La decisión
presidencial de re-nacionalizar YPF es el camino correcto hacia la recuperación
de la soberanía nacional. Camino difícil y lleno de obstáculos pero que hay que
asumir y recorrer con mucha fuerza y esperanza.
Adolfo Pérez Esquivel / Argenpress.info
Tenemos que
apoyar a nuestra presidenta que tuvo el coraje y decisión política de asumir
este reclamo popular de años y debemos aportar desde cada lugar para fortalecer
la decisión gubernamental que ha provocado más de un cimbronazo de intereses
económicos y políticos.
El gobierno español
se escandaliza del gobierno argentino defendiendo lo indefendible, a una
empresa como REPSOL que tuvo grandes ganancias y pocas, o ninguna inversión en
el desarrollo de la producción petrolera.
Se sabía de
las actividades de REPSOL en otros países, pero la decisión del menemismo fue
adjudicarle YPF y las consecuencias están a la vista.
No voy hacer
comentarios de quienes apoyaron en las provincias las privatizaciones, y
festejaban que eso era la gran solución a los problemas del país, pero debemos
tener memoria y tener presentes a los diputados y senadores que aprueban leyes
dañinas que después el país debe soportar para varias generaciones, como las
leyes de impunidad, la ley antiterrorista y las privatizaciones, entre otras
calamidades.
Recordemos a Aerolíneas
Argentinas que Iberia desmanteló y fundió, llevándose equipos, motores, aviones
y todo lo que pudo y después del desastre, el gobierno argentino tuvo que
asumir la re-nacionalización y hacerse cargo de la deuda y los desastres
dejados por las empresas.
Hoy, la
nacionalización de YPF vuelve al mismo problema, la falta de inversiones, el
desabastecimiento, los costos y las deudas, los activos y pasivos que deja
REPSOL son enormes y es necesario tener mucha serenidad para volver a hacer
rentable la empresa.
Muchas veces
he señalado, y es casi un latiguillo, que un país que no controla sus recursos
naturales y las empresas estratégicas necesarias para el desarrollo integral,
es un país sin soberanía.
Este es un mal
que afecta a la Argentina desde hace décadas y ha llevado a un peligroso atraso
al país que supo privatizar casi todo y sigue acumulando una deuda externa e
interna inconmensurable que costará grandes sacrificios y esfuerzos rediscutir.
REPSOL
pretende cobrar a la Argentina y pasar por acreedor cuando es el gran deudor
del el pueblo argentino. El gobierno debe exigir a la empresa el pago de lo no
cumplido.
Los países
europeos protestan contra la Argentina y dicen que el país no es seguro para
sus intereses. Quienes no son seguras son las empresas trasnacionales como
Repsol y otras, que vienen a explotar y no a invertir para el desarrollo y la
vida del pueblo. No esperamos caridad sino responsabilidad, y no la tienen.
Debemos hacer
un fuerte llamado a los gobernantes y legisladores de que no es posible que
actúen según los vientos que soplan a su favor en la especulación política.
Hay que
establecer leyes para impedir que un gobierno privatice los bienes y recursos
que son patrimonio del pueblo y no de los gobernantes, tanto nacionales como
provinciales.
La decisión
sobre ese patrimonio debe ser decidido por el pueblo a través de consultas
populares de acuerdo al derecho constitucional, evitando que se produzcan
hechos semejantes.
Hay que salir
de esta democracia delegativa donde los gobernantes hacen lo que quieren y no
lo que deben, y construir una democracia participativa con decisión en los
grandes temas del país, en las políticas de gobierno, evitando el feudalismo de
las provincias.
Llegamos al
agotamiento que acarrea más pobreza y marginalidad a nuestro pueblo.
YPF tuvo su
etapa de esplendor y orgullo nacional, hoy es sólo un recuerdo y el gobierno
actual debe remontar un pesado camino que deja la irresponsabilidad de REPSOL.
No puedo dejar
de señalar que el petróleo no es la única asignatura pendiente en la
recuperación de la soberanía nacional. No estoy hablando de los nacionalismos
trasnochados. El gobierno debe actuar, antes que sea tarde, sobre las empresas
mineras, que se llevan el 97 % de lo extraído con una simple declaración jurada,
y la venta del territorio nacional. El país ha dejado su derecho soberano para
someterse a tribunales internacionales que no tendrán en cuenta el derecho del
pueblo argentino. Ponen en peligro a la salud de los pobladores, a recursos
como el agua y el medio ambiente todo y además generan los daños económicos a
los pequeños y medianos productores. Ese es el fruto de la época de
privatizaciones del gobierno de Carlos Menem que se sometió a los intereses
extranjeros y provocó grandes daños al país.
Esperamos que
la decisión presidencial de re-nacionalizar YPF avance y para lograrlo debemos
apoyar decididamente la recuperación de la soberanía, con serenidad y firmeza.
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