Las
confesiones del ex dictador argentino sobre los desaparecidos son plenamente
aplicables a la dictadura de Pinochet, dado que se trató de una política
diseñada por las dictaduras militares latinoamericanas, especialmente la
argentina, brasileña y chilena, para impedir que la opinión pública conociera
los crímenes que se cometían, para torturar sin plazos y en penumbra, para
profundizar el terror en la sociedad y la angustia de los familiares.
Antonio Leal* / Clarín de Chile
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| El dictador argentino Jorge Rafael Videla |
El dictador argentino Jorge Rafael Videla, en el libro
Disposición Final del periodista
Cerafino Reato, confiesa, por primera vez, el por qué de la política de
desaparición forzada de personas llevadas a cabo por su régimen:
“Había que
eliminar a un conjunto grande de personas que no podían ser llevadas ante la
justicia, ni fusiladas, de manera que no fuera evidente, que la sociedad no se
diera cuenta ni esto pudiera provocar protestas dentro y fuera del país". Reconoce que
esto ocurrió con cerca de ocho mil personas aún cuando los familiares de las
víctimas y los organismos internacionales de derechos humanos consignan que en
Argentina fueron eliminados por el régimen de Videla cerca de cuarenta mil.
Esta confesión del ex dictador, condenado por la
justicia de su país a cadena perpetua, es significativa porque entrega la
motivación de las dictaduras latinoamericanas para promover la desaparición
forzada de personas. Da cuenta de que el desaparecimiento de personas no fue un
exceso sino una política sistemáticamente planificada, selectiva, de quienes
debían ser detenidos, torturados, asesinados y ocultados, negando que los
órganos represivos los tuvieran en su poder e incluso montando, con los medios
de comunicación que avalaron y fueron cómplices de esta política, operaciones
distractivas, simulaciones de supuestos enfrentamientos, fugas al exterior del
país, para ocultar los horrendos crímenes cometidos.
El desaparecido fue una categoría especial de la represión
militar y hoy las motivaciones quedan al desnudo.
Las confesiones del ex dictador argentino son
plenamente aplicables a la dictadura de Pinochet dado que se trató de una
política diseñada por las dictaduras militares latinoamericanas, especialmente
la argentina, brasileña y chilena, para impedir que la opinión pública
conociera los crímenes que se cometían, para torturar sin plazos y en penumbra,
para profundizar el terror en la sociedad y la angustia de los familiares que
mantuvieron, en muchos casos por largo tiempo la esperanza que sus seres
queridos estuvieran vivos, ocultos en algún lugar, transformados en rehenes del
régimen de Pinochet.
El secuestro y la desaparición de una persona creó un
estado psicológico especial. Mantener el terror y la angustia en el tiempo,
asesinar sin tener que dar explicaciones sobre personas que el régimen no
reconocía haberlos detenido, poder ocultar sus restos, trasladarlos, lanzarlos
al mar, dinamitarlos, ocultar todo signo sin dar explicaciones, porque los
embajadores de Pinochet afirmaban en la ONU, en los primeros años, que los
desaparecidos no existían. Incluso, respecto de los primeros 119 desaparecidos
la dictadura de Pinochet montó un operativo comunicacional nacional e
internacional para demostrar que se trataba de personas que permanecían en la
clandestinidad o que habían salido del país.
Los hombres del régimen militar que participaron de
las masivas desapariciones de detenidos nunca han dado una explicación como la
entregada hoy por el ex dictador argentino. Crearon un sistema de silencio
cómplice, profundo, inexpugnable. Comprometieron a centenares de mandos
militares en algunas de las múltiples etapas que significó secuestrar,
torturar, asesinar y ocultar los restos y aún hoy, con Mesas de Diálogo de por medio,
el Ejército de Chile nunca ha mostrado un real compromiso para averiguar y
entregar el paradero y la suerte sufrida por los desaparecidos.
No hay duda que especialmente el Ejército chileno
tiene una deuda con los familiares de los desaparecidos y con el país. Máxime
cuando en el vértice de de la institución se mantuvieron , hasta hace pocos
años y en plena democracia, oficiales que habían pertenecido a la DINA, que
participaron directamente en alguna fase del delito o que conocieron de los
hechos y callaron y de los cuales solo a través de las investigaciones
judiciales recientes se ha podido acertar dicha participación.
Las investigaciones judiciales demostraron que la
operación llamada "traslado de televisores", es decir de restos de
los desaparecidos, realizada en 1978, se produjo desde cuarteles, regimientos y
fue hecha por militares que habían estado comprometidos, de una u otra forma,
con el secuestro y desaparecimiento de personas y que se encontraban en
servicio activo. Es , por tanto, imposible que en el Ejército nadie supiera
nada sobre donde fueron llevados estos restos y sobre el registro de ellos, que
era necesario manejar detalladamente para trasladarlos. Los mandos siempre han
conocido el historial de los desaparecidos en Chile y los han mantenido oculto
por decenios.
Las tenebrosas declaraciones del ex dictador Videla,
donde se registra también el asesinato de niños y la entrega de pequeños
nacidos de violaciones en los lugares de tortura en adopción a los propios
militares, reabren este debate y hoy, que la transparencia es el elemento clave
de la credibilidad de las instituciones, el Ejército chileno debiera abrir una
investigación para dar con los restos o al menos reconstruir la información de
que ocurrió con estos miles de chilenos y entregar a sus familiares una
respuesta sobre sus seres queridos que fueron hechos desaparecer para ocultar
todo rastro de los crímenes cometidos. Hacer verdad es clave no solo como
recurso ético sino también como resguardo de los valores democráticos y de respeto
de los derechos humanos. Si ello no ocurre, esta herida seguirá abierta para
siempre.
*Ex Presidente de la Cámara de Diputados
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