El ejército
guatemalteco llegó a tener una gran
autonomía y un enorme poder en todos los años de la dictadura militar. Ríos
Montt y su camarilla militar es ejemplo
de ello. Pero finalmente solamente fue
un instrumento en manos de los grandes
intereses empresariales cuyo proyecto en última instancia defendían.
Carlos Figueroa Ibarra / Especial para Con Nuestra América
Desde
Puebla, México
Buena parte de los
análisis que se han hecho sobre el terrorismo de estado en Guatemala -el cual
ha sido calificado de genocidio por sus características en algunos momentos y
regiones-, destacan la participación de las fuerzas armadas y policiacas en
dichos crímenes de lesa humanidad. La mayoría si no es que todos los
enjuiciados y/o condenados por tales hechos han sido militares en retiro y ex policías. La
participación de los civiles en el terror estatal y en los actos de genocidio
se ha destacado poco y sobre todo en los estratos sociales más bajos, por ejemplo los
integrantes de las llamadas Patrullas de Autodefensa Civil. Ciertamente existen
algunos civiles relevantes que tienen procesos penales a nivel internacional como es
el caso del ex ministro de gobernación, Donaldo Álvarez Ruiz, quien por ello
hoy vive escondido y temeroso. Pero ha corrido un silencio ominoso sobre un
actor social que tuvo una gran importancia en todos los años del conflicto
interno y particularmente en aquellos en que este se manifestó como guerra
sucia. Me refiero a la cúspide empresarial, principal beneficiaria de la
contrainsurgencia.
Por todo lo anterior
considero de gran mérito el reportaje hecho por Martín Rodríguez Pellecer
publicado en el medio electrónico Plaza
Pública y que lleva el nombre de “Los militares y la élite, la alianza que
ganó la guerra” (http://www.plazapublica.com.gt/content/los-militares-y-la-elite-la-alianza-que-gano-la-guerra). Tal reportaje ha sido
difundido profusamente a través de
internet y esto sucede porque relata con nombres, hechos y detalles lo que es sabido pero poco difundido: que
en la guerra contrainsurgente en sus
dimensiones internacionales, políticas, económicas y propiamente militares, una
parte importante del empresariado local participó de manera activa. Baste citar
una frase del referido reportaje de Rodríguez Pellecer para sintetizar su
entero contenido: “La alianza que ganó la guerra en los años ochenta tuvo en su
centro a militares y empresarios. Empresarios que se involucraron en distintos
niveles. Desde tecnócratas de centro, medios de comunicación, patrulleros de
autodefensa civil, ciudadanos
que delataban o se hacían de la vista gorda cuando miraban o
escuchaban crímenes de lesa humanidad hasta empresarios que volaron sus propias
avionetas y lanzaron bombas”. Es indudable la participación empresarial en el
holocausto guatemalteco.
Participaron en el llamado
Consejo de Estado, en el cabildeo internacional para romper el aislamiento de
la dictadura militar, en la reticente y tacaña contribución económica al
financiamiento de la contrainsurgencia y
finalmente en la vinculación directa de algunos empresarios, de sus aviones y
de sus pilotos en el bombardeo en las áreas de conflicto. Tal es el planteamiento
hecho en el reportaje aludido.
El ejército
guatemalteco llegó a tener una gran
autonomía y un enorme poder en todos los años de la dictadura militar. Ríos
Montt y su camarilla militar es ejemplo
de ello. Pero finalmente solamente fue
un instrumento en manos de los grandes
intereses empresariales cuyo proyecto en última instancia defendían. Tal
proyecto fue la reproducción ampliada
del orden excluyente que fue impuesto con el derrocamiento de Jacobo Arbenz en
1954. Ese orden excluyente que se nutrió de un orden latifundista,
expoliador y con
supervivencia de formas serviles de explotación en el campo, de una
inmensa pobreza rural y urbana, de una minoría privilegiada e insensible y de
una exclusión política que organizaba regularmente fraudes electorales y que
persiguió de manera sanguinaria a demócrata cristianos, socialdemócratas,
comunistas, demócratas, nacionalistas revolucionarios o simplemente
inconformes.
Más allá de la
participación directa de empresarios en los bombardeos en Quiché de los cuales
ahora nos enteramos, lo que acaso resulte más importante recordar es que el
origen del terror estatal y el genocidio en Guatemala fue la defensa a ultranza
de un orden injusto del cual fue beneficiaria la cúspide empresarial.
No hay comentarios:
Publicar un comentario