A partir del cinco de junio del presente año ya no somos el mismo país de antes: ha quedado demostrado que el estado no debe continuar con una política excluyente y discriminatoria.
Hildebrando Pérez Grande / LA VENTANA
En Las tres mitades de Ino Moxo y otros brujos de la Amazonía, novela de César Calvo (Lima, Perú, 1940-2000), el héroe del relato, recordando la violencia desatada contra los pueblos amazónicos en la época del caucho, de parte del cruel Fitzcarrald, expresa lo siguiente: "Y de sólo pensar que aquellos genocidas eran hombres, hasta hoy, por momentos, me dan ganas de nacionalizarme culebra, o palosangre, o piedra de quebrada, cualquier cosa..." (pag.251, edi.,1981).
Los trágicos acontecimientos que recientemente han vivido los pueblos de nuestra Amazonía, la violencia con la que han reprimido sus justas demandas, la política discriminatoria con la que el estado y el gobierno de turno han agredido a los nativos de las comunidades Awajun y Shuar que se habían concentrado en la provincia de Bagua, para demandar la derogatoria de algunas leyes que atentaban contra su habitat, su modus vivendi, nos hacen poner de relieve las palabras del maestro Ino Moxo que recogiera el poeta peruano: qué ganas tenemos de nacionalizarnos, en pleno siglo XXI, culebra, o piedra o viento, indignados ante tanta impunidad.
Pero es la hora de la reflexión. Hagamos un alto en nuestro duelo nacional y meditemos serenamente para luego tomar medidas que impidan estas políticas etnocidas. Discriminados a lo largo de toda nuestra historia patria, olvidados por siempre por el gobierno central, reprimidos por centurias, las comunidades nativas de las cuencas amazónicas están viviendo nuevos tiempos: ahora, con su sangre derramada por la soberbia de un congreso intransigente, se han convertido en protagonistas de las luchas sociales que empiezan heroicamente en este siglo XXI.
Ya no más serán sujetos invisibles para las clases que detentan el poder, para los voraces inversionistas extranjeros y nacionales y sobre todo para las transnacionales que quieren apoderarse de millones de hectáreas y de las fuentes de agua, es decir de los ríos de las diversas zonas de nuestra selva, tal como se constata en las atribuciones que se otorgan a la Autoridad Nacional del Agua que hará una suerte de privatización de estas fuentes de agua en perjuicio de sus auténticos dueños: los pobladores de la Amazonía.
Lo que ha ocurrido en el Perú, se puede analizar desde el punto de vista legal, económico, político y cultural. La legislación gubernamental atenta contra la conservación de los bienes naturales de la Amazonía peruana. La ley forestal y de fauna silvestre que impulsa el gobierno no se inspira en el reconocimiento de la diversidad de nuestro país, mucho menos del respeto a estas diferencias culturales. Su visión (y misión) es arrasar a estas comunidades nativas en nombre del progreso y la modernidad. Desde el punto de vista jurídico se redactan y se aplican leyes sancionadas por el congreso peruano, en desmedro de las comunidades nativas. Estas leyes no son más que instrumentos legales de una política económica que procura honrar, de acuerdo a sus intereses, el cuestionado convenio sobre el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos.
Altas autoridades del gobierno que preside Alan García lo habían expresado sin vergüenza alguna: no podemos modificar ni derogar el DL 1090 porque se ponía en riesgo el TLC con los EEUU, por lo tanto había que aplicarlo, no sólo sin consulta alguna con los pueblos nativos, como lo señala el Artículo 6 del Convenio 169 de la OIT, sino que se debería aplicarlo con las fuerzas del orden. Y eso trataron de hacer, con las lamentables consecuencias que todos deploramos y condenamos. Y ahora, vencidos por los acontecimientos, dicen que el Perú está aún en los plazos pertinentes para hacer algunas modificaciones de tal manera que cumplirá con el convenio del TLC.
Lo cierto es que a partir del cinco de junio del presente año ya no somos el mismo país de antes. Los notarios amazónicos han hecho respetar sus legítimos derechos y ha quedado demostrado que el estado no debe continuar con una política excluyente y discriminatoria.
Ya está claro que la explotación de recursos energéticos de la Amazonía no debe vulnerar el derecho de los nativos a sus tierras, al agua, a los bosques. La Ley Forestal que demarca el uso eficiente y la conservación de todos los recursos forestales y de la fauna silvestre debe abrir, primero, un debate amplio con la participación de los nativos. El flamante Ministerio del Ambiente pareciera estar pintado en el palacio de gobierno: ha tenido una sospechosa complicidad con el Ejecutivo.
Por otro lado, para nada se ha mencionado la relación especial que tienen los nativos con los boques amazónicos. Para ellos la naturaleza tiene un carácter sagrado. Nada ni nadie debe profanarla, menos violentamente. Los nativos se sienten humillados cuando atentan contra esa visión mágico-religiosa que requiere un tratado inteligente, amplio. Si se extingue la madre naturaleza, terminará la civilización, la cultura, la condición humana. Es por ello que se aferran a una defensa cerrada. Y no están solos.
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