Los cables Wikileaks muestran que padecemos un régimen anti-nacional, proconsular, con funcionarios y agencias de Estados Unidos operando como autoridad en materia de seguridad.
John Saxe-Fernández / LA JORNADA
Como “testimonio irrefutable de subordinación” calificó Porfirio Muñoz Ledo (PML), presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, la visita de Calderón a la Casa Blanca, notando que “apenas el 23 de febrero EU impuso un embargo de armas a Libia por el riesgo de violación de derechos humanos”. “Ya se demostró que sí puede hacerlo; sin embargo no le exigen nada a Obama”. ¿Por qué esta laxitud de Los Pinos y ese reticente y mañoso rechazo del gobierno de Estados Unidos a detener el inmenso flujo de munición a entes armados que, bajo diversos rótulos, operan en México? ¿No es Estados Unidos, el iniciador, gestor y presunto aliado en la campaña anti-crimen por medio de la Iniciativa Mérida?
¿Por qué se adoptó el modelo colombiano del Pentágono (DdD), convirtiendo al país en el teatro de una guerra “no-convencional”, que para el Comando Norte incluya el uso aquí de la contrainsurgencia y anti-terrorismo como en Afganistán e Irak, masacrando nuestra población y abriendo frentes y distracciones a las Fuerzas Armadas Mexicanas (FAM), socavando la función de “defensa nacional”, con gran desgaste en el combate al narcotráfico, que en rigor, corresponde, como en todo el mundo, a fuerzas de investigación/acción policial, financiera e inteligencia y de salud pública?
¿Por qué en cuatro años de “guerra al narco” Estados Unidos no ha interrumpido el enorme flujo de armamento y munición?
John Dodson, de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas, denunció y junto con otros agentes se opuso a la operación Rápido y furioso que les giró instrucción “desde arriba” para dejar pasar a México miles de armas tipo AK-47. Ante el Comité Judicial del Senado dijo que sus objeciones fueron sistemáticamente neutralizadas por sus “supervisores”, “frustrándolos en sus intentos de convencer a la Casa Blanca” de aplicar controles a ese mortal trasiego. ¿De qué se trata?, ¿acaso de inducir colapsos internos y la intervención armada? Los cables Wikileaks muestran que padecemos un régimen anti-nacional, proconsular, con funcionarios y agencias de Estados Unidos operando como autoridad en materia de seguridad.
Ante los dichos de Calderón al Washington Post (WP) por opiniones críticas de Carlos Pascual recién reveladas, el Departamento de Estado replicó que no se tiene en mente cambio de embajador porque “está haciendo un tremendo trabajo en nombre de Estados Unidos...” Pascual es un diplomático y funcionario de “seguridad nacional”, cuya asesoría en torno a Rusia, Ucrania y Eurasia lo calificó años después para encabezar la Oficina de Reconstrucción y Estabilización, equivalente, según el WP, a una Oficina de Colonias: es un magno diseño interdepartamental e inter-agencial “sólo comparable con el Proyecto Manhattan”, según el Defense Science Board del DdD, con dos consecuencias descritas en Terror e imperio (Arena, 2006): a) una ampliación sin precedentes de las funciones y operaciones militares a todo el gobierno de Estados Unidos; y b) el establecimiento de una función de nation building para captar dentro de la estructura del gobierno de Estados Unidos las funciones propias a un Estado soberano, es decir, de defensa, relaciones exteriores y economía: es una construcción imperial, en países como Colombia, Irak, Afganistán, México, etcétera, ricos en recursos estratégicos, por la vía de inducir “estados fallidos”. De ahí la relevancia que PML señale que Calderón aceptó el proyecto injerencista de Estados Unidos, que incluye a Pascual, “por su experiencia en estados fallidos”: “así que Calderón estuvo de acuerdo que hubiera una doble autoridad en el país”.
Peor: mientras adosa a las FAM el fardo de la guerra antinarco, con la anti-constitucional “reforma” energética y los contratos incentivados, Los Pinos abrió a decenas de petroleras y firmas tipo Halliburton, valiosos campos petroleros. En tiempos del peak oil eso es alta irresponsabilidad: la historia muestra que la seguridad y defensa de esos yacimientos es esencial a la soberanía, como lo documenta Friedrich Katz en La guerra secreta en México. Su lectura es de rigor.
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