Desde 2017 se
observa con mayor claridad un bloque de fuerzas que aglutina a militares,
políticos y empresarios —llamado Pacto de Corruptos—, el cual avanza en sus
afanes de mantenerse en el control del Estado y en la impunidad.
Mario Sosa / Para Con Nuestra América
Desde Ciudad Panamá
Ese bloque de poder, además de
controlar el Ejecutivo y el Legislativo, ha tenido la capacidad de copar las
más importantes instituciones del Estado (el Ministerio Público, la Corte
Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo Electoral y, recientemente, la
Contraloría General de Cuentas) o de garantizarse en ellas decisiones en
función de sus intereses. Si avanzan en su dominio de la Corte de
Constitucionalidad, cerrarán las posibilidades para su relevo. Muy
probablemente se consolidarán como bloque de poder y harán retroceder aún más
al país al instaurar una agenda gubernamental, legislativa y judicial en
función de sus intereses de enriquecimiento, acumulación e impunidad.
En el ámbito de la contienda
electoral es evidente que las fuerzas que integran dicho bloque compiten
utilizando una diversidad de partidos políticos, entre los cuales sobresalen
las candidaturas de Zury Ríos, Alejandro Giammattei, Roberto Arzú, Mario
Estrada, Fredy Cabrera, Estuardo Galdámez y Julio Estrada, entre otros. Esto
responde a intereses particulares y a contradicciones secundarias que los
llevan a competir por posicionarse como la principal fuerza electoral del
bloque de poder. Tal fraccionamiento no impide su articulación en torno a las
políticas que comparten y muy probablemente no impedirá su alianza alrededor de
la candidatura que finalmente represente la mejor posibilidad para ganar la
elección y mantenerse en el control de las principales instituciones del
Estado.
En el ámbito económico han
venido compartiendo una agenda que les ha garantizado mayores niveles de
enriquecimiento y acumulación de capital, por ejemplo el control de los
presupuestos, las inversiones y las obras públicas; la contención del aumento
al salario mínimo, y la garantía de ventajas y privilegios fiscales, como
sucedió recientemente con el sector cafetalero, que logró este tipo de
beneficios con la justificación recurrente de la disminución de los precios del
café.
En el ámbito político comparten
una agenda de control de segmentos de la oposición política, de represión contra
la protesta social, que representa resistencia a proyectos extractivos, y de
confrontación parcial con Estados Unidos, en particular en materia de justicia
e impunidad. En torno a la competencia electoral, esta agenda se desarrolla en
dirección a la judicialización de candidaturas como la de Thelma Aldana, del
partido Semilla, uno de sus principales contendientes electorales. Aldana, una
candidata de derecha, representa la figura que atentó contra dicho bloque de
poder desde su gestión en el Ministerio Público, que abandera una agenda contra
la impunidad y la corrupción y que goza del apoyo privilegiado de la embajada
estadounidense en sus planes para Guatemala. Otra de esas candidaturas es la de
Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), quien, no obstante
su cercanía al bloque de poder porque representa la reproducción del modelo
económico y comparte objetivos de impunidad por su interés de evitar su
procesamiento por financiamiento electoral ilícito, representa una fuerza que
les disputará el control de la cosa pública. En caso de que Aldana o Torres
ganara la elección, esto representaría una recomposición de fuerzas en la
dirección del Estado y, por consiguiente, en los matices que adquiriría durante
los siguientes cuatro años el actual modelo de enriquecimiento y de acumulación
de capital.
En esta disputa, no obstante,
penden de un hilo legal las tres candidaturas que encabezan las encuestas. En
este sentido, de prosperar el impedimento legal a la participación de Zury
Ríos, del partido Valor, muy probablemente se registre una importante
recomposición de fuerzas en torno al proceso electoral en el bloque de poder
que actualmente controla el Estado. De proceder el impedimento contra Torres,
muy probablemente la UNE, con su capacidad organizativa y financiera, logre una
bancada numerosa, con la cual tendría condiciones de negociación favorables. Y
Semilla, por su parte, es probable que sin candidata presidencial obtenga una
bancada respetable, pero de entrada dividida entre un grupo conservador
devenido de la plataforma de Aldana y uno progresista devenido de la
organización partidaria.
Así las cosas, la disputa entre
las derechas sigue en ciernes y se dilucidará en una contienda electoral en la
cual son hegemónicas.
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