Libia, América Latina y la Corte Penal Internacional

La celeridad y presteza con las que la Corte asume lo que considera su obligación en el caso de Libia contrasta, sin embargo, con la posición asumida en casos que en América Latina, por lo menos, podrían catalogarse como parecidos, cuando no mucho más graves y prolongados, con el conflicto libio.

Rafael Cuevas Molina / Presidente AUNA-Costa Rica

rafaelcuevasmolina@hotmail.com

(Fotografía: Luis Moreno-Ocampo, fiscal de la Corte Penal Internacional)

A tono con el cerco que se cierra en torno a Muammar Gadafi, la Corte Penal Internacional de La Haya ha dado a conocer sus intenciones de procesarlo a él, y a sus más cercanos colaboradores, por crímenes de lesa humanidad, dado el hecho que ha utilizado al ejército para reprimir las protestas que se suceden en su contra.

El alto tribunal internacional actúa de forma rápida y sin equívocos. Su presidente, enojado, no deja dudas de sus intenciones, y no se preocupa de adelantar criterio al referirse al susodicho líder con los términos más duros.

La celeridad y presteza con las que la Corte asume lo que considera su obligación en el caso de Libia contrasta, sin embargo, con la posición asumida en casos que, por lo menos, podrían catalogarse como parecidos, cuando no mucho más graves y prolongados, con el conflicto libio.

Piénsese, por ejemplo, en lo que sucedió durante 36 años en Guatemala, en donde el Estado, con la complicidad y colaboración de los Estados Unidos, instauró un verdadero régimen de terror que dejó una estela de muertos, desaparecidos y desplazados incomparablemente mayor que los que los acontecimientos en el país africano provocan. Es más, 15 años después de concluido formalmente el conflicto guatemalteco, campea la impunidad de los crímenes cometidos, y la mayoría de los culpables no solo se pasea en plena libertad sino, en algunos casos, llegan a dirigir los supremos poderes de la nación, como el Congreso de la República, o aspiran a ser presidentes del país.

Algo similar sucedió en el pequeño El Salvador, en donde las fuerzas asociadas al Estado de Seguridad Nacional llegaron a cometer el magnicidio del Arzobispo de San Salvador, Monseñor Romero, asesinaron en el jardín de su residencia a la crema y nata de la intelectualidad jesuita de ese país y bombardearon indiscriminadamente el Cerro Guazapa, para mencionar solo uno de los lugares asolados por la artillería del Ejército salvadoreño.

¿La sublevación de los pueblos de Guatemala y El Salvador no tenía la misma legitimidad que la que supuestamente tiene el pueblo de Libia? A los ojos del alto Tribunal de La Haya parece que no, puesto que nunca se ocupó de estos casos ni se pronunció al respecto.

Los dos casos mencionados no constituyen sino ejemplos, dramáticos, es cierto, de lo que también sucedió en otras partes de América Latina en décadas pasadas, y que sigue sucediendo ahora mismo, como en el caso de Colombia. Ahí, los Estados Unidos no solo no se escandalizan de las matanzas realizadas por el Ejército y los grupos paramilitares que se desprenden de él, sino que los apoya. La Corte Penal Internacional tampoco dice nada al respecto.

Decir que la vara con la que se miden los acontecimientos internacionales es distinta para cada quien dependiendo de cuáles sean los intereses de las grandes potencias, es hoy por hoy una perogrullada. Una perogrullada, sin embargo, que debe evidenciarse cada vez que sucede, porque la opinión pública parece olvidar la manipulación de instancias, instituciones, cónclaves y organismos que navegan con bandera de neutralidad y objetividad.

Lo mismo se puede y debe decir respecto a los medios de comunicación. En el caso de Libia, el mismo Gadafi pide que se llegue a comprobar lo que él dice que realmente pasa, y que considera que es distinto a lo que los medios transmiten. Ya se olvidó Irak y toda la parafernalia mediática que justificó la invasión y que, con el tiempo, ha ido siendo desentrañada.

Si lo que le ofrecen al pueblo libio es un futuro similar al que vive actualmente Irak, ¡pobre Libia!