Andrés Mora Ramírez / AUNA-Costa Rica
Reunidos en San Salvador el pasado 20 de julio, en el marco de una cumbre extraordinaria del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), los presidentes centroamericanos –de nuevo, con la excepción de Daniel Ortega, de Nicaragua- protagonizaron un espectáculo vergonzoso por donde se lo mire.
Indiferentes ante las denuncias de organismos internacionales y de organizaciones sociales hondureñas sobre las reiteradas violaciones a los derechos humanos contra los opositores al régimen postgolpista, los mandatarios aprobaron por “unanimidad de los presentes” la reincorporación del gobierno de Porfirio Lobo al SICA y elevar una recomendación similar a la Organización de Estados Americanos (OEA).
Días antes de esta cumbre, el Comité Ejecutivo del Frente Nacional de la Resistencia Popular de Honduras (FNRP) publicó un pronunciamiento en el que denunció que persiste “el carácter sistemático de las violaciones de los derechos humanos desde junio 2009 hasta la fecha”, mediante “las prácticas de eliminación física selectiva, detenciones arbitrarias, vigilancia y seguimiento, intimidación y amenazas”.
Además, el FNRP manifestó su oposición “por principios éticos y políticos al reconocimiento del régimen de facto de Porfirio Lobo Sosa para su reincorporación a la Asamblea General [de la OEA] como lo exige el Departamento de Estado de Estados Unidos, que es promotor del golpe de Estado, por persistir todos los hechos condenables referidos en este posicionamiento y, además, por permitir este régimen la instalación de dos nuevas bases militares estadounidenses en nuestro territorio para lanzar su estrategia geopolítica imperialista contra países de la región”.
Pero los señalamientos del documento del FNRP no fueron ponderados por el “pragmatismo” de los presidentes Mauricio Funes, de El Salvador; Álvaro Colom, de Guatemala; Laura Chinchilla, de Costa Rica; Ricardo Martinelli, de Panamá; y por supuesto, tampoco lo hizo Porfirio Lobo.
Mucho más influyentes que la democracia y los derechos humanos, las cuestiones económicas y geopolíticas fueron determinantes en la decisión tomada sobre Honduras. Por un lado, la cumbre se efectuó bajo la tutela de Robert Zoellick, presidente del Banco Mundial y negociador del TLC entre Estados Unidos y Centroamérica, quien llegó a San Salvador para ofrecer créditos por $230 millones de dólares para el país anfitrión y $5000 millones de dólares para el SICA; y de Luis Alfredo Moreno, máximo ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo, quien señaló que “ puede incrementar, a partir de los resultados de esta cumbre, el monto de los créditos por 2.000 millones de dólares que cada año destinan para la región” (EFE, 21-07-2010).
Y por el otro, como lo apunta el economista Carlos J. Glower en declaraciones a la revista salvadoreña ContraPunto (22-10-07), el reingreso de Honduras apuntala el eje geopolítico México-Centroamérica-Colombia, en el que, por ejemplo, las inversiones de capital de los grupos de poder económico de este último país son cada vez más fuertes: “Banco Agrícola, que era el banco más importante de El Salvador, lo compraron los colombianos; TACA, la empresa más importante de El Salvador, la compraron los colombianos; la semana pasada, BAC, una entidad financiera regional, la compraron los colombianos (en referencia a la compra del banco BAC-Credomatic por parte del Grupo Aval)”.
Es bien conocida la expresión que se le atribuye al ejecutivo de la United Fruit Company, Sam Zemurray, con la que retrató a la clase política hondureña y que, a la larga, se convirtió en un triste y pesado estigma para las Banana Republic en la primera mitad del siglo XX: “en Honduras es más barato comprar un diputado que una mula”.
La cumbre del SICA actualizó esa imagen y dejó claro cuál es el precio de la democracia mínima, procedimental y de baja intensidad, que todavía impera en Centroamérica en esta primera década del siglo XXI.
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