La Asociación Americana de Juristas (AAJ), ante la violencia asesina desatada por el Estado Peruano el 05 de Junio de 2009, contra las comunidades nativas de la amazonía peruana viene a expresar lo siguiente: 1.- Rechaza y condena la represión armada ordenada por el Presidente Alan García Pérez, conjuntamente con su Primer Ministro, Yehude Simons Munaro y la Ministra del Interior Mercedes Cabanillas Bustamante, a las comunidades nativas, que mantenían bloqueada la carretera Marginal de la Selva en el sector denominado Curva del Diablo, Provincia de Bagua, Departamento de Amazonas. Ello provocó la reacción violenta de los Pueblos Amazónicos allí acantonados, produciéndose decenas de comuneros muertos, cuyos cuerpos, según informaciones de la población, las fuerzas “del orden” arrojaron al Río Marañon. Lamentamos esos asesinatos y la muerte de doce policías en este enfrentamiento y doce en la Estación No 6 de Petro Perú en la Amazonía, víctimas todas de la decisión del gobierno que mediante el uso de la violencia del Estado, pretende despojar de sus territorios ancestrales, bosques y fauna a las comunidades nativas del Perú, con el objeto de cumplir con los acuerdos del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, que exige la privatización de la Amazonía.
2.- Nos solidarizamos con las Etnias nativas de la Selva Peruana Boras, Ashanincas, Cahuapanas, Jibaros, Quechua Shimanco, Tupi Huaraní, etc., que han salido en defensa de los bosques más grandes del planeta, de la biodiversidad y del medio ambiente, comprendiendo y respetando sus deseos de mantener su cultura y su forma de vida inmersa en la conservación de la naturaleza que cuidan desde hace miles de años.
3.- Exigimos al Gobierno Peruano el cumplimiento del Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo suscrito por el Estado Peruano cuyo artículo 6 establece que los gobiernos deberán consultar a los Pueblos, mediante procedimientos apropiados, sobre cualquier decisión en torno al uso de las tierras donde viven. En consecuencia, no habiéndose consultado a los pueblos nativos de la Selva Peruana los decretos legislativos N° 1090 denominado Ley Forestal y el N° 1064 que promueve el cambio de uso de las tierras forestales, en perjuicio del medio ambiente y de sus pobladores y repudiado por éstos, exigimos su inmediata derogatoria.
4.- Repudiamos la orden judicial de captura, dictada bajo presión del Poder Ejecutivo, contra el dirigente nativo Alberto Pizango, y nos solidarizamos con dicho dirigente, toda vez que el sistema penal establece la detención como última medida, para el supuesto de riesgo que el denunciado se evada o perturbe el accionar de la investigación, lo cual no se da en este caso ya que el indicado solo ha sido el mensajero de la Asamblea de los Pueblos Amazónicos y ha estado en Lima lejos del lugar donde ocurrió la agresión armada contra los comuneros.
5.- La suspensión dispuesta de las garantías constitucionales referidas a la inviolabilidad de domicilio, a la libertad de reunión y de tránsito, el toque de queda impuesto en la zona, y el reemplazo de las autoridades civiles por las policiales y militares, que han iniciado arrestos indiscriminados de ciudadanos, eliminan los derechos a la vida, la libertad, y el acceso a la justicia. Por ello, pedimos que por aplicación del artículo 48° inciso segundo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, designe de inmediato comisionados que se constituyan en el lugar a efectos de investigar los hechos acontecidos, exigir la restitución del Estado de Derecho y garantizar la vida de los ciudadanos, que puede verse aún más afectada por una eventual represión del paro general decidido por la Asamblea de Comunidades Nativas de la Selva, a partir del día 11 de los corrientes.
Perú, 8 de Junio de 2009.
Perú, 8 de Junio de 2009.
Andrés Coello Cruz
PRESIDENTE
RAMA PERUANA
Beinusz Szmukler
PRESIDENTE
CONSEJO CONSULTIVO
Vanessa Ramos
PRESIDENTA CONTINENTAL
PRESIDENTA CONTINENTAL
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