salud
puede ser dramática y a medio plazo, la falta de repuestos puede afectar la
disponibilidad de vehículos. El 21 de mayo, la oposición llamó a un paro
nacional: Caracas no se paralizó y la vida siguió su curso.
Sin embargo, para
defender su legitimidad, el gobierno tiene que evitar errores que la ponen en
duda y que alimentan las campañas denigratorias de la mayoría de los medios
locales y externos. Se podría esperar que Nicolás Maduro adopte más un discurso
de jefe de Estado que de militante de base, recordando que habla a la nación,
al continente latinoamericano, al resto del mundo y no sólo a sus partidarios.
Se trata, primero, de una
confrontación de clases. Las manifestaciones de la oposición lo indican: los
barrios donde se organizan y el público que participa. Una parte de la clase
media urbana, muy afectada en su poder de consumo por la caída de la renta
petrolera, juega un papel de apoyo a las clases altas que quieren recuperar el
poder político. Éstas se juntan a grupos utilizando la violencia (la mayoría de
las víctimas son chavistas). Pero existe también descontento fuerte en las
clases subalternas a la base del proceso bolivariano, por el deterioro de las
“misiones” por falta de financiamiento y por corrupción.
Si la mortalidad infantil
aumenta es resultado de la lógica del capitalismo de monopolio mundial, que
manipula los precios de las commodities, el boicot interno de los que
aún tienen hegemonía económica sobre la distribución y la corrupción interna;
no es seguro que la mejor respuesta fue despedir a la ministra de Salud que
reveló las cifras.
La gran dificultad está
en manejar el largo plazo con el corto. Álvaro García Linera ha escrito que una
revolución que no asegura la base material de la vida del pueblo, no tiene
mucho futuro y los adversarios lo saben muy bien.
El episcopado ha elegido
su lado (la oposición) y produce textos de gran pobreza intelectual, cuando el
Papa no dudó en criticar a la oposición por su falta de deseo de diálogo. En
Venezuela, como en los países posneoliberales de América Latina, se trata de
refundar el proyecto de izquierda y no sólo adaptarlo. Es la única manera de
ser fiel a la meta original de emancipación popular y de reorganización de la
sociedad que suscitó esperanzas y admiración en el mundo entero y que, en
Venezuela, tiene aún bases en las iniciativas comunales. Es también el camino
para salir de la renta petrolera o minera, fruto de producciones altamente
destructivas del ambiente y contra un proyecto poscapitalista.
La adopción de una visión
holística de la realidad para definir un nuevo paradigma de existencia
colectiva de la humanidad en el planeta, que sea de vida y no de muerte, como
el capitalismo, es una base necesaria. Eso implica otra relación con la
naturaleza; no sobre la explotación, sino sobre el respeto y la posibilidad de
regeneración; no apoyada sobre el extractivismo, forma capitalista de la
extracción y no construida sobre la renta de productos altamente destructivos
del ambiente y finalmente alterando el clima global.
Esta visión implica
privilegiar el valor de uso sobre el valor de cambio, con todas sus
consecuencias sobre la propiedad de los medios de producción. Exige una
generalización de los procesos democráticos, para construir el nuevo sujeto
histórico, que no es sólo el proletariado industrial, como en el siglo XIX, y
pide la interculturalidad y el fin del predomino de una cultura llamada
occidental, fruto del desarrollo capitalista, predominante instrumental,
segmentando lo real, individualista y excluyendo otras lecturas y otros
saberes.
Es lo que podemos llamar
bien común de la humanidad o ecosocialismo o de cualquier otro nombre que
permite sintetizar el contenido. La conquista de esta meta exige transiciones
que tomarán tiempo y que precisamente gobiernos de cambio tienen que definir,
cada uno en sus fronteras.
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