La debacle o recesión
económica del sistema capitalista a escala mundial ha creado un vacío que urge
llenar con nuevas propuestas de organización social que le permita a los
pueblos del mundo reconstruir sus sociedades libres del crimen.
Marco A. Gandásegui, hijo / ALAI
¿Cuáles son la opciones
abiertas a los pueblos latinoamericanos frente a la creciente ola de
criminalidad que azota la región? No descartamos al hacer esta pregunta la
creciente penetración del crimen organizado en nuestras instituciones. ¿Quiénes
son los actores sociales que pueden enfrentar este flagelo con valor y
decisión? Los gobernantes no pueden esconderse detrás de cifras manipuladas o
echarle la culpa a grupos sociales inventados por las agencias internacionales.
El incremento de la
criminalidad y sus consecuencias son el resultado de un proceso de
desindustrialización que afecta a Panamá y a toda la región latinoamericana. La
desindustrializacion ha tenido un impacto que va mucho más allá de los números
y de las cifras económicas. La masa de trabajadores disciplinada tiende a
desaparecer y ser reemplazada por el trabajador informal o precario. El
trabajador informal es el ideal en la concepción equivocada del empresario que
busca un “colaborador” para cumplir con tareas en el marco del concepto de “just
in time” o justo a tiempo.
Este trabajador no
tiene empleo estable y, como consecuencia, tampoco tiene una disciplina que le
permita organizarse como trabajador y tampoco puede organizarse como hombre o
mujer de familia.
No sólo se debilita el
sindicato y todo lo que eso implica, también se desintegra la familia y todos
los valores asociados a esa institución. La desintegración de la familia hace
estragos a nivel de la comunidad donde desaparece la red solidaria de jefes de
familia, amas de casa y, sobre todo, de niños y adolescentes que adquieren sus
valores primarios en ese marco.
Las instituciones
comunitarias tienden a desparecer. Las escuelas son abandonadas por las
familias desintegradas y los maestros que quedan tienden a frustrarse al no
encontrar una referencia de apoyo en la comunidad. La escuela es invadida por
elementos extracomunitarios asociados a la delincuencia, incluso al crimen
organizado. Los jóvenes son reclutados por estas organizaciones con amplias
redes. La corrupción, la “protección” y la trata de personas constituyen los
primeros escalones. Después son introducidos a las tareas de distribución de
drogas ilícitas y al control territorial de los mercados.
La desintegración de los
centros de trabajo y de las organizaciones laborales son los primeros pasos en
el camino hacia la formación de delincuentes. No hay que olvidar que a mediados
del siglo XX (en el caso de Panamá), la desintegración de la comunidad
campesina y la desaparición de ese tipo de organización familiar, fue
reconstruida - tras un trauma - por la familia obrera en las formaciones
urbanas.
En la actualidad, sin
embargo, la familia obrera no está siendo reemplazada. Es lo que algunos
ideólogos llaman la sociedad post industrial o pos moderna, sin valores y destinada a reproducirse sin
referentes o valores.
La debacle o recesión
económica del sistema capitalista a escala mundial ha creado un vacío que urge
llenar con nuevas propuestas de organización social que le permita a los
pueblos del mundo reconstruir sus sociedades libres del crimen. El “boom”
económico panameño – pasajero – debe servir para enfrentar la recesión que se
avecina. Sin embargo, los gobiernos se resisten a planificar para el futuro.
Además, en muchos foros
se insiste en levantar falsas expectativas en torno al problema del crimen
organizado, planteando que no son problemas o que se deben a estructuras
dañadas que pueden ser reparadas. En otras palabras, son problemas que pueden
resolverse mediante ajustes parciales en las políticas sociales. Estos son los
famosos programas focalizados que distribuyen prebendas en el marco de
políticas clientelistas destinados al fracaso.
No se percatan que el
crimen organizado es el resultado de políticas que se aplican en forma
coherente al más alto nivel. Constituyen un conjunto de leyes que hacen
inviables las actividades económicas productivas: industria y agricultura. Que
impide que los niños y adolescentes puedan completar su educación. Son
políticas que destruyen sistematicamente a las comunidades del país. ¿Por qué
la legislación privilegia y promueve los negocios relacionados con los juegos
del azar, la trata de blancas y el blanqueo de dinero? ¿Por qué se legisla para
legalizar y supuestamente justificar la expropiación de las tierras de
campesinos, indígenas y pescadores?
¿Qué justifica que se
crean batallones militares especiales para reprimir a las comunidades que
defienden sus tierras y que son acusadas de ser aliadas de fuerzas políticas
insurrectas?
La seguridad nacional
responde a una ecuación sencilla que no puede ser manipulada. En la base de la
sociedad tiene que existir una población constituida por trabajadores – hombres
y mujeres - productivos en cuya instancia familiar se forma la generación de
relevo, que garantiza la estabilidad de la sociedad a largo plazo. Las
políticas al más alto nivel tienen que resguardar esa constitución básica
mediante planes y una legislación consecuente.
En la actualidad, sólo
existen planes para que ciertos sectores de la sociedad puedan invertir
capitales (de dudoso origen) en negocios rentables. No existen planes para
invertir los enormes ingresos del gobierno en actividades productivas, como la
industria y el agro. Esta contradicción que se presenta en todos los países de
la región explica la profundización cada vez más peligrosa de la
criminalización de las relaciones sociales a todos los niveles de la sociedad.
Panamá, 24 de mayo de 2012.
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