La renuncia del Comisionado Internacional contra la Impunidad en Guatemala, Carlos Castresana, y la posterior remoción del Jefe del Ministerio Público, aluden a una doble crisis: sectorial, del sistema de seguridad y justicia; y estructural, derivada del control de las instituciones democráticas por parte de grupos corporativos y criminales.
(En la fotografía, el magistrado Carlos Castresana) 
La crisis del sistema de seguridad y justicia se manifiesta de forma visible en la impunidad existente. Según información del diario Prensa Libre, las cifras de impunidad representaron en 2009 el 99.6% del total de delitos; en los delitos de asesinato, la impunidad es superior al 98%; en los asesinatos de mujeres, al 97%. Esto quiere decir que apenas 120, de los casi seis mil asesinatos cometidos durante 2009, finalizaron en condena. Implica también que se ha identificado y condenado a culpables en menos de 160 ocasiones de los aproximadamente 5,200 asesinatos contra mujeres, desde el año 2000.
La impunidad pervive a pesar del apoyo otorgado al fortalecimiento de la seguridad y la justicia por parte de la Cooperación Internacional: “ Entre 1997 y 2006, la cooperación europea ha invertido alrededor de 90 millones de euros en programas de apoyo y asistencia técnica para contribuir a la reforma judicial y policial en Guatemala (…) Los resultados indican que el proceso de reforma no ha logrado su propósito principal: mejorar la seguridad y la justicia para los ciudadanos. Por el contrario, la gran mayoría de guatemaltecos no confía ni en la Policía ni en el sistema de justicia” afirma Denis Martínez en el estudio “Rol de la Cooperación Europea en la Promoción de los Acuerdos de Paz en Guatemala. Reforma Judicial y Reestructuración de la Policía”, de abril 2007. Este apoyo se renueva año con año, a pesar de las visibles señales de deterioro: participación de estructuras policiales en tráfico de drogas, existencia de cuerpos de ejecución, corrupción generalizada, pérdida de credibilidad.
Por otro lado, la visión estructural de la crisis reciente debe reconocer lo sucedido como parte de un proceso de legalización y “blanqueo político” de actividades criminales, y de conversión de las instituciones en instrumentos al servicio de intereses particulares, tanto legales como informales. Este proceso vacía de contenido dicha institucionalidad y debilita el ejercicio democrático, convirtiéndolo en canal de expresión, convergencia o disputa de grupos hegemónicos.
La garantía del éxito de todo tipo de negocios, devenida en objetivo fundamental de la acción legal y política, desvaloriza y reduce a la formalidad el conocido pero lejano principio de la democracia como gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, y de los partidos políticos y el sistema representativo como mediadores para la construcción de intereses de todos.
La “criminalización de la democracia” tiene una dimensión temporal múltiple: actual, en términos de disputa y definición de hegemonía. Histórica, en el sentido de actores tradicionales que buscan mantener sus espacios de poder. En este ámbito, debe analizarse detenidamente la influencia, en la cuestionada y finalmente revertida elección del anterior fiscal, de sectores del Frente Republicano Guatemalteco y de las negociaciones preelectorales entre este partido y el partido gobernante.
Por fin, es conveniente una lectura que se detiene en el pasado próximo, pero apunta a una ruptura de fondo, y obliga a analizar lo sucedido en el marco de la regresión del proceso de paz. Los Acuerdos de Paz se incumplen, los Acuerdos salen de la agenda política (lo hicieron hace tiempo, para algunos sectores desde el mismo momento de su firma) y los principios básicos de los Acuerdos (Estado e institucionalidad fortalecidas para la búsqueda del consenso) dejan de estar vigentes, configurándose y legitimándose un modo de organización que privilegia la acumulación privada y el uso de la fuerza.
En este marco, nuestra hoja de ruta nos conduce muy cerca del proceso vivido por Honduras, por otros medios y caminos, pero igualmente en vías de desinstitucionalización y reversión de los poderes democráticos. Proceso de raíz económica y de legitimación social, cultural e ideológica, a partir de hechos tan externamente intrascendentes como dar el nombre de un Dictador (Jorge Ubico) a una nueva construcción vial en la capital.
El problema de fondo no es así la salida de Castresana. Aunque necesaria, la solución de fondo tampoco es la remoción del Fiscal ni la elección de un nuevo jefe del Ministerio Público. La solución al problema tiene que partir de estrategias para recuperar la capacidad de decisión popular, legitimar la cultura y práctica de los derechos colectivos sobre los particulares, y lograr el control democrático de las instituciones. Una tarea de envergadura que requiere una acción social más fortalecida y organizada.
No hay comentarios:
Publicar un comentario