El
gobierno entrante no está militarizando de nueva cuenta el tema de la seguridad
pública. La creación de la Guardia Nacional está pensada precisamente para
sacar al ejército del combate a la delincuencia. Pero este retiro tiene que ser
paulatino para no crear un vacío que sumiría al país en un caos delincuencial.
Carlos Figueroa Ibarra / Especial para Con Nuestra América
Desde Ciudad de México
El
14 de noviembre de 2018, Andrés Manuel López Obrador, Presidente electo de
México, presentó su Plan de Paz y seguridad para México. Era una medida
esperada porque el narcotráfico, el
crimen organizado y la violencia delincuencial son problema neurálgico para el
país. Baste recordar que entre diciembre de 2011 y diciembre de 2017, 235 mil personas fueron ejecutadas
extrajudicialmente o asesinadas y en los últimos cinco años 37 mil han sido desaparecidas. Desde que
Felipe Calderón inició la llamada guerra contra el narcotráfico, el país se ensangrentó
y su territorio se llenó de fosas
clandestinas. Y ese luto humano no ha servido de nada, pues los distintos
carteles se han reconfigurado (ha surgido como nuevo poder el Cártel Jalisco
Nueva Generación) o no han disminuido su poder (como lo demuestra el Cartel de
Sinaloa).
Este
es el contexto en el cual el gobierno entrante ha presentado un plan de paz y
seguridad que rompe con la estrategia que ensayaron los dos gobiernos
anteriores. Un elemento sustancial de este plan es la creación de la Guardia
Nacional, la cual se integrará con elementos provenientes de la policía
militar, la policía naval y con el reclutamiento de 50 mil jóvenes. Se prevé
que tal Guardia Nacional sustituirá paulatinamente a las Fuerzas Armadas en las
labores de seguridad pública, puesto que es concepción de López Obrador y su
gobierno el que dichas Fuerzas Armadas deben ser retiradas de funciones para
las cuales no han sido entrenadas y constitucionalmente no les corresponden. La
oposición de derecha y también algunas organizaciones de derechos humanos, han
clamado que la constitución de la Guardia Nacional es darle continuidad a la
militarización de la seguridad pública. Resulta sorprendente que legisladores
del PAN y PRI pongan el grito en el cielo cuando en los últimos doce años
avalaron la presencia del ejército en campos y calles y alabaron la solución
militar al problema del narcotráfico y la violencia delincuencial.
El
gobierno entrante no está militarizando de nueva cuenta el tema de la seguridad
pública. La creación de la Guardia Nacional está pensada precisamente para
sacar al ejército del combate a la delincuencia. Pero este retiro tiene que ser
paulatino para no crear un vacío que sumiría al país en un caos delincuencial.
Tal como lo expresa su Plan de Paz y Seguridad, la concepción que la sustenta
es una visión integral que se aleja de aquella que se ha sustentado en el
autoritarismo y la fuerza. Dicha visión contempla la erradicación de la
corrupción; la solución a los problemas sociales del desempleo, la pobreza, las
carencias educativas y de salud; el respeto y promoción de los derechos
humanos; la regeneración ética de la sociedad; la reformulación del combate a
las drogas (legalización de la mariguana y amapola); la lucha por la
reinserción social de un segmento de los delincuentes; recuperación y
dignificación de las cárceles y la coordinación nacional, estatal y regional
del combate la delincuencia.
Acaso
todo esto no sea lo mejor, pero es el menor de los inconvenientes.
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