Desde 1980 –cuando se
comenzaron a aplicar las leyes de la ‘guerra contra las drogas’– la población
carcelaria en EE.UU se ha multiplicado ocho veces. La mitad de los reos han
sido condenados por delitos vinculados con drogas.
Marco A. Gandásegui, h. / Para Con Nuestra América
Desde Ciudad Panamá
El
Fiscal General de EE.UU, Eric Holder, anunció formalmente un importante cambio
de política que tiene como objetivo mitigar la enorme carga que representa
actualmente la población carcelaria de ese país. La medida pretende evitar que
las personas condenadas a penas de cárcel por delitos relacionados con drogas
no tengan que cumplir las penas máximas. La legislación norteamericana, igual
que la panameña, obliga a los jueces a aplicar penas absurdas de 10, a veces 20
años de cárcel, por poseer una droga ilícita.
Holder
habló ante el Colegio de Abogados de EE.UU sobre el encarcelamiento masivo y
mencionó que, a pesar de que ese país tiene apenas el 5 por ciento de la
población mundial, alberga casi el 25 por ciento de los prisioneros del mundo.
Entre otros cambios de política, Holder acogió con mucho entusiasmo la
ampliación del programa de libertad anticipada para algunos prisioneros de edad
avanzada. Además, anunció que revisaría las desigualdades raciales en las
condenas, tras citar un reciente estudio que descubrió que los hombres
afrodescendientes (negros) recibieron condenas casi un 20 por ciento más largas
que las impuestas a hombres descendientes de europeos (blancos) procesados por
delitos similares.
Según Holder, “hay demasiados
norteamericanos atrapados en un círculo vicioso de pobreza, criminalidad y
encarcelamiento. Esta realidad es una causa inmediata del debilitamiento de
muchas comunidades”. Holder también señaló que “hay aspectos de nuestro sistema
de justicia penal que, en lugar de aliviar, exacerban estos problemas. Todos
sabemos que hay demasiados norteamericanos que son condenados por demasiado
tiempo y por ningún buen motivo legal”.
Holder apuntó al hecho
que hay demasiadas personas condenadas por acciones relacionadas con el consumo
de drogas que no constituyen propiamente delitos. “Estamos gastando, dijo,
demasiados ‘dólares’ en actividades que no rinden beneficios.
En la década de 1980 el
gobierno del entonces presidente Ronald Reagan declaró lo que llamó la “guerra
contra las drogas”. Desde entonces el problema se ha complicado cada vez más y
se ha creado un mito en torno al consumo de drogas, el crimen y el
encarcelamiento de jóvenes. Como primer paso, el ministro de Justicia, le dió
instrucciones a los fiscales federales de no pedir castigos exagerados a
quienes son detenidos por delitos no violentos. Anunció también que trabajará
en el Congreso de su país para darle a los jueces leyes más discrecionales que
les permita impartir justicia.
Comenzaremos por
revisar todo lo relacionado con las penas obligatorias para los delitos
relacionados con las drogas”.
En EE.UU hay cerca de 2
millones de personas privadas de libertad. De este total, 219 mil son reos en
cárceles federales. Estas instalaciones están superpobladas con un 40 por
ciento de exceso. Desde 1980 – cuando se
comenzaron a aplicar las leyes de la ‘guerra contra las drogas’ – la población
carcelaria en EE.UU se ha multiplicado ocho veces. La mitad de los reos han
sido condenados por delitos vinculados con drogas.
Holder dice que
pretende orientar el sistema de uno que condena a los drogadictos a otro que
les ofrece programas comunitarios de rehabilitación. El senador Rand Paul,
líder del Partido Republicano, conservador y adversario de los derechos de los
más necesitados, aplaudió el discurso de Holder. Señaló que aplicar penas
exageradas a los delitos relacionadas con las drogas promueve la injusticia y
contribuye a la inseguridad. Los senadores demócratas también acogieron en
forma positiva la iniciativa del fiscal general norteamericano.
Anteriormente, Holder
señaló que toda aquella persona que no se enriquece comercializando con drogas
no debe ser perseguida. En su discurso insistió en que el encarcelamiento debe
servir para castigar, prevenir y rehabilitar a los que cometen delitos y no
para encerrar y olvidarse de las personas. Aseguró que en EE.UU la tendencia es
hacia la inversión de recursos en programas de tratamiento y menos en la
construcción de cárceles.
En EE.UU, al igual que
en Panamá, es común que se encarcelen adolescentes por meras sospechas. Un
ejemplo mencionado en EE.UU es el muchacho de 19 años de edad que fue condenado
a 10 años de prisión por encontrarse dentro de un auto donde se encontraron
rastros de droga. Según estadísticas gubernamentales, en Panamá son miles los
casos de adolescentes cuyas vidas han sido truncadas al ser recluidos en el
sistema penitenciario.
EE.UU comenzó a regular
el consumo de drogas consideradas ilícitas hasta hace poco. El gobierno federal
ahora anuncia que flexibilizará su sistema judicial. Sin duda, las nuevas
orientaciones contribuirán a mitigar el problema de la adicción y, sobre todo,
a reducir las batallas territoriales del crimen organizado que sesgan cada vez
más vidas. EE.UU, sin embargo, insiste -a través de su política exterior- que
los países de la región latinoamericana declaren “la guerra a la droga”. En
Panamá, asesorado por la Embajada de EEUU, el actual gobierno ha comprado más
de mil millones de dólares en armas de guerra con el pretexto de combatir el
flagelo de la droga.
El debate en Panamá
sobre la regulación y la despenalización es declarado fuera de límites por el actual
gobierno. Es hora de cambiar de rumbo y buscarle una solución definitiva al
problema de las drogas.
15 de agosto de 2013.
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