Desde
el año 2009 en que renunció Eduardo René
Mondito al cargo en el que había sustituido a su primer titular, doctor Jorge
Maiorano, no ha sido designado Defensor del Pueblo de la Nación. La Defensoría
es un órgano independiente instituido en el ámbito del Congreso que, como es
sabido, fue creado al incorporarse el nuevo artículo 86 al texto de nuestra
Carta Magna por la reforma de 1994.
Carlos María Romero Sosa /
Especial para Con Nuestra América
Desde Buenos Aires, Argentina
Héctor Polino |
Según
reza dicha norma tiene por misión “la
Defensa y protección de los derechos humanos
y demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución y
las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la Administración; y el control
del ejercicio de las funciones administrativas
públicas.” Entre los primeros juristas que impulsaron la creación en nuestro país
del Ombudsman –institución de origen
sueco en la que algunos doctrinarios
hallan similitudes con ciertos institutos medievales hispanos- cabe mencionar al constitucionalista Miguel Padilla quien en 1972 publicó el libro
“La institución del comisionado
parlamentario: (el Ombudsman)”. Asimismo
debiera recordarse al profesor Alberto Spota reclamando más o menos por esos
tiempos desde su cátedra universitaria y poco después en artículos jurídicos,
que los derechos ciudadanos fueran tutelados por algún funcionario ajeno al
Poder Ejecutivo para así tener ellos cierta vía de efectividad.
En la
actualidad, cuando solemos padecer los oídos sordos de la mayoría de nuestros
representantes cuyas decisiones sacadas de la galera resultan ser nuevos impuestos o subas impagables de los
servicios públicos, “ukases” que modifican
las condiciones de vida de los administrados al punto de deteriorarla,
es más que nunca imprescindible y no solo aconsejable la designación de un
Defensor del Pueblo de la Nación.
En ese
sentido y ajeno a todo partidismo,
entiendo como muchos conciudadanos que la honestidad, eficiencia y laboriosidad
demostrada en su extensa trayectoria publica por el doctor Héctor Polino como
concejal porteño, secretario de Acción Cooperativa designado por el doctor Raúl
Alfonsín y varias veces diputado nacional, lo haría merecedor a ese cargo al que honraría. Tanto más que desde antiguo
pero con especial dedicación en los últimos años, Polino desafiando malas caras
de funcionarios, se ha convertido en un insobornable referente de la defensa de
los derechos del consumidor al denunciar tanto ayer los dudosos números del
INDEC como hoy la inflación galopante que padecemos y que se acentúa en los
precios de la canasta básica.
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